Foto:
La seguridad. Para mejorar la seguridad, antes deben dejar de hacerse muchas cosas que facilitan el crimen y confunden a la población. Pienso que hay que hacer lo contrario a lo que vienen haciendo hasta ahora: dejar de esconder el problema más dramático que padece nuestra sociedad y poner a trabajar al Estado para evitar el delito.
Ser sinceros con la ciudadanía es el mejor acto de fortaleza que los gobernantes pueden tener si en verdad son democráticos. Se debería comenzar por reconocer la enfermedad y su gravedad, hacer un diagnóstico real y ejecutar un tratamiento en consecuencia, el cual deberá ser revolucionario.
Existen medidas a cortísimo plazo para comenzar con ellas hoy mismo, como es secuestrar las armas clandestinas. Esta operación se hace en las calles y veredas de Mendoza, sobre los autos, motos, bicicletas y caminantes, en todo sitio público bajo el control policial.
A través de allanamientos con los jueces y fiscales a partir de información sobre la existencia de lugares donde se encuentran armas, esa información no es difícil de colectar. Las rutas y accesos a la ciudad, como las salidas e ingresos a zonas conflictivas, deben ser objeto de procedimientos cuyo único propósito sea el secuestro de armas.
Pero el Gobierno es tímido para implementar acciones como éstas. La Policía de Mendoza, con la participación de la Gendarmería Nacional, pueden reducir drásticamente la existencia de armas en la población pero necesitan la orden, un organigrama de trabajo y que éste sea monitoreado por las autoridades civiles del Gobierno. Los mendocinos vamos a tener que elegir también si los encargados de la seguridad en su actividad más directa, como son los agentes policiales, penitenciarios y maestros, pueden tener un sueldo básico que rodea los seis mil pesos.
Conformar un comité de expertos independientes, que pase a formar parte del organigrama del Estado en materia de Seguridad, es necesario para terminar con la desorientación puesta en escena en los últimos períodos. Hay para hacer de la mano de la Policía muchas más acciones pero con órdenes, instrucciones y monitoreos de autoridades civiles. Dejar de confundir narcotráfico con microtráfico de drogas es esencial, así conoceremos qué clase de lucha hace el Estado contra el comercio de drogas o si, por el contrario, hay permisión y zonas y persona liberadas.
La Justicia. En la etapa primaria investigativa del proceso penal y atención a la víctima del delito, en su peor momento, la estructura de las nuevas oficinas fiscales dentro de las comisarías ha sido un fracaso que debemos cambiar urgente. Las unidades fiscales con criterios departamentales-territoriales fue otra desilusión.
El Ministerio Público requiere fortaleza y madurez; es hora de un cambio judicial que oralice la etapa investigativa, y los fiscales necesitan recursos, detectives y laboratorios para hacer su trabajo. La policía judicial no puede esperar un día más para los mendocinos. Necesitamos fiscales enfrente de los testigos, víctimas e imputados, no detrás de una computadora. Necesitamos jueces que escuchen a los fiscales y defensores en audiencias públicas, no que lean sus escritos en la soledad de sus despachos a espaldas de los interesados. ¿De qué sirve cambiar un código procesal, si la tarea que antes hacía burocráticamente el antiguo juez de Instrucción, ahora lo hace igual de lenta y con más papeles el fiscal?
La idea era la existencia de un fiscal que escuchara, hiciera y decidiera sin tantos ayudantes que escribieran para él, ¡menos computadora y a escuchar más! Es necesario crear unidades fiscales por materia, como una especial para esclarecer los homicidios, otra para esclarecer los robos, otra para delitos económicos, delitos sexuales, y poder especializar así al fiscal y a su equipo de colaboradores.
Policía Judicial. En noviembre de 2005 (hace casi 9 años) conseguimos, por instrucción expresa del Gobernador, sacar el área de Justicia del Ministerio de Seguridad y ubicarla dentro del Ministerio de Gobierno (Julio Cobos hasta estaba decidido a hacerla dependiente directamente del gobernador). Esto se hizo a través de una ley. En el proyecto original, la Subsecretaría mantenía todas sus esferas de competencia y de ella dependía la Dirección de Investigaciones de la Policía de Mendoza.
La Legislatura modificó el proyecto dejando esta agencia policial en el Ministerio de Seguridad. Nuestra idea con el ministro Gabriel Fidel era implementar de inmediato -de manera progresiva- la Policía Judicial, fortaleciendo al Ministerio Público Fiscal, poniendo al otro día de la sanción de la ley propuesta a esta agencia policial a disposición exclusiva del procurador general de la Suprema Corte. Pero los legisladores de entonces decidieron otra cosa, y así estamos.