Si las cosas son tal como las diseñó la Presidenta en su obligado reposo de 40 días, estamos asistiendo al inicio del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, dos años después de su reelección, alumbrado por el nuevo mapa del poder que se está configurando en la Argentina actual. Esto se puede inferir no sólo de los cambios en su gabinete anunciados esta semana sino también de las alianzas de poder que la jefa de Estado está tejiendo desde que su gobierno recibió una fuerte desaprobación en las urnas.
Hay dos grandes actores que han pasado a tener, de un breve tiempo a esta parte, más peso que el que tenían en el mapa del poder político argentino a principios de este agitado año. El primero es la Iglesia Católica. El segundo son los gobernadores del oficialismo. La entronización de Jorge Bergoglio como Papa obligó al kirchnerismo a cambiar drásticamente su posición bélica para con la Iglesia, que había sido la constante desde los albores del gobierno de Néstor Kirchner.
La derrota electoral, tanto en agosto como en octubre, dio a los mandatarios provinciales las agallas para reclamar ante Olivos más participación en las definiciones político-económicas con el argumento lógico de que si no se produce una reformulación en los grandes temas -sobre todo económicos- 2015 encontrará al oficialismo nacional y a los caciques provinciales despidiéndose del poder.
Como suele suceder en todas las transiciones político-institucionales algunos actores que tenían un poder menguado pasaron a ser escuchados más y más, mientras que otros que concentran mucho poder lo van perdiendo. El trasvase de facultades, capacidad de influir y voluntad de ejecución entre grupos es la constante de toda transición.
Es en este contexto que la Presidenta ha optado por un giro hacia el conservadurismo marcado por el pragmatismo que caracteriza al peronismo. Éste es un dato insoslayable porque está ocasionando una fuerte crisis interna entre los diferentes sectores que integran el Frente para la Victoria. La unicidad que Cristina Fernández generaba hasta antes de las elecciones primarias de agosto está ahora condicionada a sus propios movimientos, tanto por derecha como por izquierda. Hacia los dos lados tiene aliados históricos mirando con igual dosis de confianza y expectativas los próximos pasos de la Casa Rosada.
Es muy reveladora de esta tensión en el oficialismo la opinión del líder del Movimiento Evita, Fernando "Chino" Navarro, quien el sábado pasado en un congreso de su fuerza acusó de "traidores a los obsecuentes" que rodean a la Presidenta y advirtió, con indirectas, que no se aceptará que el peronismo ortodoxo bonaerense, que representan Daniel Scioli o Martín Insaurralde, tome la posta en 2015.
Mientras la Presidenta seguía al pie de la letra su reposo, la Iglesia Católica advirtió públicamente a todos los gobernantes, pero en especial al Ejecutivo nacional, sobre el deterioro del tejido social por el avance del narcotráfico. El llamado de atención tuvo repercusiones en todos los poderes del Estado y fue el principal tema de debate público la semana pasada, previo a la reaparición de Cristina Fernández.
Hasta esa misma semana, los obispos no habían logrado cambiar casi nada del proyecto de Código Civil y Comercial que la semana entrante votará el Senado. Dicha obra monumental, redactada por una comisión de juristas en la que la mendocina Aída Kemelmajer de Carlucci tuvo un rol central, planteó innovaciones en materia de familia, filiación, matrimonio y adopción que la Iglesia resistió desde el minuto uno.
Hasta el jueves 14, día en que el Frente para la Victoria presentó su pre-dictamen, casi ninguna de estas observaciones había sido atendida por los legisladores kirchneristas, que avanzaron según la línea que dispuso la jefa de Estado hace más de un año y medio. Pero esta semana, más precisamente el martes, se produjo una contraorden de la Casa Rosada y el miércoles los legisladores K sacaron dictamen atendiendo críticas centrales de la Conferencia Episcopal.
Fue así como de un día para el otro el oficialismo, que siempre se envolvió en las banderas del progresismo, pasó a sostener que la vida humana comienza sólo en la concepción y cortó de cuajo la segunda circunstancia planteada por los jurisconsultos como Kemelmajer de Carlucci que sostenían en el texto original que en casos como la fecundación in vitro la existencia comienza una vez que el embrión es implantado en el útero.
El cambio es copernicano ya que ahora se sostiene que incluso los embriones no implantados son personas y se deja en manos de los jueces la decisión futura de permitir o prohibir las técnicas de reproducción humana asistida en la que se descartan embriones (asimilados a personas).
Esto genera además un marco legal decisivo, nada menos que en el Código Civil, en la batalla ideológica sobre la despenalización del aborto ya que si incluso un embrión en una probeta es una persona, mucho más debería serlo para la ley un embrión antes de la doceava semana de gestación en el vientre materno.
Esta mutación al catolicismo genera un cisma entre los sectores de izquierda que participan del Frente para la Victoria. La salida de Juan Abal Medina de la Jefatura de Gabinete, más cercano a las posiciones de la progresía K en estos temas y la llegada del católico militante Jorge Capitanich al cargo, completan este cuadro de diferencias encontradas.
Pero Capitanich también expresa el ascenso de la "Liga de Gobernadores Peronistas" que se articuló luego de las derrotas del Gobierno nacional en las PASO.
El chaqueño es un cruzado de las principales causas K (Ley de Medios, conflicto agrario) que supo con astucia y velocidad enrostrar a sus pares su enorme victoria en su distrito y ganar protagonismo gracias a su formación intelectual, contactos históricos con todas las ramas del peronismo tradicional y llegada a los sectores más influyentes de la economía (su paso por la Jefatura de Gabinete durante el gobierno de Eduardo Duhalde le permitió diseñar, junto al industrial José De Mendiguren, la traumática salida de la convertibilidad, con devaluación y pesificación asimétrica incluidas).
Esta entronización de Capitanich llevó tranquilidad a los mandatarios del PJ (salvo a Daniel Scioli, su cantado rival en la interna oficialista de 2015) debido a que el chaqueño conoce bien los principales problemas de las economías regionales y demostró ser, en charlas entre gobernadores, un buen intérprete de los motivos de la fuga de votos del oficialismo.
Capitanich pactó con la Presidenta su llegada al poder central con la condición de usar todas las facultades que la Constitución reserva para su cargo, de modo de ser casi un primer ministro y no un simple fusible del gobierno de ésta. Si esto no se cumple avisó que se vuelve al Chaco y retoma la gobernación, por lo cual la orden presidencial para todo el oficialismo nacional es que todo lo que se deba negociar sea charlado primero con "Coqui"".
Iniciativa no le falta. El mismo martes Capitanich contactó a Axel Kicillof y Juan Carlos Fábrega, designados ministro de Economía y titular del Banco Central respectivamente, para coordinar los primeros pasos de su gestión (y del "segundo gobierno" de Cristina Fernández). Su intención era hacer algún anuncio importante cuanto antes, por eso desde Economía y el Central debieron convencerlo de llevar primero certidumbre a la ciudadanía -como se hizo ayer- afirmando por separados y a coro que no habrá cambios bruscos que toquen el bolsillo a la gente.
Las ruedas de prensa que Capitanich y Kicillof dieron ayer tuvieron como fin transmitir que hay un rumbo coherente para la economía y no un festival de opiniones divergentes conviviendo en un mismo equipo económico. No es poco si tenemos en cuenta que hace pocas semanas Capitanich decía que hay que recrear el clima de negocios y que Kicillof es un enemigo manifiesto de este concepto pro-mercado.
Los que dudaban de cómo convergerán ambas figuras, que tienen formación muy diferente, tuvieron ayer algunas ideas de lo que vendrá, aunque más no sea rudimentariamente. Ambos se tomaron del libreto K de que la inflación, a la que llaman para desdramatizar "variación de precios", es producto de la puja redistributiva pero a la vez prometieron combatir a los sectores oligopólicos que en todas las cadenas de valores se apropian de grandes rentas para así poder acomodar, a la fuerza, los precios de bienes y servicios. Es decir que el combate antiinflacionario no pasará por las recetas ortodoxas y demandará varios años. No habrá resultados desangustiantes en el corto plazo y tampoco oxígeno político inmediato para el Gobierno.
