La democracia es más que un sistema político o una forma de elegir a los gobernantes. Es un ideal, una construcción permanente que nos exige siempre el esfuerzo de mejorar; entre otras cosas mejorar las instituciones, los mecanismos electorales y la calidad de la democracia misma. Esto es precisamente lo que buscamos con la ley de reforma electoral sancionada días pasados, por el voto unánime tanto de senadores como de diputados.
Entre sus puntos principales, dicha sanción establece la obligación para todos los partidos de realizar primarias abiertas y simultáneas (PASO), regula la contratación de publicidad en las campañas electorales e implementa gradualmente el voto electrónico.
Al permitir, mediante las PASO, que toda la ciudadanía participe en las elecciones internas de los partidos, estos se verán en la necesidad de abandonar prácticas que no siempre han sido positivas para la vida democrática y exigirá que los candidatos centren su atención en las demandas de la sociedad y las hagan propias, antes que absorberse en las discusiones internas del partido. Las PASO demandarán tener buenas propuestas y hacerlas llegar al elector más que gastar recursos en llevarlo a votar.
La ley prohíbe a los partidos y candidatos contratar publicidad de campaña (en radio, televisión, vía pública y gráfica) debiendo el Estado nacional proveer gratuitamente los espacios audiovisuales, distribuyéndose la mitad en forma igualitaria entre todos los partidos sin importar su tamaño, y el resto en proporción a los votos obtenidos.
Esto busca que en una campaña sean más importantes el mensaje y las propuestas de cada candidato, que su capacidad económica. Ya pudimos ver el resultado de esto en las recientes elecciones nacionales, con el crecimiento de expresiones políticas que antes no habían podido tener presencia mediática.
La ley impone también la aplicación gradual del voto electrónico, abandonando la conocida boleta sábana. En una primera etapa lo aplicarán los municipios que voluntariamente lo requieran, para aplicarse en 2017 al menos en la mitad de las mesas y en la totalidad en 2019.
El voto electrónico, como explicaba un legislador de la oposición, es una boleta única electrónica, lo que implica abandonar el arrastre que podía tener un candidato respecto al resto de la lista mediante la boleta papel. Esto facilita al votante elegir para cada cargo al dirigente que mejor lo represente, simplemente señalando su foto en una pantalla.
En este aspecto aún está pendiente revisar el sistema de listas sábana integradas por varios candidatos, pero ello escapa a una ley y exige una revisión -ya largamente adeudada- de nuestra Constitución.
La incorporación de tecnología al proceso electoral permitirá también tener los resultados de las elecciones mucho más rápido y en forma más transparente, eliminando los problemas de provisión de boletas y de estructura de fiscales, de los que hoy se quejan varios partidos.
El remplazo de un sistema que hemos utilizado durante 30 años, como es la boleta papel, para pasar a un sistema electrónico, debe ser realizado gradualmente para que el elector sienta confianza en su uso y en la transparencia del mismo. En este mismo sentido debemos destacar las mejoras en los padrones, que hoy cuentan con la foto de los electores, lo que mejora la transparencia del sistema.
El proceso de diálogo que llevó a acordar esta ley con todas las fuerzas políticas exigió resignar posiciones individuales y escuchar las posturas de los demás para poder construir un proyecto de consenso que recibiera el apoyo de todos los legisladores. Así, se incorporaron numerosos aportes de la oposición como el financiamiento de los partidos y la obligación de estos de capacitar a sus dirigentes, establecer a la Junta Electoral Provincial como la autoridad a cargo del control de las campañas y la posibilidad de desdoblar las elecciones provinciales respecto de las nacionales.
En los 30 años que llevamos desde la recuperación de nuestra democracia, Mendoza se ha caracterizado generalmente por el buen nivel de diálogo de su dirigencia política, pero también por la imposibilidad de renovar nuestras instituciones.
La democracia es una construcción permanente, siempre exige ser mejorada para responder a las nuevas demandas. En este sentido decía nuestro Gobernador al asumir que "ha llegado el tiempo de discutir la necesidad de una reforma constitucional y política".
Sin dudas Mendoza necesita que encaremos muchas otras transformaciones, en lo institucional y en lo económico. La sanción de esta ley con el apoyo unánime de todas las fuerzas políticas representadas en la Legislatura nos muestra que, si existe la voluntad de mejorar nuestra democracia y el coraje de ir más allá de posiciones individuales, podemos transformar nuestra provincia siguiendo el camino del diálogo y consenso.