28 de marzo de 2014 - 10:44

La rebelión de los gobernadores petroleros

Los mandatarios no quieren poner plata para pagarle a Repsol la indemnización por la expropiación. Piden una solución política. Nación y provincias coinciden en un punto: esperan que Galuccio consiga financiamiento barato e YPF reparta utilidades para ali

Los gobernadores de provincias petroleras no quieren poner plata para indemnizar a Repsol por la expropiación del 51% de las acciones de YPF que abonará el Tesoro nacional a través de la emisión de títulos públicos por hasta 5.000 millones de dólares.

Por eso, la buena noticia del acuerdo de solución amigable y avenimiento con la firma española que salió a capitalizar el Gobierno nacional se transformó en una situación de tensión para las provincias integrantes de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi), a las que la ley de renacionalización de YPF -N° 26.741- les reservó el 49% del 51% de las acciones expropiadas (el 51% restante es para el Estado nacional).

La novedad, que cayó como un balde de agua fría en las provincias hidrocarburíferas, provino de nada menos que del poderoso secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, el hombre que acompaña a la familia Kirchner desde que ésta empezó a construir poder político en Santa Cruz hace dos décadas.

Zannini, consultado cuando asistió hace dos semanas al Senado a defender el acuerdo con Repsol, dijo: "Esta es la primera oportunidad que tenemos de tener un precio cierto de esas participaciones. Es decir, la Nación no les va a poder reclamar a las provincias más que el porcentaje de los 5.000 millones de dólares que está pagando por la empresa".

Blanco sobre negro: las provincias deberán poner 2.450 millones de dólares en forma global por el 49% del 51% nacionalizado, de los cuales 500 millones le corresponderían a Mendoza porque se queda con 20,6% del paquete reservado a los estados hidrocarburíferos. Ese 20,6% se traduce en un 5% del total accionario que está en manos tanto del sector público como de los privados.

El gobierno de Francisco "Paco" Pérez tuvo reacciones contradictorias. Primero, altos funcionarios dijeron que el pago de estos 500 millones que debería hacer Mendoza "son una inversión" y se animaron a opinar que la Nación negociará con flexibilidad con los Estados petroleros porque, como dijo Zannini en el Senado, "no hay un espíritu de hacer más pobres a las provincias".

Pero, a contrapelo, el propio Pérez salió, una semana después, a negar la posibilidad de que Mendoza tenga que pagar. Rotundamente, aseguró ante este diario que "eso no se discutió ni en la Ofephi ni en el directorio de YPF".

Otros gobernadores petroleros dijeron directamente que no pondrán dinero. Son los casos del chubutense Martín Buzzi, titular de la Ofephi, y del neuquino Jorge Sapag. "Mi provincia no pondrá plata en YPF, lo que debe hacerse es buscar una solución política", sostuvo Buzzi. "Nosotros dinero contante y sonante no vamos a poner", reafirmó. "No vamos a pagar en efectivo ni a endeudarnos por las acciones de YPF que nos corresponden", expresó Sapag.

El neuquino planteó una idea que los demás gobernadores petroleros ven con buenos ojos: que las provincias paguen con las utilidades futuras que genere YPF. Se imitaría así la manera en que el Grupo Petersen de la familia Eskenazi pagó su participación en YPF cuando en 2008 Néstor Kirchner negoció en España que una parte del capital de la empresa pasara a ser nacional -aunque paradójicamente el Grupo Petersen tuviera sede en Australia-, lo que, valga remarcar, no hizo más que acelerar el proceso de desinversión que sufrió la compañía.

Pero esta propuesta no seduce en lo más mínimo al CEO Miguel Galuccio, quien tiene como meta reinvertir el 100% de las utilidades en la explotación y exploración para poder ponerle fin al déficit energético.

En su paso por el Senado, Zannini dejó abierta las negociaciones con los gobernadores. "Me atrevería a decir que un buen concepto sería, por ejemplo, que las provincias pudieran adquirir eso como lo está adquiriendo la Nación en este momento, replicando de alguna manera las obligaciones nacionales. Pero ese puede ser un procedimiento que no satisfaga a las provincias argentinas.

También podrá entrarse en negociación y fijar otro valor que sea conveniente, que pueda incluir desde cesión de activos, regalías, lo que se les ocurra reclamar a los señores gobernadores y conceder a los representantes del Gobierno nacional", sostuvo. "Esta no es una cuestión terminada. Es una cuestión a discutir con los gobernadores", aclaró.

Es curioso el desconcierto de los "petrogobernadores" con respecto al pago de las acciones de YPF que blanqueó Zannini. Desde el primer momento en que el Gobierno nacional decidió correr a Repsol de la compañía, ellos fueron parte decisiva del plan de acción. Revirtieron áreas por falta de inversión, plantearon demandas judiciales por daños ambientales y lanzaron todo tipo de críticas a los españoles, pese a que poco antes les habían prorrogado las concesiones sin muchos reparos.

El ida y vuelta entre los mandatarios de la Ofephi y el Gobierno nacional siempre fue dinámico en estos dos años, de modo que no podían desconocer que la transferencia accionaria sería a título oneroso, por más que ni la ley 26.741 ni el Acuerdo Federal para la Implementación de dicha norma que en agosto de 2012 firmaron todos los mandatarios con Julio de Vido -ante la presencia de la presidenta Cristina Kirchner- lo dijeran explícitamente.

Este convenio fijó cuántas acciones le corresponderán a cada provincia: Mendoza tendrá 20,6%, detrás de Neuquén con 41,8% y de Santa Cruz, con 20,9%. Dicha ventaja comparativa de estas dos provincias sobre Mendoza llevó a que sus gobernadores tuvieran actitudes opuestas a las que tuvo Pérez.

El neuquino Sapag mandó a la Legislatura el convenio para darle fuerza de ley y el santacruceño Daniel Peralta logró que el Poder Legislativo provincial aprobase un pago a cuenta del Tesoro nacional por las acciones. Reafirmaron, así, que negociaron exitosamente el reparto accionario. Pérez, en cambio, nunca envió el acuerdo a la Legislatura y tampoco lo dio a publicidad.

Fuentes del Gobierno nacional indican que la negociación de la que habló Zannini no se abrirá hasta que el Estado se haga de la titularidad de las acciones expropiadas cuando se termine de cumplir cada cláusula del acuerdo de avenimiento firmado con Repsol. Una vez que esto suceda, la Nación concentrará 51% de las acciones, es decir, su parte y la que tienen prometidas las provincias.

La cesión -reza el convenio de aplicación de la ley 26.741- se hará cuando cada uno de los distritos firme con la Nación sendos acuerdos que "reglarán las condiciones específicas, tales como la reversión de áreas, la renovación de concesiones, el otorgamiento de nuevas áreas, el establecimiento para la compañía de la primera opción en bloques de exploración revertidos a otras operadoras y en nuevos bloques, así como las condiciones para la exploración y la explotación de nuevos bloques con reservas no convencionales".

Esto significa que no sólo las provincias deberán pagar por sus acciones, como dijo Zannini, sino que deberán negociar ventajas para YPF si pretenden hacerse de la titularidad accionaria. A ello hay que sumar el hecho de que las provincias y la Nación sindicarán sus acciones -lo establece la ley- por 50 años, de modo que los Estados subnacionales deberán votar siempre como diga el Estado nacional, que tiene mayor participación.

En este marco los gobernadores piden una solución política. Zannini parece más proclive a escucharlos que el ministro de Economía, Axel Kicillof, quien ya le trasladó un recorte al precio de boca de pozo -del que surgen las regalías- para acotar los costos de las compañías petroleras y bajar el precio de las naftas.

En el horizonte más cercano hay, sin embargo, algo que une tanto a los gobernadores como al Estado nacional. Se trata de la posibilidad de que YPF consiga financiamiento internacional a tasas razonables, esas que se le niegan al Estado argentino y a las provincias.

La intención de Galuccio es obtener al menos 1.000 millones de dólares en el corto plazo. Si así fuera, algunos de los actores sentados en la mesa de accionistas aspiran a obtener ganancias este año para aliviar el déficit fiscal que tienen. Pero, como ya señalamos, esto va a contramano de la decisión del CEO de reinvertir la totalidad de las utilidades e impedir que YPF, empresa que cotiza en Bolsa, reciba un sacudón en sus acciones.

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