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La Constitución Nacional (1994) en su artículo 124 establece que “las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación...”.
La regionalización es un proceso de descentralización que permite acercar el poder de decisión a la gente, para construir una nueva forma de gobernar, en que los gobiernos locales se afirman y están plenamente integrados a su realidad para poder mejorar la vida de los habitantes que representan.
Hablar de regionalización no significa dividir la provincia en varias miniprovincias sino el camino de la integración a partir de las características particulares.
Definir qué formas utiliza la población para resolver sus problemas es lo que va definiendo en el tiempo las regiones que necesitamos proyectar en función de esta realidad, y desde ese lugar construir un modelo de gestión que interprete y exprese esta realidad.
La región cobra entidad económica y social cuando es concebida como un espacio hacia donde opera la descentralización de poderes y grados de autonomía requeridos por los actores sociales y políticos de un territorio, y porque el gobierno provincial reconoce la necesidad de la descentralización para una mejor gestión. Por eso el concepto de región no apunta a más intervención del Estado sino a más protagonismo de la sociedad.
La descentralización de poderes a las regiones implica perfeccionar la democratización de la vida provincial, puesto que la gestión del interés público requiere que las poblaciones no sean consideradas objeto sino sujetos de la solución de los problemas territoriales.
El concepto de regionalización debe aportar a un nuevo modelo de desarrollo y de democracia, de administración provincialy de participación de los mendocinos, que mediante el PPOT* integre una red de instituciones cuyos espacios temáticos y de actuación permitan la conformación de las regiones.
Este cambio es tan profundo que debe ir acompañado de una reforma constitucional que exprese un modelo político orientado a la gobernabilidad y desarrollo de las regiones y la generación de condiciones para la gobernanza del territorio, expresado en nuevas formas (regiones, municipios y comunas), y prácticas de la gestión pública territorial que permitan alcanzar los mejores indicadores de desarrollo económico y democrático.
En este sentido, el PPOT debería implementar lo que con total claridad plantea la Ley 8051 y el PEMza2030 en el eje estratégico Nº 10: “Desarrollar el territorio de manera equilibrada, equitativa y sustentable, integrando y desarrollando cada región de la provincia respetando sus potencialidades y aptitudes, así como las expectativas y necesidades de su población”.
Una región singular y estratégica
La realidad histórica expresa una fragmentación territorial entre el norte y el sur provincial que no es sólo geográfica. Según nota de MDZ / 5-10-14, ocho Cámaras Industriales mendocinas, desde principios de este año y después de 9 meses, elaboraron un plan industrial que pretende mostrar la Mendoza que esperan para los próximos 50 años, sin la participación de las asociaciones industriales del sur provincial.
Por otra parte, en reuniones mantenidas con funcionarios de planificación del sur provincial, nos han expresado sus sensaciones de sentirse como una región “periférica”.
La región Sur de Mendoza (San Rafael, Alvear y Malargüe) representa más del 50% del territorio provincial y conforma, con el norte del Neuquén, una de las áreas del país de mayor importancia estratégica para los próximos 50 años, con notables potencialidades para orientar políticas que den respuesta al objetivo de reequilibro territorial y desarrollo equitativo y sustentable.
El escenario deseado que surge de los planes estratégicos de la Macrorregión Pehuenche, Cuemeco, y la Microrregión de la Cuenca Alta o del Borde Andino del Plan Estratégico Territorial de la Región del Río Colorado, producto del trabajo de las provincias, los municipios y la Nación, define la necesidad de desarrollar proyectos compartidos y alianzas entre actores y una fuerte dinámica de integración productiva y social que potencien las múltiples posibilidades de desarrollo en la región, proponiendo además un modelo de gobernanza regional innovador, adaptado a las nuevas condiciones de los procesos de descentralización, mediante la convergencia entre Nación-provincias y gobiernos locales.
Se apunta a consolidar la región como un espacio clave en la integración norte-sur y este-oeste de la norpatagonia, pasando de ser un espacio vacío apropiado por actores externos a un territorio construido por actores locales con un proyecto de desarrollo regional endógeno.
La creación de la región supone un proceso de construcción política y social en el que deben participar todos los actores sociales y económicos además de los políticos.
El territorio socialmente organizado no debe adaptarse en forma pasiva a los grandes procesos y macro transformaciones que sobrevendrán por factores externos sino que debe desplegar iniciativas propias a partir de sus particularidades territoriales (geográficas, económicas, políticas, sociales, ambientales).
Propuesta de regionalización
La propuesta consiste en crear en consonancia con el Art. 124 de la CN, una región y un órgano de gestión regional que, a través del asociativismo público-privado, potencie iniciativas comunes de la región y los municipios involucrados.
Se busca fortalecer capacidades de articulación territorial como la planificación estratégica, la identificación de oportunidades productivas y la gestión local de proyectos de desarrollo en la zona.
Trabajar en compatibilizar este proyecto de desarrollo regional con la estructura y estrategia provincial sería bajar a nivel de región la estrategia del PPOT, interescalando los niveles de Nación- provincias-municipios y articulando el órgano regional a crear con las corporaciones de desarrollo regional existentes del Maule (VI Región) y O’Higgins (VII Región) en Chile.
Para profundizar este esfuerzo de integración regional, los intendentes de la región y representantes de la sociedad civil deberían acordar el desarrollo de una agenda común para garantizar las acciones de Estado que exige el presente y futuro de un territorio que sólo con observar el modelo deseado que expresan el PPOT y PET*, se destaca como una “región sustantiva”.
En este marco y basado en el referido texto constitucional, proponemos la creación de la región mediante un tratado de integración regional entre las provincias y municipios involucrados, como una instancia para promover y fortalecer los procesos de integración, tanto provincial como nacional e internacional, a través de la estructuración, gestión y articulación de acciones conjuntas que permitan superar los desequilibrios y potenciar el desarrollo.
Para obtener resultados concretos, el proceso debe identificar ejes estratégicos de actuación y proyectos prioritarios que recojan, en gran medida, las dinámicas desarrolladas en los distintos municipios y que se proyecten en el conjunto de la región. Para ello proponemos las siguientes líneas de acción:
Apoyar el proceso de desarrollo institucional, para lo cual poner a consideración del Gobierno provincial una propuesta conjunta de constitución de la región.
Proponer y asesorar al Gobierno provincial en la creación y definición de las líneas maestras para la constitución de un órgano regional que se constituya en la instancia regional de coordinación para la planificación, gestión y operación de los proyectos regionales.
Creación de un centro de pensamiento en estrategias competitivas y el análisis de los antecedentes de planificación regional existentes, coordinado entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los municipios involucrados, así como de la situación actual de la región en los aspectos institucionales para la planificación, gestión y operación de los proyectos conjuntos entre los sectores público y privado con una perspectiva territorial.
Proponer un modelo de descentralización administrativa regional de organismos de alta incidencia en el desarrollo del territorio (energía, conectividad, recursos hídricos...).
Diseño del alcance del órgano regional de desarrollo territorial, definición de la figura legal más adecuada, su estrategia corporativa y las líneas estratégicas de su intervención.
Identificación de fuentes de financiación y posibles aliados estratégicos para la constitución del órgano regional de desarrollo territorial de la región y confección de un mapa de inversiones.
Impulso de los “proyectos estructurantes” de la región: embalses multipropósito Portezuelo del Viento (río Grande) y Cari Lauquen (río Barrancas), Paso Pehuenche, Paso Las Leñas, Ruta 40, Ruta 188, FFCC Unión Pacífico, trasvase con repotenciación de Nihuiles y puesta en producción de 80.000 nuevas hectáreas; acueducto ganadero; optimización de la red hídrica (reclamo judicial por efecto de las aguas claras), yacimientos petroleros y mineros (Vaca Muerta, Hierro Indio, Cerro Amarillo, Vale...), entre otros.
Promover la realización de un foro en el que se presenten similares experiencias nacionales e internacionales exitosas, que sirvan de referencia para el proceso.
*PPOT: Plan Provincial de Ordenamiento Territorial *PET: Plan Estratégico Territorial (Nacional)
