No se trata del mero pataleo ni del discurso tóxico de quien siempre tiene algo negativo para decir. No es la catarsis gratuita, molesta y sostenida; ese zumbido que, al transformarse en una costumbre ruidosa, termina perdiendo su efecto hipnótico. Hablamos de la queja como sinónimo de reclamo, de no dejar pasar la ocasión para ejercitar nuestro derecho más elemental a la demanda. En definitiva, la diferencia entre ser un espectador pasivo de nuestras propias frustraciones o un ciudadano activo que decide poner límites.
Los números del último año son un termómetro preciso de esta realidad. Durante 2025, la Dirección de Defensa del Consumidor registró un total de 8.236 reclamos. Pasando en limpio las estadísticas, 1.357 fueron tramitados por el organismo provincial, mientras que 6.879 fueron derivados a distintas oficinas municipales. Estas cifras no solo representan expedientes; son miles de mendocinos que decidieron no callar. Mónica Nofal, titular del organismo y alguien que conoce muy bien el paño, planteó un punto neurálgico que sirve de diagnóstico: "Muchos conflictos de consumo se podrían prevenir con información clara y accesible".
Bajo esa premisa es que surge la Escuela Mendocina de Educación en Consumo. La consigna de esta propuesta es ambiciosa pero necesaria: transformar al ciudadano común en un usuario formado para un consumo seguro. La meta es que cada persona pueda tomar decisiones conscientes y ejercer sus derechos como corresponde. En un contexto donde la vulnerabilidad digital es moneda corriente, la prevención de estafas se erige como uno de los pilares fundamentales de esta currícula ciudadana.
El proyecto busca generar un espacio genuino de formación, orientación y prevención. Facilitar el acceso a los canales oficiales de consulta y denuncia, profesionalizando la manera en que nos vinculamos con el mercado. En otras palabras, busca empoderar al ciudadano de a pie mediante un sistema híbrido (que combina la agilidad de la web oficial con la "temperatura" de las actividades presenciales) basado en cuatro ejes: capacitaciones constantes, consumidores informados, un sistema de alertas tempranas y una red de protección sólida.
Estas herramientas institucionales vienen a certificar de manera legal lo que, en la mayoría de los casos, se vuelca hoy sin filtro en las redes sociales. Esa catarsis digital, si bien es comprensible, suele quedar más en el territorio del "escrache" y el enojo destemplado que en una denuncia hecha y derecha. El problema de la red social es que no obliga a quien rompe las reglas a cumplir lo que marca la ley. El "like" o el "compartido" no reparan el daño patrimonial.
Obtener una respuesta formal que permita dar el salto cualitativo del simple libro de quejas al reconocimiento efectivo de un derecho es sustancial. Si bien el descargo público es un recurso válido para alertar a futuros compradores incautos ante la proliferación de ciberestafas, resulta insuficiente para lograr una solución de fondo. Incluso cuando las plataformas de venta electrónica suman cada vez más canales de reclamo, a veces el sistema falla y el ciudadano queda en un limbo.
Ser un consumidor preparado nos sirve a todos. Es una herramienta de supervivencia y justicia. Mucho más en tiempos donde los pesos y los dólares no sobran y hay que aprender a exprimirlos con el ingenio que nos legaron de chicos, casi al mismo tiempo en que nos enseñaban a sumar, restar y defender lo que es nuestro.
* El autor es secretario general de redacción del diario Los Andes. [email protected]
