Las abogadas argentinas María Jimena Molina y Mariana Romero asistieron a la 56ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en Panamá hace unos días.
En la última asamblea general de la OEA, realizada en Panamá, dos abogadas de nuestro país plantearon la necesidad de garantizar más los derechos de las víctimas de delitos en el proceso penal.
Las abogadas argentinas María Jimena Molina y Mariana Romero asistieron a la 56ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en Panamá hace unos días.
En ese foro las letradas de nuestro país impulsaron un proyecto para la aprobación de la Convención Interamericana sobre Protección Integral de los Derechos Humanos de las Víctimas de Delito.
Las doctoras Molina y Romero integran la asociación civil Usina de Justicia, creada hace doce años por Diana Cohen Agrest, tras la muerte de su hijo Ezequiel.
La intención es saldar una deuda histórica con las víctimas de la delincuencia con la aprobación de la Convención Interamericana sobre Protección Integral de los Derechos Humanos de las Víctimas de Delito. Concretamente la finalidad es defender los derechos de las víctimas en el proceso penal y exigir a las autoridades que velen por el primer derecho humano.
Se trata de una propuesta de autoría la mencionada ONG, que procura otorgar a la víctima el protagonismo, el poder y el amparo que merece dentro de los procesos judiciales a nivel regional.
Las representantes de nuestro país dijeron que el documento que llevaron fue bien recepcionado en la asamblea y por distintos participantes del encuentro. Añadieron que “América latina y el Caribe, consideradas en su conjunto, constituyen la región más violenta del planeta en materia de homicidios cometidos en contexto de inseguridad”.
Las reuniones fueron fructíferas, según las representantes argentinas, “dado que además de crearse lazos estrechos para continuar impulsando la Convención, comenzó a trazarse una agenda de colaboración junto con Usina de Justicia para trabajar por los derechos de las víctimas de delito en el ámbito académico y lograr, de este modo, capacitaciones e investigaciones colectivas que cooperen en el diseño de políticas públicas superadoras en el ámbito regional”.
Destacaron también que varios estados miembros de la OEA han demostrado interés en la Convención, como es el caso de Honduras, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Chile y República Dominicana.
Consultadas sobre la situación local, consignaron que se espera continuar con la realización de reuniones ya iniciadas con autoridades de los diversos poderes del Estado para seguir trabajando en conjunto por la Convención.
Por último, las letradas comentaron que esperaban que, para la próxima asamblea general de la OEA, “tanto el Estado argentino como los restantes países miembros que demostraron interés en la Convención puedan instalarla en la agenda y proceder a su sanción”.