El Decreto 929/13, mediante el cual se crea el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, carece de toda validez jurídica.
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El Decreto 929/13, mediante el cual se crea el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, carece de toda validez jurídica.
Esto es así porque, aunque lo desee, la Presidenta no posee las facultades requeridas para dictar un decreto que disponga, por su única y propia voluntad presidencial, la modificación o eliminación de derechos de exportación y otros beneficios relacionados. Esta es una atribución exclusiva del Congreso Nacional y que, sin ningún tipo de dudas, actualmente no está delegada.
La Presidenta basa su competencia, por una parte, en artículos del Código Aduanero que desde 2010 no están vigentes. Estos artículos contenían una delegación legislativa, que el Congreso había hecho en el Poder Ejecutivo antes de 1994. Con la última reforma de la Constitución, se derogaron esas delegaciones, salvo en casos muy específicos, y se dio un plazo de vigencia para las que existían hasta ese momento. La disposición transitoria octava les dio cinco años, y leyes posteriores prorrogaron el plazo una y otra vez, hasta 2010. A partir de 2010, no hubo más prórroga. Es decir, los artículos caducaron.
Así las cosas, estos artículos en los cuales se basa el decreto ya no existen ni tienen vigencia. Caducaron hace tiempo y, aun si siguieran existiendo y alguien pretendiera aplicarlos, como en este caso, serían inconstitucionales. Lo serían por tratarse de delegaciones contrarias a los requisitos que la Constitución actual establece para las delegaciones legislativas, sobre todo, por no tratarse de supuestos específicos de administración o de emergencia pública. Pero estos artículos continúan siendo invocados por el Poder Ejecutivo para ejercer facultades que no le pertenecen, bajo los argumentos de siempre: el fin justifica los medios. Necesitamos dinero para sostener el modelo.
Por supuesto, todos queremos que vengan inversiones, las necesitamos. Sin embargo, lo que también es imperioso para lo primero es un marco legal y de certidumbre jurídica. Normas dictadas inconstitucionalmente atentan contra las inversiones. Porque las empresas, por más que se les brinden generosas condiciones, saben que esas normas serán seriamente cuestionadas en el futuro. Esto impacta especialmente en el caso de inversiones hidrocarburíferas, que necesitan muchos años para llevarse a cabo.
La Presidenta ha firmado un decreto que no tiene validez jurídica, ha querido hacer algo que la Constitución Nacional dice claramente que no puede hacer. Así como asistimos a atropellos del Gobierno sobre el Poder Judicial, los observamos también sobre el Poder Legislativo. Esta no es solo una discusión para abogados o juristas, es la esencia misma de lo que debemos defender. No podemos acostumbrarnos a un Gobierno que solo obedece lo que le conviene, y que cree que se puede hacer cualquier cosa desde el Sillón de Rivadavia. Para esto tenemos una República. Para esto tenemos las próximas elecciones.
