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El kirchnerismo es necio pero no come vidrio. La decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK) de aumentar a $ 15.000 mensuales el umbral a partir del cual los asalariados tributan el impuesto a las Ganancias, fue una reacción más importante que cualquier discurso a un reclamo cada vez más extenso y que, para colmo, demostró gran eficacia política en las internas del 11 de agosto pasado.
Del mismo modo, la admisión por parte de Martín Insaurralde, cabeza de la lista de candidatos a diputados nacionales kirchneristas por la estratégica provincia de Buenos Aires, de que la inflación es mayor a la que dice el Indec, no es por cierto un descubrimiento pero sí una reveladora concesión del Relato a la realidad.
En la lista de piruetas oficiales también cabe anotar el reconocimiento público del presidente de la reestatizada YPF, Miguel Galuccio, de que la Argentina tiene un déficit energético "serio".
Por cierto, son verdades de Perogrullo.
Antes de las elecciones y de las admisiones oficiales se sabía que el impuesto a las Ganancias había degenerado en "impuesto al salario".
Que la inflación -artífice del fenómeno anterior- era y es muy superior a las mentiras del Indec.
Y que, en materia energética, en la "década ganada" el país no hizo otra cosa que perder. Tanto, que hoy la producción de gas natural es 19% menor que en 2004, la de petróleo 36% inferior a la de 1999, las reservas de ambos hidrocarburos cayeron a niveles peligrosos (por caso, a menos de la mitad en el caso del gas, principal insumo energético del país) y alcanzan para unos pocos años y que, producto de todas esas calamidades que el kirchnerismo generó mientras negaba, la Argentina importa hoy casi 15.000 millones de dólares anuales de energía.
Es cierto también que las admisiones oficiales no tienen todas la misma motivación: las de la presidenta e Insaurralde intentan achicar la pérdida de votos, mientras la de Galuccio busca justificar como patriótico, racional e imprescindible el acuerdo que YPF firmó con la multinacional Chevron (y los que aspira a firmar con varias más) para explotar los hidrocarburos "no convencionales", en particular los de la promisoria formación "Vaca Muerta", mediante las cuestionadas técnicas de fracking y perforación horizontal.
Ahora, por caso, está en curso una contienda política acerca de quién debe capitalizar el beneficio político por el alivio del impuesto a las Ganancias.
No es una cuestión menor: esa medida hará que, a partir de este mes, varios cientos de miles de asalariados (y por extensión, millones de personas vinculadas a esos ingresos familiares) se sientan, súbitamente, beneficiarios de un "aumento".
Por eso mismo, no sólo los sindicatos sino prácticamente todos los grupos de oposición dijeron, de un modo u otro, que fue una medida correcta aunque se disputen los méritos. Es de Cristina, dice Insaurralde. Es mío, dice Massa, y redobla la apuesta pidiendo que la actualización del mínimo no imponible (el piso a partir del cual se paga Ganancias) sea automática y no por dispensa presidencial.
Como cuestión secundaria se planteó el financiamiento de la medida. Algunos sectores de oposición plantean la necesidad de gravar de una vez por todas la renta financiera, mientras el gobierno piensa en el "beneficio" como justificación de próximas mordidas. En realidad, el trabajo lo hará, en unos pocos meses, la inflación.
Pero nadie se animó a plantear un ajuste del gasto público. La omisión es llamativa en un país en que el gasto público aumentó desmesuradamente.
Unas pocas cifras para ilustrar el fenómeno:
El gasto público total ya supera el 40% del PBI.
El gasto público nacional (esto es, sólo el del gobierno central, sin contar a las provincias) aumentó 70% en términos relativos: de 17% a 29% del PBI
El gasto público en dólares constantes (esto es, de igual poder adquisitivo) se multiplicó por siete desde 2003 y por más de diez en dólares contantes y sonantes.
El empleo público total creció 52%; el de las provincias 47%; el de los municipios 80% y el de las empresas públicas 233%, despropósito este último debido a antojos como el permitir -a un costo acumulado- que al cabo de 2013 sobrepasará los 4.000 millones de dólares en "Aportes del Tesoro"; que Marianito Recalde juegue al empresario aerocomercial y convierta a Aerolíneas Argentinas en un pelotero de la militancia rentada camporista.
La masa de subsidios al consumo, sin incluir beneficios como la Asignación por Hijo u otros planes sociales, superará este año los 100.000 millones de pesos.
Entre salarios, jubilaciones y planes (sin contar ahora los subsidios al consumo) el Estado nacional paga cada mes unos 15 millones de cheques.
Mientras esas cifras se fueron apilando, el sistema energético, el de transporte y la infraestructura pública en general fueron deteriorándose más y más, en algunos casos al punto del colapso, como demostró la masacre de Once.
Más sorprendente aún, CFK afirmó recientemente que los gobiernos de su difunto marido y ella fueron "pagadores seriales"de deuda, habiendo oblado nada menos que 173.000 millones de dólares en los últimos diez años.
Esa cifra se da de patadas con la afirmación de Néstor Kirchner de que en 2005 la Argentina había hecho la "mejor reestructuración de deuda de la historia", amén de echar sombras sobre el relato oficial.
¿De qué pagos y de qué "desendeudamiento" habla el gobierno, si la deuda pública total supera hoy los 200.000 millones de dólares? Que el grueso sea con el Banco Central y con la Anses es pobre consuelo: significa que casi todo el peso de un eventual default caería esta vez sobre los argentinos (en 2001, el 68% de la deuda que entró en cesación de pagos era con acreedores del exterior).
Es necesario que la oposición hable, explique y exija cuenta de estas cosas o la realidad nos volverá a tomar de sorpresa.
