La medida busca destrabar el conflicto que mantiene paralizado el tránsito de buques en la Hidrovía. La Prefectura Naval advirtió que quienes no retomen sus tareas podrían enfrentar sanciones administrativas y denuncias penales con penas de hasta ocho años de prisión.
El Gobierno intimó a más de 500 prácticos para que levanten el paro que paraliza los puertos
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Los Andes
El Gobierno nacional intimó formalmente a 536 profesionales del practicaje y pilotaje para que retomen de manera inmediata sus funciones, en un intento por destrabar el conflicto que mantiene paralizado el tránsito de buques en los principales puertos del país.
La medida fue adoptada luego de que los especialistas, responsables de asistir en las maniobras de navegación de los buques en ríos, canales y pasos de la Hidrovía, iniciaran un paro por tiempo indeterminado en rechazo a una reciente reforma del sector.
Según informaron fuentes oficiales, la protesta afecta el movimiento de embarcaciones que transportan granos, insumos energéticos y otras mercaderías destinadas al comercio exterior, generando un fuerte impacto sobre la actividad portuaria.
Ante este escenario, la Prefectura Naval Argentina (PNA), como autoridad de fiscalización operativa y disciplinaria, notificó de manera individual a los 536 prácticos para que se reincorporen al servicio.
Además, advirtió que quienes mantengan la interrupción de las tareas podrían enfrentar sumarios administrativos y denuncias penales por presunto entorpecimiento del transporte por agua y por poner en riesgo la seguridad de la navegación. Esos delitos contemplan penas de hasta ocho años de prisión.
La medida de fuerza comenzó tras la publicación del Decreto 690/2026, impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger.
La norma derogó la reglamentación vigente desde 1991 y estableció una profunda reforma del sistema de practicaje y pilotaje.
Entre los principales cambios, el decreto crea un registro público de profesionales administrado por la Prefectura Naval, elimina restricciones para ingresar a la actividad y permite que las empresas elijan libremente a los prestadores del servicio.
Asimismo, habilita a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) a fijar tarifas máximas, obliga a transparentar los costos de las prestaciones y elimina la división por tramos geográficos que exigía cambiar de práctico durante un mismo recorrido.
Las entidades que representan al sector rechazaron la reforma al considerar que modifica de manera sustancial las condiciones de trabajo y resolvieron mantener la suspensión total de actividades en buques nacionales e internacionales hasta que el Gobierno deje sin efecto el decreto.
El practicaje y pilotaje es un servicio esencial para la navegación segura de los buques, especialmente en zonas de difícil acceso como ríos, canales, puertos y pasos estrechos.
