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La Presidenta volvió el miércoles con un discurso que terminó por relegar, a un segundo plano, su anuncio de una nueva política de Estado. Desaprovechó la cadena nacional para hablar como una jefa de Estado, terreno en el que mejores desempeños acumula, con el propósito siempre necesario de aportar argumentos para convencer o, al menos, hacer pensar.
Una vez más recayó en su debilidad por las chicanas y los giros autorreferenciales, como cuando sugirió a los humoristas su caricatura del día siguiente que, en vez de acercar, refractan posibles simpatías.
De haber hablado como Presidenta más que como militante, Cristina Fernández habría podido dar orientaciones, algunas certezas, aunque sin necesidad de dar precisiones sobre medidas específicas, respecto de los criterios y los rumbos del Gobierno en torno a problemas como la inflación, el dólar, los cortes del suministro de electricidad. Problemas a los que, por cierto, aun cuando muchas veces sea de manera errática, su gobierno no les saca el cuerpo.
Así, la puesta en marcha de un programa (ProgresAr) para subsidiar a los jóvenes que no estudian ni trabajan -más de un millón y medio de entre 18 y 24 años, pertenecientes a los sectores más pobres de la sociedad (no sólo incluyen a los "hijos del neoliberalismo", como los llamó)-, quedó eclipsado.
Se trata, en definitiva, de una política de Estado de seguridad social complementaria, aunque pueda resultar insuficiente, de la que comenzó con la asignación universal por hijo tras la reestatización del sistema previsional. Como tal política de Estado fue saludada por el conjunto de la oposición, hasta por los más acérrimos adversarios, tan proclives a prácticas mezquinas de desconocerle logros, como las que suele ejercitar el Gobierno.
Pero el regreso presidencial estuvo marcado, sin dudas, por la semana de la devaluación. Con intervenciones del Banco Central, o sin ellas; o sea, por decisión política del Gobierno, más que producto propio del mercado, el peso tuvo una depreciación como no la había tenido durante la última década. Al menos en el terreno del tipo de cambio, lo que iba a ser un "sinceramiento" progresivo, terminó casi en shock.
Hubo, por supuesto, embates especulativos que buscaron hacer aún mayor esa devaluación, pero la decisión de poner fin al "cepo" cambiario, que comenzó a aplicarse en octubre de 2011, parece haber dejado el valor del dólar oficial (en torno a los 8 pesos) con una brecha menor respecto del "azul" alimentador de expectativas.
El sostenimiento de ese tipo de cambio dependerá ahora de que los productores y las cerealeras comiencen a liquidar un stock calculado por el Gobierno en unos 6.500 millones de dólares. Hasta que así suceda, el Central tendrá que volver a deshacerse de reservas.
El desafío mayor pasó a ser que la devaluación no se traslade a los precios y con ello a la inflación y a los salarios. Desde la ortodoxia económica consideran que para que eso suceda hay que ajustar la tasa de interés y la política de gastos, medidas que para el Gobierno contradicen su política de aliento al mercado interno.
Cercano al Gobierno, al tiempo que con dosis críticas, el economista Aldo Ferrer parecería no ser tan drástico en ninguno de los dos sentidos. Un día antes del anuncio del fin del "cepo", sostuvo que con una paridad cambiaria "realista", junto con una política fiscal y monetaria "prudente", puede mejorar la situación macroeconómica. Ferrer entiende, además, que la devaluación no debería trasladarse a los costos y a los precios porque sus ajustes se hicieron en los últimos meses en base al valor del dólar paralelo.
"Acá el tema es si se va a evitar que los costos internos licúen ese ajuste de la paridad y tengamos un proceso inflacionario. Pero no tiene por qué ser necesariamente así", afirmó. Para que no sea así, Ferrer defiende la intervención del Estado y pone como ejemplo el caso reciente del precio del tomate, cuando ante maniobras especulativas el Gobierno advirtió con abrir la importación.
De esa capacidad de intervención estatal en el campo de los precios, dependerá en buena medida que se desbroce el camino respecto de los salarios, hoy complejo y con perspectivas de conflictividad. Las paritarias, por ahora, parecen quedar en un futuro remoto como para hacer conjeturas.