El autor opina sobre los gobiernos mendocinos de Arturo Lafalla y de Alfredo Cornejo, en medio de una polémica que ya lleva varias semanas en las páginas de Los Andes, acerca de las instituciones y la cultura política de Mendoza.
Alfredo Cornejo y Arturo Lafalla se saludan. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes
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Por momentos, ciertos dirigentes oficialistas parecen creer que la historia comenzó con ellos. Y cuando eso ocurre, la política deja de ser un ejercicio de memoria para convertirse en propaganda. La reciente columna del senador Martín Kerchner contra Arturo Lafalla no es sólo una crítica política: es, sobre todo, un intento de construir un relato incompleto sobre uno de los períodos más complejos y transformadores de Mendoza.
Resulta llamativo que quienes hoy reivindican el “orden fiscal” omitan deliberadamente el contexto histórico en el que gobernó Lafalla. La década del 90 no fue una etapa cualquiera: fue el tiempo de la convertibilidad, de las privatizaciones masivas, de la concentración financiera y del disciplinamiento de las provincias por parte del poder central. En ese escenario, Mendoza enfrentaba déficits estructurales, una Caja de Jubilaciones inviable y bancos provinciales arrastrando años de deterioro acumulado por sucesivas gestiones. Pretender reducir todo aquel proceso a una caricatura de “desorden y mala praxis” no resulta intelectualmente honesto.
Incluso corresponde hacer una diferenciación clara, que rara vez aparece en el debate público: no fue igual la gestión de Rodolfo Gabrielli que la de Arturo Lafalla.
Quien suscribe, integró la oposición radical durante ambas gestiones y ejerció la responsabilidad de presidir el bloque de diputados de la UCR en aquellos años, circunstancia que permite aportar una mirada directa y fundada sobre el contexto político, económico e institucional de esa etapa de Mendoza.
Gabrielli gobernó en un contexto de expansión financiera y fuerte utilización de herramientas crediticias vinculadas al sistema bancario provincial. Lafalla, en cambio, debió administrar buena parte de las consecuencias del deterioro posterior, en medio de una creciente crisis financiera nacional y bajo condiciones mucho más restrictivas.
Meter ambos procesos en una misma bolsa es desconocer la cronología y las diferencias políticas y económicas entre ambas administraciones.
Resulta también llamativo que quienes hoy reivindican el “orden fiscal” omitan que según los informes del Consejo Empresario Mendocino, la deuda pública de Mendoza: rondaba aproximadamente los USD 900/1.000 millones hacia fines de los años 90, luego de la crisis y privatización de los bancos provinciales, según reconstrucciones históricas y estimaciones fiscales utilizadas en distintos trabajos del CEM; mientras que actualmente, tomando los últimos datos publicados por el CEM (2024-2026), la deuda consolidada provincial se ubica entre USD 693 y USD 755 millones.
Hoy la deuda provincial, medida en dólares, es efectivamente menor -aproximadamente entre un 25% y un 30% respecto de la que dejó la crisis de fines de los 90-, dato que merece ser reconocido. Pero de allí a construir un relato épico de “campeones mundiales del orden fiscal” o de supuestos abanderados planetarios de la austeridad republicana, hay una distancia bastante considerable.
Más aún cuando buena parte de ese orden convive con una provincia estancada, salarios públicos deteriorados, jóvenes emigrando por falta de oportunidades y una economía que hace años crece por debajo de su potencial histórico. El equilibrio fiscal es una herramienta importante de gobierno, no una religión destinada a reemplazar cualquier idea de desarrollo.
La administración prudente de las cuentas públicas puede constituir una virtud de gobierno; transformar ese dato en una épica permanente de superioridad moral, administrativa y de autocelebración, mientras Mendoza exhibe estancamiento económico y fuga de talento joven, parece responder más a una sofisticada operación de branding político que a una auténtica estrategia de desarrollo provincial.
Lafalla podrá ser discutido —y él mismo ha reconocido errores políticos importantes— pero hay algo que nadie puede negarle: tomó decisiones de fondo. No administró la coyuntura mirando encuestas. Reformó estructuras que durante décadas habían sido intocables. Bajo su gestión se avanzó en la transformación del Estado provincial, se eliminaron déficits estructurales históricos y se realizaron obras estratégicas como Potrerillos sin endeudar a Mendoza para financiarlas.
Tampoco dudó ante una fuerte crisis en el sistema de seguridad en convocar a todo el arco político y definir de manera consensuada una Política de Estado sobre una temática altamente sensible. Desde el 83’ a la fecha, fue aquella la única Política de Estado que pudo la dirigencia política diseñar y aprobar por unanimidad en ambas cámaras legislativas.
Pero además existe un aspecto humano y ético que en tiempos de cinismo político no debería ser menor. Arturo Lafalla sigue viviendo en la misma casa en la que residía cuando era gobernador. No construyó fortunas inexplicables, no exhibe enriquecimientos ostentosos ni se retiró de la función pública convertido en empresario del poder. En una Argentina donde demasiados dirigentes utilizan la política como mecanismo de ascenso patrimonial, ese dato no es anecdótico: habla de una forma distinta de ejercer la función pública.
Incluso respecto de los bancos provinciales, la realidad es bastante más compleja que el eslogan fácil. El propio Lafalla sostuvo años después que la privatización fue “la mejor decisión posible” dadas las circunstancias de aquel momento. Y no pocos economistas coinciden en que el colapso financiero provincial fue consecuencia de un proceso previo y sistémico, en medio de una crisis bancaria nacional y de regulaciones federales que terminaron asfixiando a las entidades provinciales.
En aquella Mendoza -recuerdo- se debatía federalismo, producción, promoción industrial y obras de infraestructura. Hoy, en cambio, pareciera que la política provincial ha quedado reducida a celebrar balances administrativos mientras miles de jóvenes se van porque no encuentran oportunidades. El Estado puede estar ordenado y, aun así, la sociedad sentirse estancada.
También conviene recordar que Lafalla impulsó criterios institucionales que hoy resultan inexistentes. Designó un Fiscal de Estado proveniente de la oposición -el recordado y temido por muchos, Aldo Giordano- y defendió públicamente la necesidad de controles independientes del poder político. Difícilmente pueda acusárselo seriamente de desprecio institucional quien sostenía que “a los gobiernos hay que controlarlos con dureza”. https://www.losandes.com.ar/politica/no-usar-arturo-lafalla-aunque-el-presidente-laude-a-favor-portezuelo-del-viento-no-se-va-a-hacer
Hay una tendencia preocupante en ciertos sectores del oficialismo mendocino: atribuirse todos los aciertos presentes y cargar sobre dirigentes de hace treinta años todos los males actuales. Pero la realidad no funciona así.
Mendoza no empezó en 2015 ni terminó en 1999. La misma narrativa impulsada y sostenida insistentemente durante más de una década por el kirchnerismo parece haber permeado buena parte del debate público mendocino hasta convertirse en un extraño clivaje político y cultural.
Recordemos, además, que hubo una “comisión investigadora legislativa”, encabezada por Cesar Biffi – a mi entender el dirigente parlamentario más lucido y relevante de los años 90 en Mendoza- que investigó principalmente el proceso que llevó al colapso y privatización de los bancos provinciales mendocinos -especialmente el Banco de Mendoza y el Banco de Previsión Social- y las responsabilidades políticas, administrativas y empresariales derivadas de ese proceso.
Hoy resultaría difícil imaginar al oficialismo que fuese investigado, aún cuando no falten motivos para hacerlo, tal diferencia habla de una calidad institucional que Mendoza supo exhibir en otros tiempos cuando existía una cultura política capaz de admitir controles reales o debates tensos y una razonable asunción plural de responsabilidades, sin convertir automáticamente toda crítica o cualquier disenso en un conflicto de trincheras
Según las referencias del propio Biffi, la comisión concluyó que las responsabilidades no podían atribuirse exclusivamente a Lafalla ni a un solo gobierno, sino que eran acumulativas y abarcaban distintos períodos, incluso desde gobiernos militares hasta administraciones democráticas anteriores a 1995.
De hecho, años después, el propio Biffi diferenció públicamente el rol de Rodolfo Gabrielli respecto del de Lafalla, señalando que el proceso de deterioro financiero “lo inició Gabrielli y lo terminó Lafalla”.
La política seria exige memoria completa, no memoria selectiva. Porque cuando se utiliza el pasado únicamente para descalificar, se termina empobreciendo el debate público. Y Mendoza requiere justamente lo contrario: más honestidad intelectual y menos revisionismo partidario de baja calidad.
Mendoza necesita más futuro estratégico y menos pasado faccioso.
* El autor es abogado y Consultor Político.
