La madre de un chico de 17 años que instigó a su hijo a ir con una réplica de arma de fuego a clases fue trasladada a prisión. Podría recibir una pena de hasta 8 años.
Edificio del Ministerio Público Fiscal de Mendoza
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Marcelo Álvarez / Los Andes En un contexto por demás convulsionado y marcado por las reiteradas amenazas de tiroteos en escuelas de Mendoza -con carteles escritos en los baños y publicaciones en las redes sociales-, la madre de un adolescente de 17 años que fue a clases con una réplica de arma de fuego fue trasladada a la penitenciaría provincial.
Así lo confirmaron durante la mañana de este martes desde el Ministerio Público Fiscal. Se trata de una mujer que había sido imputada el viernes de la semana pasada, junto a su hijo de 17 años. En medio de un escándalo y una preocupación colectiva a nivel nacional por los múltiples episodios de amenazas de irrupciones con armas en escuelas, este adolescente llegó a su aula con una réplica de arma de fuego.
Durante la investigación de este episodio, se confirmó que la madre del estudiante había autorizado a su hijo a ir al colegio con este objeto. Por ello mismo, se imputó al adolescente de 17 años por el delito de intimidación pública en calidad de autor, mientras que su madre también fue imputada como "instigadora del delito de intimidación pública".
Durante las últimas horas, el fiscal Juan Manuel Sánchez ordenó la detención de la mujer y su alojamiento en la Penitenciaría Provincial, de manera preventiva.
Según explicaron desde el Ministerio Público Fiscal, la decisión se tomó al considerar que, al momento de la ejecución del hecho (instigar a su hijo a que fuera con la réplica a clases), "ya era de público y de notorio conocimiento, no sólo en las comunidades educativas, sino también en la sociedad en general, el temor y la alerta que se venía generando".
En ese sentido, el fiscal valoró la particular situación de que la propia madre instigara a su hijo adolescente a llevar esta réplica de arma de fuego, sumado a la severidad de la escala penal del delito endilgado, "todo lo cual se traduce en una expectativa de pena de cumplimiento efectivo", explicaron.
El delito por el que fue imputada inicialmente la mujer a fines de la semana pasada fue "Instigación a la intimidación pública". No obstante, teniendo en cuenta el contexto del hecho y la relevancia social del episodio, el fiscal procedió a encuadrar la detención de la mujer dentro del delito de "Intimidación pública, agravado por la participación de un menor".
"A la luz de lo antedicho, y teniendo en cuenta que la naturaleza del hecho requiere de un mayor reproche penal, es que ahora el encuadre dentro del artículo 211 del Código Penal (Intimidación Pública, realizar comportamientos que puedan generar intranquilidad pública) agravado por la intervención de un menor según artículo 41 quater del Código Penal se ajusta a una pena de 3 a 8 años de prisión", informaron desde la fiscalía.
Entre el miércoles y el viernes de la semana pasada, el Ministerio Público Fiscal de Mendoza recibió más de 50 denuncias por amenazas de matanzas, tiroteos y presencias de armas de fuego en escuelas. Dos adolescentes (de 16 y 17 años) y la madre del mayor de ellos fueron imputados por el MPF a fines de la semana pasada, mientras que otros tres chicos -menores de 16 años e inimputables- fueron identificados y advertidos como autores de estos episodios.
El viernes al mediodía, el chico de 17 años que fue con la réplica a clases y su madre fueron imputados. Esa misma mañana, el fiscal imputó a otro adolescente de 16 años por el delito de intimidación pública tras confirmar que había publicado una fotografía de una réplica de arma de fuego con un mensaje intimidante en las redes sociales.
La semana pasada fue por demás convulsionada en decenas de escuelas mendocinas. En sintonía con lo ocurrido en otros establecimientos del país -lo que permite deducir que podría haberse tratado de un desafortunado e inoportuno reto viral masificado en las redes-, hubo más de 50 denuncias en el Ministerio Público Fiscal de Mendoza y más de 100 activaciones de protocolos de seguridad escolar.
¿El motivo? Carteles y pintadas en los baños de las escuelas, mensajes en las redes sociales y hasta fotografías subidas por los propios chicos en estos perfiles donde advertían de una posible matanza o "tiroteo" en las escuelas. Ante esta amenaza, teniendo en cuenta que constituían una serie de delitos, se activaron una serie de medidas de seguridad e investigaciones.
Y esta semana comenzó igual de tensa en los establecimientos educativos. Durante la mañana de este lunes, en -al menos- una escuela de Guaymallén volvió a encontrarse un cartel en los baños donde se advertía de una nueva amenaza referida al uso de armas de fuego. Mientras que este martes la misma situación se registró en una escuela de Godoy Cruz.
Aplicando y acatando lo que establece el protocolo diseñado por la DGE para estos casos, en muchas escuelas mendocinas se dispuso que esta semana los chicos no llevaran mochilas ni bolsos para el reinicio de las clases. Incluso, en muchos de estos edificios hay efectivos policiales en la puerta, controlando que los chicos no llevaran mochilas.
El objetivo es que todas las pertenencias con que los estudiantes llegan a clases estén a la vista -algunos optan por llevar sus carpetas y útiles en bolsas transparentes; otros, en las manos- y, de ese modo, evitar el posible ingreso con armas de fuego o réplicas.
Según destacaron desde la DGE, cada escuela decide si aplicaba o no el protocolo y cómo lo aplicaría. En el caso de las escuelas que optaron por prohibir el ingreso de sus alumnos con mochilas, los efectivos policiales se encargan de asegurar que ningún estudiante ingrese con estos objetos a su día de clases,
Aunque los uniformados no están facultados a revisar el interior de las mochilas de los chicos, pueden disponer -con la autorización de los directivos de cada escuela- que quienes las llevan consigo no ingresen al edificio.
Pero si alguno de los chicos que lleva mochila es acompañado por sus padres y permanecen con ellos al momento de ingresar, los adultos tienen la posibilidad de autorizar a los policías a revisar las mochilas y bolsos -con ellos presentes- para certificar todo lo que hay en su interior, constatar que no hay nada que signifique una amenaza y puedan ingresarlas a la escuela.