Ahí donde no llega la ley, ya sea por falta de personal, ineptitud o impericia, llega el ciudadano común que termina adoptando el rol de "controlador ad hoc". A lo Serrat, hartos de estar hartos, los vecinos supuran su bronca en las redes sociales para denunciar baches eternos, semáforos en blanco y servicios públicos que, de públicos, solo tienen el nombre porque servir, no sirven. Esta catarsis digital escaló hasta llegar a las rutas, ese territorio de nadie donde los infradotados sobre ruedas se sienten impunes, sabiéndose fuera de todo radar estatal.
Pues bien, los conductores sensatos, esos que respetan la doble línea amarilla y no ven el semáforo en rojo como una sugerencia, han oficiado históricamente de testigos mudos de peligrosas infracciones. Pero ahora, la dinámica cambió. Además de volcar la indignación en sus propios muros de Facebook o estados de Instagram, los vecinos pueden canalizar ese material a través de las vías oficiales de la Municipalidad de Las Heras.
Lo que empezó tímidamente con un teléfono de WhatsApp para dejar registrada la queja, al poco tiempo devino en un canal formal para que los impunes no se la lleven gratis. Para que esto no quedara en la mera "buchoneada" o en un simple descargo digital sin consecuencias jurídicas, la pelota cayó al patio de los legisladores. Y, curiosamente, por esta vez fueron rápidos de reflejos: modificaron la Ley 9024 en su artículo 120 bis.
El nuevo texto establece que "cualquier persona podrá remitir a los Municipios o al Ministerio de Seguridad y Justicia, a través de los canales digitales oficiales que se dispongan material audiovisual donde se adviertan posibles infracciones a la normativa vial vigente". Es decir, el video del que sobrepasa en curva o el que cruza de carril zigzagueando ya no es solo contenido para una catarsis en Instagram, ahora es evidencia potencial.
Pero, atenti, hay que leer la letra chica para no caer en triunfalismos: la normativa tiene carácter de comunicación ciudadana y no de denuncia formal automática. Las autoridades tienen la potestad de desestimar registros que parezcan editados, falsos o que simplemente no pertenezcan a la jurisdicción. Al final del día, la última palabra la tendrá el Juez Vial, quien decidirá si la prueba tiene el peso suficiente para clavar una multa o si se requieren otras medidas de verificación técnica.
La intención del gobierno de sumar herramientas de control apoyándose en la colaboración ciudadana tiene un valor innegable, pero ojo: esto no debe ser una excusa para que el Estado se lave las manos. La tecnología es un aliado, pero no reemplaza la responsabilidad de los organismos formales de control.
No hay dudas de que en esta materia la frazada siempre es corta; los operativos parecen ser gotas en el océano, sobre todo en las rutas nacionales y provinciales. Con los números de víctimas fatales siempre en rojo sangre, fortalecer la seguridad vial debería ser la prioridad uno de cualquier agenda. Para esos imprudentes/indolentes que creen que la calle es un circuito de carreras, va un aviso: ya no están solos. Su supuesto apuro por ganar un metro o llegar diez minutos antes puede tener consecuencias durísimas, no solo penales, sino humanas.
Ahora, cada ciudadano con un celular es un émulo del Gran Hermano atento a marcarles la cancha. Si esta presión social y digital ayuda a salvar, aunque sea una vida, pues entonces, bienvenida sea.
* El autor es secretario general de redacción del diario Los Andes. [email protected]
