Asociaciones de siete departamentos presentaron una denuncia ante Personas Jurídicas y solicitaron la conformación de una comisión normalizadora. Denuncian acefalía, mandatos vencidos desde 2018 y falta de balances durante cinco años.
Cuerpos de bomberos voluntarios denunciaron a la Federación Mendocina
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Las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de San Martín, San Carlos, Tunuyán, Maipú, Ciudad de Mendoza, Luján de Cuyo y La Paz presentaron una denuncia formal ante la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia contra la Federación Mendocina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, en la que solicitan su intervención inmediata y la normalización de su funcionamiento institucional.
La presentación, realizada de manera conjunta, advierte sobre una situación que califican como “grave y prolongada”, caracterizada por mandatos vencidos, incumplimientos estatutarios, falta de funcionamiento regular de los órganos de conducción y una acefalía institucional reconocida públicamente por las propias autoridades de la Federación.
Según se desprende del comunicado difundido por las asociaciones denunciantes, las irregularidades fueron informadas en reiteradas oportunidades a los organismos competentes, sin que hasta el momento se hayan producido avances sustanciales ni soluciones concretas. Ante ese escenario, decidieron formalizar la denuncia y solicitar la adopción de medidas urgentes por parte del organismo de control.
En la denuncia dirigida a la Dirección de Personas Jurídicas, las asociaciones firmantes —en su carácter de socias de la Federación— detallan que la Comisión Directiva se encuentra incompleta y defectuosamente conformada, que no funcionan regularmente los órganos de administración y fiscalización y que todo ello afecta de manera directa el normal desenvolvimiento institucional de la entidad.
Uno de los puntos centrales del escrito es la referencia a la declaración pública de acefalía institucional realizada por el propio presidente de la Federación, Oscar Sander, durante una reunión celebrada el 20 de diciembre último. Ese reconocimiento, señalan, evidencia la imposibilidad material y jurídica de que la Federación continúe ejerciendo sus funciones estatutarias en condiciones de legalidad.
La situación irregular también se encuentra respaldada por documentación oficial. En el Certificado de Vigencia N.º 605/2025, emitido por la Dirección de Personas Jurídicas, se consigna que la Federación Mendocina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios tiene los mandatos de su Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de Cuentas vencidos desde el 30 de marzo de 2018. Además, no presentó los balances correspondientes a los ejercicios 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, mantiene un legajo contable incompleto y figura expresamente en “estado irregular”.
Para las asociaciones denunciantes, este cuadro configura una acefalía institucional “de hecho y de derecho”, reconocida tanto por la propia Federación como por el organismo de contralor, y torna inviable la continuidad de la entidad sin una intervención que permita restablecer el orden legal.
En ese marco, solicitaron formalmente la intervención inmediata de la Federación y la conformación de una comisión normalizadora con facultades para regularizar la situación institucional, contable y registral, y convocar a una Asamblea General que permita la renovación total de autoridades, garantizando legalidad, transparencia e igualdad de participación de todas las asociaciones afiliadas.
Las entidades firmantes remarcaron que el objetivo de la acción no es político ni personal, sino estrictamente institucional: preservar la legalidad, asegurar una representación equitativa de los cuarteles y garantizar el correcto funcionamiento del sistema bomberil en la provincia, entendiendo el rol estratégico que cumple la Federación en la coordinación y fortalecimiento de los cuerpos de bomberos voluntarios.
Finalmente, indicaron que continuarán aportando toda la documentación que sea requerida y que esperan una pronta resolución por parte de la Dirección de Personas Jurídicas, similar a intervenciones adoptadas en casos anteriores de gravedad institucional comparable.