En su Ensayo sobre la Sociedad Civil de 1662, John Locke acuñó un célebre concepto de estado. Su doctrina signó la filosofía política de la edad moderna y más allá, reflejándose en las constituciones de numerosas naciones. Según Locke, el estado se origina en un pacto social que tiene por finalidad proteger la vida, libertad y bienes de los que deciden vivir en comunidad. El filósofo inglés dijo varias cosas más sobre la sociedad civil, pero éstas no encontraron el mismo consenso que su noción de estado.
Sería autodestructivo para una sociedad rechazar aquel concepto que goza hoy de una generalizada aceptación, salvo en tiranías, como Cuba o Corea del Norte. Pero no todos advierten lo que se deriva de la doctrina de Locke, algo que pudimos apreciar en las discusiones sobre la ley penal juvenil. Aplicando una lógica elemental, es evidente que la cuestión de la imputabilidad o no imputabilidad de una persona para separarla de la sociedad en defensa de esta última es irrelevante. Lo que sí es relevante es el peligro que representa si tiene una probada conducta contra la vida y bienes de los ciudadanos, sea consciente de ello o no. Probablemente, el "petizo orejudo" hoy sería declarado inimputable, al igual que muchos con conductas compulsivas contra la integridad de los demás, hoy bien identificadas por la psiquiatría y la psicología. Pero de ninguna manera su inimputabilidad significa que puedan moverse libremente en la sociedad. En consecuencia, los que con sus acciones demuestran fehacientemente que la vida y bienes de los demás son irrelevantes para ellos, deben ser separados de la sociedad, a despecho de su edad o condición mental.
Si fue un error no advertir que la cuestión de la inimputabilidad era irrelevante o algo secundario, peor fue decir desaprensivamente: "con eso no se arregla nada". En primer lugar, sí se arregla algo porque habrá menos gente peligrosa circulando entre nosotros. Cualquiera se da cuenta de eso. En segundo y más importante aún, cuando la ley separa de la sociedad a los que atentan contra los valores que el estado debe salvaguardar porque en ello se encuentra su razón de ser, no se trata de arreglar nada sino de proteger. Serán otras las acciones que deben emprenderse para intentar corregir conductas. Además y en el caso de la reciente ley penal juvenil, si ésta sirve como intimidación para que muchos adolescentes piensen dos veces lo que van a hacer, mejor. Pero no es su fin amedrentar sino cumplir con objetivos primordiales de la sociedad civil.
La discusión de una ley penal juvenil no es en principio o solamente una cuestión de abogados. La filosofía moral y política es su ámbito principal de discusión y del cual estuvo ausente en las interminables discusiones que todos recordamos.
* El autor es profesor universitario. Instituto de Filosofía - U. N. de Cuyo.
