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Nuestra Constitución Nacional, en forma dogmática, propicia la inmigración de personas de origen europeo. Eso se estableció a mediados del siglo XIX, considerando que el grado de cultura existente en ese momento en el continente europeo era muy superior al que podía existir en Latinoamérica. Juan Bautista Alberdi fue muy partidario de esa cláusula de inmigración que determinó el ingreso al país de grandes colonias españolas, italianas, judías y de otros orígenes.
Ahora bien, en las últimas décadas, por supuesto que esas corrientes migratorias masivas de países europeos han desaparecido como consecuencia de haberse elevado el nivel de vida en esos países, pero lo que sí se incrementó muchísimo entre nosotros es la inmigración de personas de países vecinos, especialmente de Paraguay, de Perú y de Bolivia.
En la Argentina las hemos recibido siempre con los brazos abiertos sin dar cumplimiento a ciertos requisitos que establecen las leyes migratorias, en salvaguarda de los derechos humanos de esas personas. Y en ese sentido, la normativa vigente tiene parámetros muy genéricos, cuya aplicación en última instancia depende de la autoridad migratoria y de los jueces.
En los países de avanzada, para ingresar un extranjero tiene que asegurar que va a ser un factor positivo para el desarrollo de la Nación. Eso en la Argentina no existe y sería bueno que a través de la legislación y no de un DNU se fijen reglas más estrictas para determinar qué personas pueden ingresar para permanecer y vivir en el país.
