Por Luis Fermosel - Especial para Los Andes
Foto:
Por Luis Fermosel - Especial para Los Andes
Ya no hay más cuentas para sacar. Se conoce el pronóstico de cosecha, se sabe más o menos cuánto se tiene para los operativos de compra de vino o de uva y hasta se sabe qué es lo que piensa cada uno de los actores de la industria. Es el momento de las definiciones y es el Gobierno quien debe decidir, aunque, según señalan algunas fuentes, resultará bastante dificultoso llegar a un acuerdo con San Juan, en razón de que en la vecina provincia la situación respecto de la derivación de uvas a mosto es muy distinta a lo que sucede en Mendoza.
Los aspectos señalados sobresalen dentro de un marco bastante dificultoso. Sucede que en San Juan los productores ya realizaron cortes de rutas en reclamo de un precio rentable para las uvas y la medida de fuerza contó con la adhesión de un sector mendocino, como el que lidera Gabriela Lizana, quien no descartó la adopción de actitudes similares en nuestra provincia. También es dable señalar que la semana anterior había terminado con una oferta "extra oficial", pero adoptada por altas fuentes gubernamentales, que no llegó a concretarse en los hechos en razón -según algunos- de que no se conocía la estimación de la cosecha que debía dar el Instituto Nacional de Vitivinicultura. También debe considerarse que el Gobierno contaba con los tiempos suficientes para hacer los anuncios, ya que la reunión que se había realizado en la bodega Centenario había dado un plazo "hasta el 9 de febrero" para conocer las medidas.
Yendo por partes, cabría señalar que la estimación de la cosecha (el término "pronóstico" ha sido dejado de lado) no sorprendió en demasía a los distintos sectores. Para algunos "se adapta a la realidad" y, como siempre ocurre, hay quienes dicen que "es un poco inferior" y otro "algo superior" a las estimaciones de los privados. Los términos "algo" y "un poco", permiten advertir que las diferencias no son superlativas. En los hechos, se espera una cosecha de 26,8 millones de quintales en todo el país, cifra muy similar a la del año pasado y en lo que hace específicamente a Mendoza, se indicó que se espera una producción de 18,9 millones de quintales, lo que significa una pequeña suba respecto de los 18 millones del año pasado. Para San Juan, la estimación alcanza a los 6,3 millones de quintales, menor a los 6,5 millones del año anterior. En la provincia, la zona Este tendría un 5 por ciento más de cosecha; el Sur un 7 por ciento menos; el Valla de Uco un 5 por ciento más; el Norte un 10 por ciento superior y el Centro un 9 por ciento más.
Con relación a las medidas, cabría recordar que la gran mayoría de los sectores había rechazado las anunciadas por el Gobierno a fines de diciembre, especialmente en lo relacionado con la posibilidad de bloquear parte de los vinos de las dos últimas cosechas y tampoco aceptaban postergar la fecha de liberación hasta noviembre. "Era un intervencionismo incomprensible, porque no hacía diferencias entre las uvas varietales y las de menor valor enológico y, en los hechos, constituían una nueva medida en contra de los productores, porque nadie les iba a recibir las uvas", destacó una fuente. Señalaron además que se intentó "poner todo en la misma bolsa, pero la realidad marca que puede haber más o menos existencia de vinos tintos varietales, pero esos vinos tienen mercado. El problema se plantea con aquellos vinos que no tienen mercado", destacó el informante.
A lo largo de la semana pasada hubo reuniones permanentes. Hubo consenso en la necesidad de eliminar todo tipo de bloqueos, prorrateos o fecha de liberación postergada. Los sectores consideraron que los gobiernos de Mendoza y de San Juan deberían conversar para establecer criterios similares. De todos modos, cabría señalar que la vecina provincia intenta ganar espacios cada vez que se habla del tema, en razón de que tiene una fuerte derivación de uvas a mosto.
Una parte importante de las entidades que participaron de la reunión de la bodega Centenario, considera que es urgente que el Gobierno dé a conocer las reglas de juego. "Los productores y los bodegueros necesitan saber qué va a ocurrir para poder comenzar las negociaciones", dijo un dirigente, quien agregó que "debe mantenerse una fuerte derivación de uvas a mosto y tener en cuenta especialmente aquellas zonas que no cuentan con criollas y cerezas para establecer una política especial, como sucede con el Valle de Uco", se indicó. Expresan que es necesario dar a conocer señales claras para que aquel productor que tiene criollas y cerezas comprenda que, o debe diversificar hacia variedades finas, o debe mejorar su producción porque sus uvas tendrán menos valor porque irán a mosto.
seguran en ese sentido que existen estudios que determinan cuáles son los puntos de equilibrio, por variedad y por zona, que deberían tenerse en cuenta. Destacan que las medidas que se adopten deben implementarse rápidamente, porque la demora en las decisiones hace perder credibilidad a los productores y, en ese esquema también, sostienen que debe reafirmarse el trascendido que indicaba que debía derivarse un 35 por ciento de la cosecha a mosto.
Los dirigentes del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este consideran que debe existir una diversificación mixta. Una parte de la uva debería ir a mosto y otra a vino para exportación, aprovechando la posibilidad de otorgar, por parte del gobierno, un peso por cada litro que vaya al exterior. Destacan que esa sería la forma de aprovechar los recursos que vienen desde la Nación para solucionar los problemas. Dicen además que, si se fija un 35 por ciento a mosto, debería alcanzar a todas las uvas, no sólo las criollas y cerezas, eliminando también las excepciones y compensaciones.
Por su parte, Bodegas de Argentina considera que "hay que hacer el mosto que hace falta, que son 150 mil toneladas, de las cuales 120 mil van a exportación y 30 mil al mercado interno". Para la entidad, de acuerdo con los números de la estimación de cosecha del INV, significaría un 24 por ciento a mosto y considera que el resto (para llegar a ese 35 por ciento que estima el Gobierno) debería surgir de la compensación para las exportaciones, a través del peso por cada litro de vino exportado. "No podemos hacer más mosto que el que podemos vender porque después no vamos a saber qué hacer con el mosto", indicó un dirigente, quien agregó que tampoco se pueden bloquear los vinos y mucho menos postergar la fecha de liberación.
