El ministro cuestionó el proyecto nacional para modificar la Ley de Vinos y afirmó que la iniciativa debilita controles, origen y competitividad internacional.
Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de Mendoza, cuestionó los principales puntos del proyecto de desregulación de la Ley de Vinos que impulsa el Gobierno nacional.
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El Gobierno nacional avanza en un proyecto de desregulación que modificaríala Ley de Vinos, la norma que rige la producción vitivinícola. La iniciativa, que lleva la impronta de ministro de desregulación Federico Sturzenegger, redefine qué se considera "vino genuino", desacopla la elaboración del lugar de origen de la uva y reduce los controles sobre la producción primaria, entre otros cambios polémicos.
El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, cuestionó varios de sus puntos centrales y anticipó un debate legislativo con posiciones encontradas. Es que la ley vigente establece que el vino genuino es el que se obtiene por la fermentación alcohólica de uvas frescas y maduras, o de mosto de uva fresca.
Vargas Arizu explicó a Los Andes que el anteproyecto habilitaría producir con mosto concentrado o sulfitado, es decir, habilitaría la famosa fermentación diferida que ya tuvo marchas y contramarchas en 2025. Además desde el ministerio sostienen que un contexto de sobre producción como el actual, podría generar la incorporación de nuevos stocks vínicos, lo que terminaría trayendo más problemas a los productores.
Uno de los puntos que más resistencia genera en Mendoza es el que desacopla el régimen de elaboración del régimen de indicaciones geográficas. La legislación actual exige que un vino se produzca y se elabore en la misma zona para poder certificarse con una denominación de origen por ejemplo Luján de Cuyo o cualquier otro distrito. El proyecto nacional permitiría elaborar en un lugar distinto de donde se cultivó la uva.
"No es lo mismo un vino de Los Chacayes o de Tupungato elaborado en Santa Fe que uno elaborado en origen", graficó Vargas Arizu, para quien las indicaciones geográficas son, ante todo, un valor agregado para los vinos y un argumento de venta reconocido internacionalmente, "una herramienta que llevó décadas construir", sostuvo.
Además de acuerdo al reporte del Observatorio Vitivinicola Argentino la medida implicaría la pérdida de identidad de la producción primaria, afectaría los derechos colectivos de la tierra en los distintos oasis productivos y dejaría a productores y bodegas expuestos a la competencia desleal, sin referencias de calidad ni de origen para el mercado.
El anteproyecto también elimina las definiciones de rango legal sobre las prácticas enológicas permitidas y remite en su lugar a los estándares de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), que sí autoriza la chaptalización: una técnica enológica que consiste en añadir azúcar de caña o de remolacha al mosto de uva durante la fermentación alcohólica para elevar la graduación alcohólica.
Se trata de una práctica habitual en países europeos, donde el clima no siempre permite alcanzar niveles de madurez altos en la uva. Vargas Arizu remarcó que ese no es el caso de Mendoza, que cuenta con un clima estable y riego controlado, por lo que la maduración completa de la uva "es difícil de no alcanzar". Habilitar la chaptalización, sostuvo, admitiría una práctica enológica que hoy está expresamente prohibida en la Argentina.
El Observatorio Vitivinícola Argentino advierte además que esa apertura no se condice con la definición europea de vino genuino —la del Reglamento (UE) 1308/2013— y que podría poner en riesgo las exportaciones a ese destino.
Otro de los cambios afecta directamente el control sobre la producción primaria. Actualmente, buena parte de los viñateros se inscribe en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y presenta declaraciones juradas sobre la superficie y variedad de sus viñedos, además del Certificado de Ingreso de Uva (CIU), que certifica el ingreso de la uva a bodega.
Según el análisis del Ministerio de Producción, si esas inscripciones y declaraciones dejan de ser obligatorias, se pierde la trazabilidad de la producción primaria: se elimina la posibilidad de saber de dónde viene cada uva y de generar información para la toma de decisiones tanto empresarias como de política pública.
El anteproyecto contempla, además, que los controles de origen, añada (el año de cosecha) y varietal pasen a tener carácter optativo. Para Vargas Arizu, esa información debe seguir siendo obligatoria: un vino de cinco años no es igual a uno de diez, y el dato resulta clave para que el consumidor sepa qué tipo de producto está comprando, más allá del formato o la gama a la que pertenezca.
El ministro anticipó que el proyecto deberá discutirse en el Congreso, donde prevé que emerjan "tres o cuatro posiciones" distintas en cada uno de los puntos en debate. Para Mendoza, dijo, hay tres líneas que no está dispuesta a ceder: la trazabilidad de la producción, las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, y la prohibición de la chaptalización.
