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Las formas en que el Estado resuelve el destino de la economía agroindustrial y agraria es un tema siempre vigente en las ciencias sociales. En particular, la historia regional ofrece nuevos aportes para conocer la aplicación de políticas públicas en contextos (temporales y espaciales) particulares, y desentrañar las prácticas de entidades gremiales y sociales, empresarios y políticos, tomando posición frente a cuestiones que las afectan, y adoptando alternativas para resolverlas.
En esta línea se ubica una obra colectiva de reciente edición, Gobernar la provincia del vino (1916-1970), de la editorial Prohistoria, cuyos autores pertenecen al Conicet y a la UNCuyo.
La crisis del orden conservador y la irrupción de una corriente política que se presentaba como “renovadora” animaron la primera parte de este libro, centrada en el período de gobierno radical-lencinista (1916-1928). Esta indagación resultó indisociable del estudio de la economía vitivinícola en esos años.
¿Qué procesos afectaron a la agroindustria de Mendoza?, ¿se consolidó aún más la burguesía empresaria que logró dominar el poder político?, o bien, ¿a partir de la crisis de los gobiernos oligárquicos y el ascenso de nuevos sectores se replantearon las relaciones entre la dirigencia política y empresarios?
Dilucidar estas preguntas implica detenerse en el contexto económico y político local, tal el objetivo de Rodolfo Richard-Jorba. Tras varias décadas de hegemonía conservadora en la provincia, nuevos sectores emergieron en la escena política hacia 1916. José Néstor Lencinas fue el alter ego de Hipólito Yrigoyen en Mendoza, donde presidió la UCR desde 1906. El triunfo electoral y el ascenso al gobierno de
Lencinas (marzo de 1918), coincidieron con la reactivación de la economía nacional. Paralelamente, se iniciaría el distanciamiento del dirigente provincial con el jefe nacional, lo que se reflejó en las sucesivas intervenciones federales a la provincia, una extendida práctica del yrigoyenismo.
La reconstrucción histórica, a su vez, analiza los orígenes del populismo bajo el liderazgo de los Lencinas (padre e hijo), indagando sobre las relaciones de esta nueva dirigencia con el pueblo y las rupturas que promovió con sus antecesores. ¿La experiencia política de cuño populista -que eclosionó en la década de 1940 en la provincia y en el país- encuentra antecedentes en un período previo?, ¿este populismo temprano -que habría procurado la atención de las demandas y reclamos de los sectores sociales vulnerables- orientó la nueva política económica vitivinícola?
Sobre la base de esta nueva concepción, ¿cómo se plantean -o alteran- las relaciones entre un Estado provincial y los empresarios vitivinícolas -bodegueros y viñateros-, cuyos vínculos se habían roto a partir de la fuerte política fiscalizadora aplicada durante los gobiernos oligárquicos? Una respuesta la ofrece Patricia Barrio, quien estudia la normativa que respaldó la intervención decidida del Estado local en la vitivinicultura.
El análisis, que no escapa a la complejidad jurídico-institucional del período advierte, además, la irrupción de un actor clave: el bodeguero trasladista, es decir, el elaborador de vinos que vende su producción a grandes empresarios. Ubicado en el medio de la cadena productiva, sus demandas hasta entonces eran invisibles. ¿Bajo qué circunstancias se expresó este actor?
En simultáneo, pero en otra faceta de la cadena productiva, un núcleo de empresarios vitivinícolas intentó sumarse al proyecto diversificador de José N. Lencinas. La investigación de Florencia Rodríguez Vázquez analiza los orígenes y consolidación del sector de exportadores de uva en la década de 1920.
No obstante la fuerte discursividad en torno de la promoción de nuevos cultivos, el fomento estatal sólo llegó cuando el sector se había consolidado. Como contrapartida, la influencia del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico fue clave para la incorporación y difusión de tecnologías de empaque y refrigeración novedosas, y la formación de entidades sectoriales para la defensa de reclamos específicos.
La concurrencia de nuevos actores, bodegueros trasladistas y exportadores de uva, y entidades afines demuestran la complejización del escenario agroindustrial hacia la década de 1920.
Asimismo, la reactivación de la economía vitivinícola y la sanción de leyes de protección social en 1918 parecían generar cambios en las condiciones socioeconómicas locales. Sin embargo, el estudio del mundo del trabajo demostró que eso no sucedió.
Precisamente, el seguimiento de los conflictos por reivindicaciones salariales da pie a Richard-Jorba para reflexionar sobre las grietas de la política lencinista.
Las políticas que buscaban mejorar a los sectores populares y el discurso obrerista y antioligárquico tuvieron como contrapartida el accionar represivo en tiempos de agitación obrera. La reconstrucción de la gran huelga del magisterio mendocino de 1919 aporta material empírico para que el autor cuestione el discurso populista y la matriz ideológica de Lencinas.
Esta primera parte del libro se detiene, entonces, en una década poco estudiada por la historiografía local y, al hacerlo, pone a la luz prácticas y actores que no habían sido percibidos. Por caso, la conformación de un Estado como espacio complejo -donde se relacionan grupos diversos- no exento de conflictividades.
La segunda parte aborda el conocimiento de la dirigencia peronista (1946-1955), su perspectiva planificadora, la intervención estatal en la economía y las reformas constitucionales. Sobre esta base se problematiza el estudio de los departamentos de San Martín y Malargüe. Dado que estas localidades siguieron tendencias productivas particulares, amerita preguntarse si esto influyó en las orientaciones de las políticas públicas y las prácticas partidarias que aplicó el gobierno peronista sobre cada uno de estos territorios.
Desde esta perspectiva, Laura Ortega analiza los matices de la participación política y civil, a través de la relación entre el municipio de San Martín y entidades locales, y la formación de liderazgos microrregionales, funcionales al partido nacional. Las distintas experiencias de participación que son, a su vez, instancias de acción política, y la atención gradual de los reclamos vecinales permiten reflexionar sobre la gestión ¿autónoma? del municipio frente un Estado nacional verticalista.
Ivana Hirschegger aborda un tema casi ignorado en Cuyo: las políticas colonizadoras del presidente Perón. Para ello avanza en la vinculación entre las normas y las prácticas del gobierno provincial en Malargüe. Si bien la propuesta de Perón y de quienes lo siguieron en la provincia no resultó novedosa para Mendoza, fue la primera vez que un proyecto de esta índole se tradujo en un cuerpo normativo aplicado hasta mediados de los ’70, y aún en espacios marginales. El estudio, además, demuestra cómo la diversificación agrícola en la provincia formó parte del interés estatal.
En esta segunda parte, en suma, se verifica la actuación de la dirigencia provincial para responder a las problemáticas de los distintos sectores involucrados. Mientras Hirschegger demuestra la intervención del gobierno de la provincia en una problemática que excedía a la injerencia administrativa y jurídica del municipio, Ortega, aporta evidencia sobre cómo la gestión municipal respondió a las demandas de diversas entidades, aunque con distintas posibilidades de acción.