La creencia general: lo que se dice y piensa
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La creencia general: lo que se dice y piensa
Justicia, jueces y abogados están devaluados en el país. Existe la creencia de que la Justicia es lenta, parcial, no resuelve los litigios en tiempo, depende del órgano Ejecutivo y no es última garantía de protección de los derechos de los habitantes contra los avances inusitados del poder, de la delincuencia y de las mafias. Que los jueces responden obedientemente al poder central y cubren los delitos y la corrupción de los funcionarios para garantizarles impunidad actual y futura. Que los abogados no defienden el derecho a través de sus representados sino los espurios intereses particulares de estos contra todo derecho y justicia.
¿Es esto verdad?
Después de más de medio siglo de ejercicio profesional y docencia jurídica universitaria creo tener alguna autoridad para sostener que las afirmaciones del primer párrafo son parcialmente ciertas. Hay cientos de tribunales federales, nacionales y provinciales; miles de jueces en esos fueros; y miles de abogados en todo el país. Casi todos, diariamente y en silencio, con bajo perfil, cumplen sus funciones conforme a sus respectivos juramentos con acreditada ética y responsabilidad.
El “casi todos” deja una brecha, una ranura por la que se escurren aquellos que carecen de autoridad moral y jurídica para desempeñar tan magnas funciones. El viejo proverbio, “hace más ruido la caída de un árbol que el crecimiento de un bosque” se me ocurre muy apropiado al caso. El árbol que se cae en nuestro país no es enorme pero lo suficiente para producir un tremendo estruendo que hiere nuestra sensibilidad y nos hace creer que “todo” es igual, un “cambalache” discepoliano en el que mezclamos “la Biblia con el calefón”, un “burro con un gran profesor”.
El problema está en que el “árbol que cae” es de tal magnitud que su estrépito ensordece y no nos deja ver “el bosque” que crece silencioso. El poder del “vamos por todo”, grito de batalla de Cristina después de su 54% en 2011, se concentró en tres aspectos fundamentales: someter y transformar todos los medios en kirchneristas cristinistas suprimiendo el pensamiento crítico y constructivo propio de toda democracia que se precie de serlo y encumbrar el “pensamiento único” de Ernesto Laclau que permitiera la “Cristina eterna” de la legisladora híper K, Diana Conti, con cuyas ideas discrepo siempre; eliminar todos los partidos políticos incluso al peronismo, para construir un cristinismo totalizador del pensamiento político argentino y fundar un nuevo país; lograr una Corte y una Justicia Federal adictas para asegurar todas las decisiones judiciales a favor del Gobierno y la impunidad total de los funcionarios corruptos del régimen.
¿Se lograron los objetivos del oficialismo?
El propósito escondido de la ley de medios fue el de silenciar a los opositores o críticos y crear un monopolio oficial de la información y opinión. En tal sentido, 80% de los medios quedó en poder del Gobierno, directamente o a través de amigos enriquecidos súbitamente en estos once años. Muchos periodistas pasaron a ser funcionarios y funcionales al Gobierno, y recuerdo como los más destacados a Víctor Hugo Morales seguido por Horacio Embón. El fracaso de esta embestida fue notable. La medición de audiencia de estos medios, por Ibope Media Argentina, y periodistas, no excede 2%, como “678” y Canal 23. El 20% restante de medios y periodistas alcanzan niveles de gran audiencia como TN con Nelson Castro, Joaquín Morales Solá, Marcelo Bonelli y Canal 13 con Jorge Lanata, entre otros.
Los partidos políticos no fueron aniquilados pero sí se atomizaron. El FPV del kirchnerismo, en su núcleo duro, tiene hoy un 27% de adhesión en tanto que el resto cuenta sólo por sus partidarios más conocidos: Massa, Scioli (que se autodefine como “admirador y profundizador” del modelo de Cristina), Cobos, Sanz, Binner, Carrió, Solanas, De la Sota, etc, con porcentajes individuales entre 2 y 17 por ciento. Esto es fruto del enfrentamiento permanente de Néstor y Cristina con ellos, que los transformó en enemigos a los que debían batallar y vencer para sacarlos del juego político. La oposición nunca se unió en un pacto al estilo Moncloa (ver mi trabajo del 24/04/2014 en Los Andes) y persiste en alianzas electorales como Fa Unen, de muy dudoso resultado como lo fue la “Alianza” de de la Rúa en 1999 y terminó en rotundo fracaso.
La Corte Suprema adicta al poder nunca se logró. Se podrá compartir o no sus decisiones fundamentales pero la independencia del Tribunal ha sido preservada por sus ministros integrantes, con algunos reparos respecto de Raúl Zaffaroni, penalista y criminólogo, que suele lucir muy cerca de la Presidente Cristina, a tal punto que se comenta que la asesora en algunos temas institucionales. Aunque es de justicia reconocer que tiene un currículum vitae actualizado a junio de 2012 de 200 páginas, que he leído con profundo respeto; reconocido y doctorado honoris causa en casi todos los países de Occidente en los que dicta cursos de posgrado e integra tribunales de tesis doctorales. Algunas de sus teorías son muy opinables y hasta desechadas, pero esto no le resta méritos intelectuales ni académicos.
No sucede lo mismo con algunos jueces federales que sí responden al poder central, (como sin dudas lo es Norberto Mario Oyarbide, carente de currículum sustentable), siempre dispuestos a sobreseer, archivar o no iniciar causas judiciales penales que involucran a los más relevantes miembros del oficialismo gobernante, como es el caso de la señora Presidente de la Nación en la denuncia por enriquecimiento ilícito, por el incremento de su patrimonio en más del 1.000% entre 2003 y 2012, sobreseída en menos de un mes y que se reitera en otros funcionarios y personajes “amigos” del poder.
La preocupación mayor de severa gravedad
Todo esto de por sí es altamente preocupante pero más lo es lo que se está gestando en la actualidad. Hay trescientas propuestas del Poder Ejecutivo de conjueces y jueces, entre ellas diez que corresponden a la Corte Suprema. No sería novedad alguna porque es competencia de la Presidencia hacerlo. Lo grave está en que casi todos son manifiestamente kirchneristas. Están en línea con lo dicho por el subsecretario de Justicia Julián Álvarez: “Todos los jueces deben hacer política”. En una concepción altamente democrática y republicana, esto es una aberración inadmisible. Los jueces, cuya esencia y razón de ser es la independencia, deberían ser independientes del poder y de sus intereses partidarios.
El Gobierno nacional y en particular la Presidente Cristina Fernández, están abocados a asegurar su completa impunidad, ahora y después del 10 de diciembre de 2015. El tsunami de la corrupción instalado en el país desde 2003 -y de varias décadas atrás- que cumplirá doce años a fines de 2015, será ciertamente el más grave y grosero de la historia argentina. Si realmente los funcionarios resultan no punibles por la acción u omisión de los nuevos jueces y conjueces cooptados, habremos acabado con la república, la democracia y el Estado de Derecho.
Lo dicho sobre Justicia, jueces y abogados al comenzar este trabajo, se resuelve con leyes procesales más estrictas que incidan directamente sobre el control de sus funciones y las sanciones correspondientes a sus inconductas verificadas a través de un debido proceso constitucional. Pero el problema de fondo, corrupción e impunidad, se resuelve sólo con Justicia independiente.
El Estado de Derecho es tal cuando están asegurados todos los derechos fundamentales de los habitantes. Los gobernantes, cualesquiera sean, están sometidos a la Constitución y a las leyes, sufriendo las sanciones que correspondan en caso de conductas inapropiadas o ilícitas. Se deben aplicar todos los procedimientos de la Constitución Nacional tendientes a asegurarlo y la férrea unión de la oposición para impedir que este intento inconstitucional e indebido logre éxito. ¡Justicia, no venganza, paz y libertad es lo que nos permitirá vivir en una democracia republicana durante los próximos cien años!
Las opiniones vertidas en este espacio no necesariamente coinciden con la línea editorial de Los Andes.