Al hablar de las áreas marginales a la Pampa Húmeda nos referimos, por ejemplo, a las producciones regionales vinculadas con la caña de azúcar y los cítricos en el NOA, al algodón y la yerba mate en el NEA, a la vid en Cuyo, a las frutas en el alto valle del río Negro o a la lana en la Patagonia, entre otras.
Sin embargo, las investigaciones sobre temas rurales y los medios de difusión pública se refieren, con más frecuencia, a las explotaciones agrícola-ganaderas del área pampeana debido a los impactos socio-económicos que provocan, los altos grados de innovación tecnológica y fuertes inversiones que aplican, o destacados ingresos de capitales que generan.
Es el caso del acelerado proceso de sojización en los territorios chaco-pampeanos, el empleo de paquetes tecnológicos en las oleaginosas, la relación de los cultivos intensivos y la pérdida de suelos fértiles, o el retroceso de las plantaciones ante el avance de las ciudades, entre otros temas.
La influencia de las demandas crecientes de alimentos por parte de los países desarrollados o muy poblados, la orientación de los cultivos hacia producciones de primera necesidad o de contraestación, y los avances tecnológicos, son tan profundos y constantes que agilizan la integración de territorios que, hasta hace décadas, aparecían muy alejados de la economía global o estaban excluidos del sistema.
Sin embargo, no todas las regiones pudieron asumir esas innovaciones. Entre las más afectadas, se destacan las áreas marginales, escasamente pobladas o muy alejadas, con pequeños y descapitalizados productores; con cadenas productivas de carácter embrionario, o las que se hallan en un contexto rural regresivo. También se destacan las que experimentan una secuencia irregular de procesos socio-económicos-políticos, sobrellevan decisiones cortoplacistas y débiles iniciativas locales, cuentan con considerables limitaciones ambientales y culturales.
Estos son los procesos que caracterizan a las economías regionales marginales o a los sistemas productivos extrapampeanos más vulnerables y diferentes al de las tradicionales economías regionales.
Son las que experimentan los más fuertes impactos provocados por la economía neoliberal desde las últimas décadas del siglo XX y por el desdibujado papel del Estado que predominó desde ese momento.
Son el resultado de la vigencia de un discurso que, a la vez que proclama la integración de los territorios, promueve la aplicación de políticas focalizadas en determinados sectores, dejando excluidos a otros que no responden al modelo o que no lo hacen con la celeridad esperada.
De allí que el desarrollo rural en Argentina tiene grandes desafíos para los académicos y tomadores de decisiones: asumir la complejidad y heterogeneidad de su mundo agrario y hacer visibles sus espacios marginales o más frágiles de las economías regionales.
Es incuestionable la diferencia entre el notable incremento de la producción pampeana y de ciertos enclaves agroindustriales fuera de su área, y el deterioro de la mayor parte de las producciones de las economías regionales marginales.
Podríamos calificarlas como "explotaciones con muy baja productividad y rentabilidad", "producciones embrionarias" o "primitivas explotaciones familiares", entre otros criterios de clasificación. Sus protagonistas son los puesteros, crianceros, o trashumantes de la Puna, del sur de Mendoza y norte de Neuquén; los emergentes emprendedores agrícolas de los valles cordilleranos del sur del país, los pequeños productores de los aislados oasis patagónicos, los propietarios ganaderos minifundistas de las áridas mesetas del centro de Santa Cruz o Chubut, o los recientes productores de los cinturones hortícolas de pequeñas localidades extrapampeanas.
Han heredado estructuras socio-territoriales muy atrasadas y difíciles de superar, inmersas en un contexto nacional que no facilita ni promueve, con continuidad, la construcción de la infraestructura necesaria para ofrecer los servicios básicos, y la reactivación de actividades. El panorama genera situaciones de dependencia y exclusión, que hacen más difíciles las posibilidades de adaptación y viabilidad económica, y explican la sucesión de ensayos de distinta naturaleza para encontrar otras alternativas genuinamente productivas.
En relación con este último desafío, geógrafos, historiadores, economistas y sociólogos, se enfrentan, con más frecuencia e intensidad, al reto de colaborar con proyectos de desarrollo, transformación o fortalecimiento. Las opiniones son variadas pero la mayoría de ellos considera que las economías regionales, aun las que se encuentran con mejores niveles de productividad y competitividad, no cuentan con los instrumentos necesarios para acompañar el proceso que exige la globalización de la economía.
Las experiencias personales y grupales en diferentes áreas marginales de nuestro país nos permiten aportar la reflexión de que, frente al intenso desequilibrio territorial y retroceso del dinamismo productivo que hoy experimentan estas regiones, es prioritaria una política de Estado, basada en diagnósticos rigurosos de las potencialidades regionales, y en soluciones de mediano y largo plazo, concretas y especialmente integrales. Es decir que se apoyen en criterios precisos para plantear los problemas y proponer opciones que se mantengan en el tiempo.
Los planes de desarrollo se deben orientar a alternativas de corto y mediano plazo para los problemas coyunturales; y de mediano y largo plazo para las dificultades estructurales. Deben ser coherentes y efectivos para lograr la reestructuración productiva, los avances tecnológicos apropiados a las actividades en crisis, la identificación de las actitudes de las comunidades con el territorio y sus potencialidades, sin que pierdan sus modos de vida y sus actividades tradicionales.
Sin embargo, los proyectos públicos nacionales no han logrado, todavía, concretar una propuesta integradora y perdurable. Tampoco los planes de los gobiernos provinciales han sido efectivos y continuos debido a que están inmersos en una trama de presiones político-administrativas, generadas por la descentralización de las funciones del Estado.
En los espacios marginales, las políticas regionales son los instrumentos para reducir las desigualdades espaciales y las opciones más eficaces para valorizar el potencial de los territorios rurales marginales, basadas en sólidas alternativas y apoyados en políticas integrales e identificadas con las aptitudes locales, sistemas ecológicos, infraestructura básica, mecanismos del mercado y actitudes de la comunidad. Este objetivo es la clave para que los actores locales logren la visión de su futuro productivo y afiancen los nexos con su comunidad para concretar proyectos que satisfagan sus necesidades materiales e inmateriales.
La situación de las microrregiones marginales o micromarginalidades es un tema de urgente tratamiento en los debates que intentan acercan soluciones a los territorios excluidos de las economías regionales tradicionales. La proximidad con las áreas y comunidades marginales ha facilitado su conocimiento y la posibilidad de motivar a los agentes de decisión a encontrar los medios para generar cambios en las situaciones detectadas. Situaciones cada vez más complejas por la variedad de rasgos y de enfoques para abordar la problemática de las áreas marginales.
La investigación que se está llevando a cabo intenta contribuir con el conocimiento y valoración integral de nuestro territorio nacional, con el estudio de las regiones más vulnerables y con reflexiones que contribuyan con la comprensión de sus dificultades y la toma de decisiones más acertadas.
