Algunas lecciones aprendió Daniel Scioli de sus diez años de convivencia política con el kirchnerismo. Hace una semana, cuando pidió a las autoridades del Congreso que inicien el debate por una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos y que se descongelen los fondos que la provincia de Buenos Aires recibe como reparación histórica del conurbano, logró hacer de su situación de debilidad -la compleja situación financiera de su provincia- una herramienta de construcción de poder político y, al mismo tiempo, puso a la Casa Rosada y a sus referentes bonaerenses en una situación de extrema incomodidad (desde Gabriel Mariotto y Amado Boudou a Florencio Randazzo, Julián Domínguez y todos los poderosos intendentes) que se extendió también al resto de los gobernadores K, entre ellos al mendocino Francisco "Paco" Pérez.
Scioli reclamó -cinco años tarde y una vez que se lanzó como candidato presidencial y la Casa Rosada dejó de "auxiliar" con transferencias discrecionales a su distrito- algo justo para cualquier bonaerense y provocó una gran convulsión política dentro de las filas del kirchnerismo, que viene trabajando en una estrategia para rodearlo y dejarlo sin márgenes de acción política.
El Gobernador necesita plata para enfrentar un año difícil y con una elección en la que se definirá de qué manera llegará su sueño presidencial a 2015. Si no patalea y chilla ahora, se encontrará con que no podrá pagar los aumentos salariales o los aguinaldos, algo que -sabe muy bien- tampoco le conviene a la presidenta Cristina Fernández, ya que también ella juega su suerte en las urnas este año, principalmente en la Provincia.
A ningún presidente le conviene que la gigantesca y decisiva Buenos Aires gane autonomía financiera. Sin embargo desde el Gobierno nacional la asisten discrecionalmente con fondos extra coparticipación. Es decir, la tutelan para que no se incendie pero también para que ningún dirigente pueda enseñorearse demasiado y pensarse su dueño.
La negociación de fondos con el Ejecutivo nacional será penosa. Por eso Scioli decidió pegar primero llevando el tema al Congreso de manera de dar visibilidad a una queja que, de otro modo, es sepultada con mucha facilidad por el kirchnerismo. Aun cuando el Parlamento nunca aborde los reclamos para discutir el federalismo (que provienen no sólo de Scioli), estos ya tomaron estado público horadando la construcción que la Casa Rosada viene haciendo sobre el territorio bonaerense.
La descentralización de recursos y el respeto del federalismo, que hasta hace un año eran patrimonio discursivo sólo de la oposición, de repente ahora emergen como elementos de tensión dentro del propio oficialismo ya que Scioli construye desde dentro del Frente para la Victoria y no desde afuera (uno de sus voceros, el ex intendente de Avellaneda, Baldomero "Cacho" Álvarez, dijo esta semana que el sciolismo llevará sus propios candidatos a las PASO, es decir que enfrentará a las listas de la Casa Rosada en las internas obligatorias).
La discusión de la distribución de los recursos públicos no es otra cosa que la discusión sobre el poder político en la Argentina. Es poner en debate el actual modelo de concentración de los fondos públicos en manos del Gobierno nacional y, colateralmente, cuestionar el uso discrecional que hace éste cuando manda dinero a las provincias por afuera de las transferencias automáticas de la ley de Coparticipación (sólo 25% de lo que se recauda llega por goteo diario a las provincias).
La híper-concentración del kirchnerismo tuvo éxito en la medida que en tiempos de vacas gordas los caciques territoriales fueron beneficiarios directos de este sistema ya que en muchos casos sus provincias recibían más dinero por transferencias no automáticas -discrecionales- que por la coparticipación. Pero desde 2012, cuando la Nación trasladó el ajuste a las provincias, los gobernadores se encontraron con una merma de los recursos no automáticos y problemas financieros serios.
Esta situación de escasez de fondos fue la que terminó generando las tres grandes peleas de la Casa Rosada con mandatarios peronistas durante el año pasado. Nos referimos a las guerras sin retorno con Daniel Peralta (por la delicada situación de Santa Cruz) y José Manuel de la Sota (por los recursos previsionales de Córdoba y deudas cruzadas entre las dos jurisdicciones) y a la tensión permanente con Scioli.
Es improbable que en un año electoral el Congreso de mayoría K se atreva a revisar alguna norma que haga a la distribución de los recursos nacionales, mucho menos la de Coparticipación, que es una ley convenio que sólo puede corregirse si todas las provincias, a través de sus Legislaturas, aceptan los cambios (por eso es imposible modificarla). Pero en torno a esta norma nodal persisten al menos diez leyes que, de ser abordadas por el Parlamento, pondrían también en jaque el sistema híper-concentrador e híper-discrecional del kirchnerismo. Ya lo demostró la oposición en 2010 cuando manejaba el Senado y votó una nueva distribución favorable a las provincias del impuesto al Cheque, lo que obligó a la Casa Rosada a ofrecer a las provincias un programa de desendeudamiento (la reestructuración de sus acreencias con el Tesoro).
Tampoco es probable que el oficialismo permita que el Congreso modifique alguna ley para quitar presión impositiva a los ciudadanos de bajos recursos y trasladársela a los más adinerados. Esta tarea histórica que tiene pendiente cualquier gobierno que se precie de ser progresista ni siquiera figura en las cabezas de los dirigentes oficialistas que, de hecho, vienen resistiéndose a gravar la renta financiera y a meter mayor presión sobre el juego y la minería, a la vez que rechazan los intentos opositores por actualizar las escalas del impuesto a las Ganancias -congeladas desde 2001- lo que tiene por objeto que sean realmente los trabajadores con altos ingresos los que paguen este tributo y no los que tienen sueldos moderados.
El domingo, en su columna para Los Andes, Carlos La Rosa sostuvo que "el kirchnerismo no tiene más proyecto que el de permanecer gobernando una sociedad que sus principales espadas suponen ya han transformado lo suficiente para que nadie ose cambiarla jamás por ninguna otra". Este diagnóstico, al que el autor de esta nota adhiere, bien puede aplicarse para entender los esfuerzos denodados del Gobierno nacional para que nadie toque el injusto y caótico sistema tributario argentino o las leyes que permiten al Tesoro quedarse con el 75% de los recursos que se recaudan. Encapsular la discusión fiscal, dejar todo como está, es la principal garantía que tiene el Poder Ejecutivo nacional de poder hacer política como lo viene haciendo.
La autonomía de las provincias es el escenario que menos favorece a un proyecto de poder centralista ya que, por experiencia propia, Cristina Fernández sabe que una provincia que no depende de los recursos nacionales -como la Santa Cruz que gobernó su marido- es difícil de domesticar. Por eso la Buenos Aires de Scioli es "obligadamente" dependiente de la Casa Rosada ya que, como ya dijimos, si no, podría ser el escenario de cualquier crisis política que ponga en riesgo el orden institucional, tal como reconoció -con otras palabras- la propia Presidenta a fin de año a la hora de denunciar la participación del peronismo en los saqueos que originaron la salida del poder de los dos presidentes del radicalismo.
