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Finalmente, el gobierno no llegó a un arreglo con los fondos buitres y, al cumplirse el plazo, quedó en default. Más allá de las tonalidades que se utilicen, lo cierto es que la comunidad financiera considera que Argentina está en default, por lo tanto no sirve de nada mirarse al espejo y luego salir gritando que no estamos en default.
En realidad esto iba a llegar. Hace más de dos años el juez de Nueva York, Thomas Griesa, dictó sentencia a favor de los fondos buitres y ordenó pagar la totalidad del valor nominal de los bonos que entraron en default en 2001, más intereses. Esto suma algo así como 1.500 millones de dólares, aunque los cálculos varían según quién haga la cuenta.
La sentencia no quedaba firme porque Argentina apeló el fallo del juez en varias instancias, hasta que en junio pasado quedó definitivamente firme ante la negativa de la Corte Suprema de Estados Unidos de escuchar las peticiones argentinas. En esa instancia también quedó firme la decisión del juez que ordenaba no pagar a los nuevos bonistas hasta que no se cancelara con los demandantes y quedó sin efecto el amparo que había favorecido a la Argentina mientras se tramitaban las apelaciones.
Es claro que el gobierno sabía lo que se venía pero confiaba en que alguna instancia judicial le podía favorecer pero nunca tuvo un plan B, por si el principal le fallaba. Además, la realidad es más dura porque hay un fallo firme y lo que hay que hacer es cumplirlo. Las demás consideraciones, aunque fueran razonables, no son aplicables.
Argentina emitió un bono y, voluntariamente, dijo que el mismo se regía por la ley de Estados Unidos y la de Nueva York y se sometía a la jurisdicción de los jueces de esa ciudad. Frente a esto, un juez dictó un fallo y la Argentina, ahora, se niega a cumplirlo.
El ministro Axel Kicillof y la presidenta insisten en que Argentina pagó y el que impide que los acreedores cobren es el juez de Nueva York, pero también queda claro que en nuestro sistema jurídico y en el de la mayoría de los países, un pago se considera perfeccionado cuando el destinatario cobra. Si éste no cobra, no hay pago y ésta es la situación actual de la Argentina.
Qué se puede hacer
Argentina podría haber cumplido el fallo del juez sin que se le pudiera oponer la cláusula RUFO, por la que habría que trasladar a todos los bonistas cualquier mejora que Argentina hiciera en forma voluntaria a los que no entraron. Pero algunos abogados dudan, aunque no hay nada menos voluntario y más obligatorio que cumplir un fallo judicial firme, salvo que exijan una ejecución de sentencia, pero es una exageración.
El ministro Kicillof ha hecho referencia a la necesidad de cumplir con obligaciones legales, pero eso incluye también cumplir con las leyes de Nueva York, que fue la jurisdicción que voluntariamente eligió la Argentina.
A esta altura de los acontecimientos, Argentina debería encontrar un mecanismo legal que le permita negociar con los fondos buitres sin que le apliquen la cláusula RUFO, porque negociar no es lo mismo que conceder voluntariamente. Y este mecanismo debería permitirle llegar hasta fines de diciembre de 2014, que es cuando dicha cláusula deja de tener vigencia.
La situación podría abordarse mediante el pago de un depósito de dinero del Banco Central como garantía y señal de buena fe. Señalamos esto porque no es lo mismo que ese depósito lo haga el BCRA a que lo hagan banqueros particulares. Si lo hace el mismo Estado es más serio, porque los particulares, aunque sean banqueros, no pueden garantizar que el país cumplirá con sus obligaciones.
Toda la traba estaría en la aplicación de la cláusula RUFO y, quizás, eso explique por qué el gobierno hace tanto esfuerzo en señalar que no pagará una suma superior a la acordada con los bonistas que entraron al canje. Pero el problema es que hay una sentencia judicial, que aunque no sea perfecta, ha quedado firme y debe cumplirse.
Lo que puede venir
Hay que recordar que hay un 7% de bonistas originales que no entraron en el canje que ya tienen el canal abierto para exigir sus acreencias teniendo como antecedente el fallo de juez Griesa en favor de los fondos buitres. Entre la mayoría de esos acreedores hay particulares así como fondos de pensión de jubilados italianos. Estos suman unos 15.000 millones de dólares originales.
Esta suma, en su momento, habrá que pagarla también, aunque habrá que esperar los fallos de la Justicia, salvo que se haga una negociación después del 1 de enero de 2015.
Pero al considerarse que la Argentina está en default, se activan los seguros contra el mismo y la aplicación de una cláusula que tiene los mismos bonos del canje que permiten a los acreedores pedir la ejecución de la totalidad de la deuda en caso de un incumplimiento.
Argentina debe tener mucho cuidado en los movimientos que hace. La intervención de los bancos argentinos quedó, claramente, como una maniobra orquestada por el mismo gobierno, ya que luego se supo que los banqueros argentinos no ponían plata sino que la obtenían por la vía del Banco Central.
En esta situación de parate hay que esperar que si Argentina no paga el fallo, si no obtiene una espera hasta enero de 2015 y no consigue estirar los plazos mediante negociaciones, el juez ordene la ejecución de la sentencia, aunque no es tan fácil hacerlo, ya que los bienes de los Estados tienen inmunidad.
De todos modos, podremos ver una catarata de acciones tendientes a embargar distintos bienes. Desde el avión presidencial hasta acciones de YPF en poder del Estado o acciones de empresas que el estado heredó de la estatización de las AFJP y hoy forman parte de del Fondo de Estabilidad del sistema previsional.
Consecuencias en la economía
Son variadas las interpretaciones acerca de los problemas que pueden acarrear a la economía argentina haber entrado en default (aunque el ministro lo niegue). En principio se corta el crédito internacional, pero todavía estamos fuera del sistema por lo cual esta situación no nos afectaría. El problema sería para empresas o bancos que no podrían financiar operaciones de comercio exterior u obtener créditos.
Desde lo comercial, el problema mayor de la Argentina no es el default sino la inflación, y en esto el culpable no es Griesa sino Kicillof, Cristina Fernández y su gobierno. La inflación se ha comido las ventajas de la devaluación de enero, carcome los salarios y quita poder de compra a los trabajadores. La inflación genera una suba de la tasa de interés que no es compensada por una economía estancada o en recesión con alta inflación.
Esta situación hará que la caída de la inversión sea mayor, que la desaceleración de la economía nos posicione en terreno de recesión seguro, con sus consecuencias como el aumento del desempleo.
Como se ve, los problemas de la economía argentina devienen más del diseño de política económica que del default mismo, aunque, en el largo plazo, estas situaciones se harán sentir porque agravarán un poco más las condiciones negativas actuales.