Aunque la Nación liberó el aumento de la cuota escolar, en la provincia seguirá vigente el esquema provincial atado a paritarias y en consenso entre el sector público y privado. Mientras, crece el desfasaje en las cuotas de los colegios subsidiados.
La fórmula polinómica establece los aumentos y se basa, principalmente, en las paritarias docentes.
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El Gobierno nacional dispuso la desregulación de los aranceles de los colegios privados y puso fin a una normativa que llevaba 32 años en vigencia. A través del decreto 787/2025, se derogó un decreto de 1993 que, hasta ahora, exigía a las instituciones privadas de todo el país informar y solicitar autorización previa para aumentar sus cuotas y matrículas.
La medida implica que los colegios sin aportes estatales quedan totalmente liberados para fijar los valores que cobren a las familias, sin necesidad de comunicarlo ni justificarlo ante el Estado. Pero, en Mendoza, el alcance real de la norma es prácticamente nulo. Es que casi el 80 % de las escuelas privadas locales perciben subsidio provincial y seguirán sujetas al sistema que rige desde el 2023, llamado “fórmula polinómica” para regular las cuotas de forma consensuada entre el sector público y el privado; es decir, entre Dirección General de Escuelas y las Cámaras de los colegios de gestión privada.
Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) explicaron a Los Andes que el cambio “no modifica prácticamente en nada” en el panorama actual. Daniela García, jefa de Gabinete del Ministerio de Educación, Cultura e Infancias, detalló que en la provincia existen 139 colegios con subsidio y 39 que no lo reciben o lo hacen de manera mínima. “En realidad, a nosotros no nos impacta esta regulación. Los colegios que no tenían subsidio seguirán teniendo liberada la cuota de acuerdo a su estructura de costos y lo informaban directamente a las familias”, indicó.
En esos casos, la novedad es apenas formal: hasta ahora los colegios privados sin aporte estatal estaban obligados a notificar los incrementos a la DGE, mientras que ahora ni siquiera deberán hacerlo. Claro, aunque esa comunicación no implicaba control ni autorización gubernamental. Esa obligación surge de una resolución provincial dictada en 2005, que ya había establecido la libertad de arancel para esas instituciones. Con el nuevo decreto nacional, incluso esa notificación deja de ser necesaria.
“Los privados sin subsidio no nos informaban cuándo ni cuánto iban a subir la cuota. Cuando ha habido reclamos de familias, siempre aclaramos que no gestionamos esos casos: la DGE solo realiza supervisión pedagógica. Si hay algún exceso o conflicto, la vía es Defensa del Consumidor”, precisaron desde el área de Educación de la provincia.
En cambio, los colegios que sí reciben aportes del Estado provincial —representan el 78 % de las instituciones educativas privadas de Mendoza— continuarán con el esquema de actualización acordado en 2023 entre la DGE y las cámaras de colegios privados. Ese mecanismo, conocido como fórmula polinómica, vincula el aumento de las cuotas con las paritarias docentes y el índice de inflación, y se actualiza generalmente tras cada negociación salarial.
“La fórmula polinómica sigue vigente hasta nuevo aviso”, confirmaron este martes desde la DGE. Este acuerdo provincial se mantiene sin cambios porque los aranceles de las instituciones subvencionadas dependen directamente de los aportes estatales y de la equiparación con los sueldos docentes del sistema público.
En consecuencia, tanto los colegios con aporte como los docentes que trabajan en ellos seguirán regidos por la misma estructura que antes del decreto. “Las 139 escuelas con aporte se siguen manejando con la misma fórmula polinómica. No pueden subir más de lo que establece ese acuerdo, y los incrementos se aprueban cada vez que hay paritarias”, sintetizaron desde la cartera educativa.
Desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), su secretaria general en Mendoza, Luisa Nasif, coincidió en que la norma nacional no altera el esquema local. “Esta medida no afecta al salario docente”, explicó a este diario, y agregó: “En la provincia los sueldos están cubiertos por la equiparación salarial: una escuela de cuota alta paga lo mismo que una de cuota cero. El principio es igual remuneración por igual trabajo, tanto en colegios estatales como privados”.
Según Nasif, el sistema de equiparación protege la estabilidad del salario docente frente a posibles fluctuaciones en las cuotas. “Las actualizaciones de aranceles se realizan justamente en función de los aumentos acordados en paritarias. Por eso, esta desregulación no tiene incidencia directa sobre el cuerpo docente”, señaló.
Donde sí se perciben tensiones es en la economía institucional de muchas escuelas privadas con subsidio. La directora Graciela Bertancud, fundadora del colegio Tomás Alva Edison, explicó a Los Andes que, si bien el esquema provincial garantiza equidad y calidad educativa, en la práctica las cuotas han quedado desfasadas respecto de los costos reales de funcionamiento.
“En Mendoza nos regimos por la fórmula polinómica que es un acuerdo entre Estado y sector privado. Pero hace tiempo venimos desfinanciando nuestras instituciones. La inflación no en algunos rubros no acompañó los aumentos salariales ni los bonos, y no hemos podido equiparar todavía el acuerdo de cuotas con lo que se necesita para sostener toda la estructura”, señaló.
Según Bertancud, las escuelas privadas viven una tensión constante entre el cumplimiento del acuerdo y la posibilidad de sostener proyectos pedagógicos y servicios que exceden lo curricular obligatorio. “El hecho de que nos liberen las cuotas es relativo, porque si una comunidad de padres no puede pagar el doble, aunque uno quisiera, no se puede. Es muy difícil trasladar ese incremento a la práctica”, advirtió.
La directora detalló que los subsidios provinciales cubren solo los gastos vinculados a la currícula obligatoria. “Todo lo que tiene que ver con talleres, inglés, música o tecnología no está cubierto. Tampoco los costos de servicios básicos, seguros, emergencias o mantenimiento. Son gastos que la escuela debe absorber o resolver con apoyo privado”, explicó.
La coexistencia de dos regímenes —uno totalmente liberado y otro regulado por la fórmula polinómica— deja a Mendoza con un esquema mixto que, en los hechos, cambia poco pero expone una tensión de fondo: la sostenibilidad del sistema educativo privado frente a la capacidad de pago de las familias.
Desde la DGE coinciden en que, más allá de la desregulación nacional, en la provincia los mecanismos de actualización seguirán funcionando como hasta ahora. “Veremos los coletazos que traiga esta medida, pero por el momento todo sigue igual”, agregaron, dejando abierta la posibilidad de una nueva revisión del acuerdo vigente.
Desde 2023, las cuotas de los colegios privados con aporte estatal en Mendoza se actualizan a través de una fórmula polinómica elaborada por la Dirección General de Escuelas (DGE) en consenso con las cámaras de los colegios privados de Mendoza beneficiados con algún tipo de subsidio estatal. Este mecanismo, que reemplazó los ajustes discrecionales anteriores, combina la variación del índice de precios al consumidor provincial, el incremento salarial docente y la actualización de servicios e infraestructura, ponderados de manera técnica para determinar el porcentaje máximo de aumento autorizado por el Gobierno.
La última actualización de los aranceles se aplicó en agosto de este año, y se prevé una nueva antes del inicio del ciclo lectivo 2026. La fórmula busca equilibrar los costos operativos de los establecimientos con la capacidad de pago de las familias, garantizando la continuidad del aporte estatal en función de criterios de equidad y eficiencia.