Bioquímicos cobran $3.000 por consulta a afiliados mendocinos de dos obras sociales

Los bioquímicos de todo el país continúan su reclamo para incrementar los valores de los aranceles que cobran por prestación y también pidiendo que las obras sociales y empresas de medicina prepaga acorten los plazos de pago, como pasó con los profesionales asociados al Círculo Médico de Mendoza (Cimesa), que desde septiembre cobran 6.000 pesos la consulta. En Mendoza, con los laboratorios la situación presentó un nuevo escenario: dos obras sociales comenzaron a cobrat un honorario extra de 3.000 pesos por atención.

La situación se conoció en las últimas horas y se supo que los afiliados a la Caja Forense, del sector de los abogados, y del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iofsa) tendrán que abonar este monto cuando necesiten realizarse algún estudio en un laboratorio.

La profunda crisis del sistema de obras sociales

El presidente de la Asociación de Bioquímicos de la provincia, Gustavo Yapur, explicó a Los Andes que esta medida sólo atañe a estas dos entidades de salud que tenían un “valor bajo” y que para el resto “se sigue negociando porque la situación continúa de la misma forma que cuando inició el reclamo”.

El dirigente explicó que con este pago de 3.000 pesos, lo que los laboratorios hacen es cubrir, al menos, el costo de los insumos como descartables, jeringas, agujas y guantes, los cuales han sufrido incrementos de entre el 100 y 200%.

La situación con estas obras sociales en particular es la siguiente: cuando el paciente saca una orden para realizarse algún examen en un laboratorio debe abonar ese canon en concepto de “honorario ético” y se le entrega una factura para una futura devolución.

Sobre esto, Yapur confirmó que el valor es tanto para análisis de rutina como para estudios de mayor complejidad que pueda solicitar algún médico clínico.

La negociación

El presidente de la Asociación de Bioquímicos de Mendoza reconoció que si bien están negociando por su cuenta con las obras sociales y prepagas en la provincia, en cierto punto también dependen de lo que suceda en las reuniones que mantiene la Confederación Unificada de Bioquímica de Argentina (Cubra).

“Nuestros reclamos en todo el país son aumentar los valores de los aranceles que percibimos por nuestra tarea y también que, tanto obras sociales como prepagas, acorten los plazos de pago a 30 días como máximo”, sostuvo el dirigente mendocino.

A su vez, Yapur contó que en Mendoza se está realizando un congreso de bioquímicos en el cual hay más de 1.000 participantes y donde, entre otras temáticas, se abordará la situación que viven con entidades de salud.

Reclamo nacional

La titular de Cubra, Cecilia López, ha realizado declaraciones en medios nacionales sobre la complicada situación que atraviesan como sector de salud. “Debemos alertar al Estado argentino, prestadores y pacientes, de la grave situación que viven la gran mayoría de los laboratorios del país”, afirmó.

La mujer también manifestó que abogan por que desde el Gobierno nacional puedan colaborar en el aumento en las llamadas unidades bioquímicas. “Que se condiga con los aumentos que venimos sufriendo en insumos y reactivos que utilizamos para llevar adelante nuestras prácticas, que van desde un 50 a un 400%”, apuntó López.

Advierten que los riesgos en las cirugías estéticas son comunes: seis medidas para tener en cuenta

Es más, para graficar el difícil contexto que viven los bioquímicos, desde esta organización advirtieron que podrían dejar de atender obras sociales y prepagas sino se llega a un acuerdo desde el plano económico y de tiempos en los pagos ya que han solicitado al Ejecutivo formar una mesa de trabajo en conjunto.

Se suman los centros de diagnóstico

A la realidad que viven los médicos, psicólogos y bioquímicos, ahora se suman a este conflicto con obras sociales y prepagas los miembros de los centros de diagnóstico, nucleados a nivel nacional en la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (Cadime).

Esta semana se conoció la medida que adoptaron las bases de cobrar un coseguro por cada atención. “Esta decisión se ha tomado desde las bases porque nosotros, como Cámara, no podemos pedirlo. Esto es algo que nos sobrepasó y vino un operativo clamor de las bases”, explicó a diario Clarín Luis Moreau, miembro de la comisión directiva de esta cámara.

Un problema grave que deben afrontar es la importación de insumos o elementos que tienen que usar para hacer su tarea, que es mucho más específica. “No están saliendo los permisos para importar, tanto para equipos como para medicamentos o reactivos que necesitamos para nuestros estudios”, sentenció Moreau.

Y concluyó: “Necesitamos que el Estado asuma su rol de arbitrar e impedir distorsiones”.