Un análisis objetivo del conjunto de medidas anunciadas para el sector vitivinícola exige hacerlo a partir de un profundo conocimiento de la historia de nuestra vitivinicultura, de las recurrentes crisis provocadas por un desequilibrio estructural entre oferta y demanda y de la gravedad de la situación actual dada la imperiosa necesidad de encontrar una solución al dramático problema que aqueja a miles de viñateros no integrados a la cadena de valor, que están desesperanzados porque, a causa de la retracción de la demanda, su único ingreso anual está atado a la venta de un producto perecedero sin precio de mercado.
Las heladas tardías de fines de otoño y las excepcionales lluvias estivales de los últimos 30 días, han provocado una fuerte baja en la producción que será muy inferior a la del año anterior, en un porcentaje que el INV subestimó en su primer pronóstico y se corrigió en parte en la actualización posterior.
Este hecho, más el bajo nivel de stock vínico proyectado a la fecha de liberación del vino nuevo, no se condice con los bajos precios que en la actualidad se ofrece a los viñateros por la uva de la presente cosecha.
En este marco se anuncian las medidas oficiales para el sector, las que han provocado reacciones que van desde una total aprobación hasta un fuerte rechazo, lo cual refleja no sólo intereses contrapuestos sino también marcadas diferencias ideológicas.
Quienes hoy critican la intervención del Estado parecen desconocer que en los peores momentos de la vieja vitivinicultura, cuando aún operaba Giol en el mercado, pedían a viva voz que la bodega estatal participara cada vez más activamente en el mercado de uvas y de vinos de traslado.
Queda claro que la presencia del Estado en el mercado respondía no tanto al afán intervencionista del gobierno sino fundamentalmente en respuesta a la demanda generalizada de los actores del sector y de las dirigencias política y empresaria, frente a las recurrentes crisis de sobreoferta que erosionaba fuertemente la rentabilidad de las empresas.
La permanente búsqueda de protección estatal terminó trasladándose al conjunto de la sociedad mendocina que veía en GIOL un símbolo de la soberanía económica provincial. Se explica entonces por qué la empresa estatal sobrevivió a administraciones provinciales tan diversas como las de los partidos políticos justicialista, conservador o el gobierno de facto.
En círculos más politizados escuchamos frecuentemente verdades a medias tales como "cuando se terminó la abusiva intervención del Estado empresario, la industria se reconvirtió y se volvió competitiva".
Aun cuando haya parte de verdad en esa afirmación, no se reconoce que dicho quiebre ocurrió no por arte de magia sino como consecuencia de una deliberada decisión política del gobernador José Octavio Bordón quien, con mucha valentía y firme convicción, decidió llevar adelante la privatización de GIOL y su posterior traspaso a las cooperativas vitivinícolas.
Lo que no se entendía era que tal decisión se tomó en defensa del pequeño y mediano viñatero que, lejos de verse favorecidos por Giol y por su política de compra de uvas, continuaban en la más mísera pobreza percibiendo niveles de ingresos de subsistencia, mientras que las bodegas más grandes, mucho más eficientes e integradas verticalmente, recibían una renta económica extraordinaria resultante de las ineficiencias que la bodega estatal acumulaba en cada eslabón de la cadena de valor.
Así, las políticas aplicadas no sólo resultaron ineficaces sino totalmente contrarias para el objetivo de alcanzar una mayor equidad distributiva. En aquel momento y en ese contexto, la intervención estatal en el mercado no molestaba.
Después de mucho tiempo y luego de hacer mi propia autocrítica como ex funcionario de la bodega estatal, pude comprender que la fijación de precios referenciales por parte de Giol se convirtió en un mecanismo perverso que demoró aproximadamente dos décadas la reforma estructural del sector a partir de la cual comenzó a revertirse el permanente desequilibrio entre oferta y demanda, sentando las bases para el resurgimiento de una nueva vitivinicultura.
La enseñanza de tan traumática experiencia es que debemos mirar al sector con una visión de conjunto que busque el bien común por encima de intereses particulares, y que más allá de si el gobierno provincial interviene o no en la coyuntura, lo que importa es que todos aportemos al diseño de una política de Estado de largo plazo.
Dicha política en sus grandes lineamientos debería partir con la actualización del PEVI 2020 y definir un claro rol del Estado que implemente políticas públicas activas a través de mecanismos transparentes y eficientes.
Que pueda suplir las falencias del mercado y que lo complemente cuando sus resultados no satisfagan los objetivos de equidad que demanda una vitivinicultura moderna, inclusiva y sustentable.
Con este entendimiento analizaré los anuncios oficiales preguntando: ¿por qué está mal que el Estado provincial se preocupe por la situación del eslabón más débil de la cadena y trate de evitar que el ya deteriorado precio de la uva y del vino de traslado continúe degradándose aún más, expulsando del circuito comercial a un mayor número de productores que se sumarán a los que hoy ya lo están?
¿No será que desde el Estado se ve la necesidad de intervenir para suplir las falencias del mercado por la falta de concurrencia del sector privado, dejando así de cumplir con la enorme responsabilidad que le cabe como principal protagonista del mecanismo de formación del precio de la uva y del vino de traslado?
Si el sector privado, ejerciendo su legítimo derecho, decide no participar activamente en el mercado de uvas, es un deber del Estado buscar alternativas de intervención que suplan dicha ausencia para promover el crecimiento económico sostenido del sector y garantizar la equidad distributiva entre todos los actores que lo conforman.
También me pregunto, ¿por qué causa tanta preocupación el anuncio del gobierno provincial de destinar fondos de la Nación para poner en funcionamiento un Fondo Estabilizador del mercado interno?
Tal preocupación es injustificada si tenemos en claro: 1) que por tratarse de un mercado imperfecto y concentrado, existen razones de "necesidad y urgencia" para atender los graves problemas de la coyuntura actual; 2) que el citado instrumento, además de inyectar financiamiento, puede considerarse como una política de transición hacia un mecanismo de optimización de stocks para la estabilización del mercado que contrarreste las fluctuaciones interanuales de la oferta; 3) que es posible tomar recaudos para que no se convierta en un mecanismo de precio sostén que nos retrotraiga al pasado y a la reedición de una errónea intervención del Estado.
Existen suficientes experiencias en el mundo que demuestran que los precios sostén resultaron en rotundos fracasos, que no mejoraron la situación económica del productor con el agravante de que una vez instalados resulta políticamente muy difícil desmantelarlos.
En la sección Opinión de la edición del 22/10/13 de Los Andes presenté una propuesta de manejo de stocks para la estabilización del mercado interno.
La última pregunta se refiere al mensaje vendimial enviado por el Papa Francisco en el que nos convoca a trabajar juntos por una Mendoza equitativa y solidaria. ¿Seremos capaces de lograrlo?
