10 de febrero de 2018 - 00:00

Sobre las acciones del Gobierno en los espacios públicos - Por Eliana Bórmida

Hay un mar de fondo revuelto en los ámbitos profesionales de los arquitectos,  urbanistas, paisajistas y especialistas en patrimonio, por varias acciones que se han sucedido en estos últimos días en el espacio público.

El malestar viene de hace tiempo con reclamos por distintos temas, pero hoy el punto desencadenante ha sido el pabellón de monitoreo de cámaras de seguridad del Parque, que se está comenzando a levantar a metros de los caballitos de Marly.

La obra es del Gobierno provincial que, junto con la instalación de la red de cámaras, ha querido hacer visible a la ciudadanía la moderna infraestructura de seguridad que está montando en el lugar.

La idea y el propósito son excelentes y necesarios, como también lo es el proyecto del pabellón de monitoreo pero hay un grave problema con respecto a la decisión de dónde ubicarlo: el lugar elegido por las autoridades responsables transgrede el Decreto provincial 2307/17 que ha declarado "Parque Histórico al Parque General San Martín y a todos los bienes culturales, materiales e inmateriales que se relacionan con ese espacio y ambiente".

En el texto de dicha declaratoria, además de hablar de objetos específicos, como edificios y obras de arte, se hace declaración expresa de los componentes espaciales ( avenidas y sectores del paisaje) y de su patrimonio forestal, que en este caso son los que han resultado agredidos.

El pabellón de monitoreo se está levantando al lado de la casa de la Dirección del Parque y delante de algunas especies forestales de gran porte, muy relevantes porque, además, datan de la época inicial.

Es más, hubo un proyecto de las oficinas provinciales que ubicó correctamente el pabellón, oculto detrás de la casa de la Dirección, en un claro del bosque junto al estacionamiento, pero en el momento de iniciarse las obras alguien decidió arbitrariamente desplazarlo hacia afuera, frente a la vereda, "para que resultara bien visible".

Este hecho ha puesto en evidencia que desde ámbitos gubernamentales hay temas prioritarios que todavía no se entienden, que hay falta de coordinación entre las partes y que hay funcionarios que deciden -o callan - a su antojo y conveniencia sobre la cosa pública.

El espacio público es, como su nombre lo indica, cosa pública y por tanto merece ser concebido, reglamentado y respetado como tal.

Nadie tiene derecho a hacer en él lo que le plazca, por más que se ejerza un cargo con poder.

Porque el poder supone conocimiento y responsabilidad.

Y los ciudadanos tenemos el derecho de estar alertas y cuestionar si algo se sale del carril que corresponde.

La construcción de la ciudad, de su paisaje edificado, de sus espacios verdes, así como las vías de circulación, las infraestructuras, la cartelería, todo debe ser coordinado atendiendo a la creación de un conjunto, un paisaje cultural y un ambiente que hablen bien de quiénes somos.

Para esto es necesario consultar en forma interdisciplinar, saber escuchar opiniones y consensuar con quienes corresponda antes de decidir. 
El espacio público es obra de todos y debe ser planificado, no transformado por impulsos unilaterales, vengan de quien vinieran.

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