El freno a la fiebre del dólar logrado por el Banco Central con medidas excepcionales como la fuerte suba de la tasa de interés, sumado a las restricciones a las importaciones y otras medidas recesivas, está provocando serios desequilibrios en las cuentas públicas y en los presupuestos y planes de negocios de las empresas.
Nada de eso contribuye a atacar de manera genuina a la inflación, cuyo pronóstico para el corriente mes de febrero no difiere mucho del 3,7 por ciento del índice oficial de enero, incluida la vigencia del programa de precios cuidados.
En ese marco, el reclamo salarial ya apunta a cifras que el Gobierno no está en condiciones de permitir. Casi la totalidad de los gremios pretenden para el año aumentos no menores al 30 por ciento y con cláusulas correctivas por si los precios se desbordan.
En este clima de conflictividad creciente, el Estado debe avanzar con el ajuste que respalde su búsqueda de apertura del crédito internacional.
En ese camino se inscribe el arreglo con Repsol por la expropiación de YPF, la oferta de negociación al Club de París y las concesiones al Fondo Monetario Internacional. Todas acciones que contradicen los enunciados supuestamente revolucionarios del relato kirchnerista.
Entre todos
Con esa pesada carga sobre sus espaldas, la jefa de Estado ha sido precisa en sus instrucciones al equipo económico.
"Si todos recibieron los beneficios del modelo, al costo político lo vamos a pagar todos" ordenó Cristina refiriéndose a los gobernadores. Ninguno puede plantear rebeldías porque, en otra muestra de la parodia que es el federalismo en la Argentina, la suerte política de cada provincia depende cada vez más del poder central.
Si bien todas las expectativas de la gente y del propio gobierno están básicamente puestas en la economía, hay otras cuestiones que hacen variar a diario el humor social.
El categórico respaldo oficial a la administración de Nicolás Maduro ante los hechos que conmueven a Venezuela, no parece ir más allá del beneplácito que provoca en los grupos ideológicamente más duros del kirchnerismo.
Pero hasta en esos ámbitos se consideró perjudicial el exabrupto del ex piquetero protegido del oficialismo, Luis D'Elía, quien reclamó el fusilamiento de los dirigentes opositores venezolanos.
Una encuestadora acaba de medir si los consultados están a favor o en contra de la actitud del gobierno argentino hacia Venezuela y los resultados se conocerán en los próximos días. Pero las primeras muestras ya revelan que no más del 15 por ciento se manifiesta de acuerdo con el apoyo oficial de Cristina a Maduro.
Si eso puede tomarse como referencia, ni siquiera la totalidad de los votantes del kirchnerismo en octubre pasado apoya esa decisión de política exterior.
Enterada quizás de ese rechazo, la Presidenta moderó el viernes su discurso sobre Venezuela, apelando a un llamado formal y rutinario a la vigencia de la paz y la democracia. Nada dijo de la represión estatal y paraestatal que ya produjo varios muertos, ni de que la protesta sin armas de ciudadanos en las calles también forma parte de las democracias.
Los codazos
Como lo veníamos anticipando, el entramado político en la renovación de autoridades del Consejo de la Magistratura fue clave para que todos los sectores involucrados midieran la relación de fuerzas en un órgano decisivo para la relación entre el Gobierno y los jueces, tan cuestionados por la Presidenta.
Gravitaron allí las internas entre Cristina y la Corte Suprema de Justicia, con una participación determinante de su presidente, Ricardo Lorenzetti, pero también las disputas menores de la Asociación de Magistrados, de los abogados y hasta de la Unión Cívica Radical.
Sólo dos datos como muestra de que nadie descuida su cuota de poder: el juez cordobés Alejandro Sánchez Freytes terminó siendo votado para la titularidad del Consejo por unanimidad, es decir, también con los votos del oficialismo.
"Toda la negociación fue manejada por Cristina vía telefónica con el camporista Julián Álvarez. No tenía que resultar una ostensible derrota del kirchnerismo, por eso votamos así", reveló un consejero de ese sector.
El otro dato involucra al radicalismo. En un momento, los representantes del Gobierno aceptaban que el vicepresidente fuera el diputado radical Oscar Aguad en lugar del juez Ricardo Recondo. "A Aguad lo bajó el presidente de su partido, Ernesto Sanz, por su cercanía con Mauricio Macri", confió otra fuente calificada.
