Desde setiembre serán imputables menores desde los 14 años. Hoy hay 500 jóvenes en el sistema, 10% con privación de la libertad y estiman que habrá 30% más.
Baja de la edad de imputabilidad: desde el 5 de septiembre, menores desde 14 años serán penalmente imputables en Argentina. Se estima que aumentarán 30% los adolescentes con condena.| Archivo Los Andes
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El 27 de febrero de este año, el Congreso de la Nación convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil, es decir qué penas y cómo se aplican a los adolescentes que cometen delitos. El proyecto, que había sido presentado por el oficialismo, logró así la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Esto comenzará a hacerse efectivo en todo el país a partir del 5 de septiembre, con lo cual los menores desde esa edad que cometan un delito serán posibles de las mismas penas que cualquier adulto.
Ahora el gobierno mendocino trabaja en la adecuación del sistema judicial para la implementación del nuevo Régimen por lo cual enviará a la Legislatura un proyecto de ley integral que adapta la normativa provincial a la ley nacional 27.801. La nueva legislación aplicará a los delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años.
Pero, más allá de las cuestiones técnicas: ¿qué implica esto en la práctica? ¿Cómo se aplican ahora las penas y qué cambiará? Para empezar, se estima que las penas aplicadas triplicarán su duración. Además, los cálculos apuntan a un incremento de 30% de la población que llegará al sistema.
Actualmente hay casi 500 adolescentes dentro del sistema de Responsabilidad Penal Juvenil de Mendoza y según se estima, con la nueva normativa, se espera un incremento del orden del 30%. Así lo dijo a Los Andes Daniel Patiño, Director General de la Dirección. Dentro de ese universo, en torno al 10% tiene privación de la libertad.
“Hoy tenemos 464 chicos con medidas en el territorio y unos 46 chicos con privación de libertad”, refirió Patiño.
Dijo que toda esa población tiene su causa en el Poder Judicial especializado del Fuero Penal Juvenil y el sistema que dirige es el que ejecuta las medidas y depende del Poder Ejecutivo. Es en ese marco que detalló la diferencia entre esas dos instancias: las medidas en el territorio, que no tienen privación de libertad, y las medidas con privación de libertad, que aplican a delitos más graves, usualmente agravados, es decir, con uso de arma de fuego.
En el caso de las medidas en el territorio, estas se dan cuando la Justicia determina que no amerita una privación de libertad al joven, y las acciones que se toman son de seguimiento. “Acompañamos la situación del joven, su contexto familiar, su contexto social, nos encargamos de que asistan a la escuela, que vuelvan al sistema de educación formal y hacemos a veces un control de medidas que da la justicia, como por ejemplo, que el joven no salga en horarios nocturnos”, dio como ejemplos el director.
En definitiva, se trata de darle al joven un acompañamiento y seguimiento más exhaustivo que también involucra a su entorno y contexto entendiendo que parte de la problemática comienza por allí. Es que según explicó Patiño es habitual que estos chicos tengan un escaso acompañamiento familiar, que tengan problemáticas en ese ámbito y que haya consumos problemáticos de sustancias. Otra situación que también encuentran con frecuencia es la deserción escolar y por eso se enfocan en su inclusión.
Los chicos que se encuentran con privación de la libertad están alojados en el predio del ex Cose, en Godoy Cruz, el único establecimiento que tiene el sistema para tal fin y en el que reciben a jóvenes de toda la provincia. Algunos de ellos cuentan con la posibilidad de salidas.
Las medidas alternativas se revisan cada tres meses mientras que las condenas máximas suelen ser de hasta 5 años.
Patiño detalló que el promedio del tiempo de la condena actualmente es de entre 3 y 5 años, ese es el máximo. Esto sucede porque, con la legislación actual, para los adolescentes se contempla una reducción en relación a la pena estipulada para un adulto que comete el mismo delito al considerarse siempre en grado de tentativa.
“Es decir, un joven que es condenado por un robo agravado que podría recibir hasta 12 años de cárcel, se lo toma como tentativa y se le disminuye un tercio. La nueva ley viene a cambiar eso y se toma todo con la condena que dice el Código Penal, la misma que para un adulto”, refirió.
Es a partir de esto que se anticipa que las condenas aplicadas a partir del 5 de setiembre serán el triple de extensas que las actuales.
De todas formas, Patiño dijo que la nueva ley estipula varias medidas previas, según la escala de delitos, antes de la privación de libertad. “Es decir, deja la privación de libertad en ‘la última ratio’. Dice que si el delito no es de cierta gravedad por la condena que recibiría —pero siempre en la misma condena del Código Penal, nada de tentativa, eso ya quedó afuera—, se tienen que aplicar medidas como las que Mendoza viene haciendo en el territorio: insertarlo en el sistema educativo, que haga talleres, que reciba asistencia médica o psicológica. Todo a partir de los 14 años y hasta los 18. Pero si es un delito grave, esa contemplación no se va a tener, lo marca la ley”, subrayó.
Patiño detalló que los jóvenes que realizan las medidas del Poder Judicial, son aquellos que tienen entre 16 y 18 años y han cometido delitos, o aquellos jóvenes que, teniendo más de 18 años, han cometido delitos entre los 16 y los 18.
También puede suceder que esa persona de más de 18 años haya sido juzgada con posterioridad a la mayoría de edad por ese delito cometido antes, o porque tiene una pena extensa y la sigue cumpliendo pese a la mayoría de edad.
“Hay casos donde aparecen jóvenes que tenían una investigación abierta y no estaban, y una vez que se los encuentra se los juzga”, apuntó.
Hay casos en que se toman medidas judiciales y la Justicia indica hacer una privación de libertad hasta que se resuelva el caso, y otros en que ya tienen condena firme.
Lo que explicó el director es que a partir de la nueva normativa, quienes cumplan 18 años y estén alojados con privación de la libertad deberán pasar a penales de adultos, lo cual hoy no sucede. En el otro extremo, habrá más chicos que ingresen con la baja de la edad de imputabilidad.
En ese marco dijo que la infraestructura del lugar es suficiente por ahora ya que tiene hasta 85 plazas.
El director agregó que otro cambio que llegará es que el Sistema Penal Juvenil se ocupará netamente de los casos privados de libertad por un delito. Quienes no tengan esa condena y tengan las que actualmente se consideran medidas de protección en territorio, quedarán bajo la órbita del Sistema de Protección de Derechos que depende del Ministerio de Educación, Cultura, Infancia y DGE.
