A fines del año 1994, los Poderes Ejecutivos de Mendoza y San Juan suscribieron un Tratado Interprovincial con el objetivo de evitar los excedentes vínicos y sus consecuencias negativa en la rentabilidad de los productores vitivinícolas.
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A fines del año 1994, los Poderes Ejecutivos de Mendoza y San Juan suscribieron un Tratado Interprovincial con el objetivo de evitar los excedentes vínicos y sus consecuencias negativa en la rentabilidad de los productores vitivinícolas.
Dicho Tratado fue aprobado por Ley en ambas provincias y consistía, básicamente, en establecer una contribución obligatoria (una suerte de impuesto) por kilogramo de uva elaborado, a todos aquellos establecimientos vitivinícolas que no cumplieran con la pauta de diversificación que establecen anualmente los ejecutivos provinciales. Más comúnmente denominado: porcentaje a mosto o cupo de mosto. Es decir que, para no ser castigados, los establecimientos tenían que elaborar el porcentaje de mosto que establecían los gobiernos, ya sea en sus propias bodegas o en terceros establecimientos.
Durante el segundo quinquenio de los 90`s, se produjo en Mendoza un gran cambio productivo, tanto en fincas como en bodegas, tendiendo a mejorar la calidad de los vinos con el objetivo de ser exportados. Por tanto, ese proceso hizo que a una gran parte de la vitivinicultura mendocina le quedara "incomodo" elaborar mosto por obligación o comprar cupo. Es allí donde, por Resolución del Fondo Vitivinícola Mendoza (FVM), se instituye el incentivo a las exportaciones, mecanismo por el cual aquellos establecimientos que exportan vino se le computan dichos volúmenes enviados al exterior como si fuera elaboración de mosto, ya que se entendió que eso también contribuía a reducir excedentes vínicos.
Corría el año 2005, y crecimiento del mercado negro de cupos mediante, Mendoza necesitó volver a realizar un retoque al esquema. Esta vez, creando la Mesa Asignadora de Cupos, que no es más ni menos, que un esquema virtual por el cual el Gobierno de Mendoza "confisca" el 70% del excedente de cupos que tienen algunos elaboradores, para después distribuirlos (sin costo alguno) a establecimientos vitivinícolas fraccionadores de vino que apuntan a la calidad y/o al mercado externo.
Finalmente, durante el año 2015 (crisis vitivinícola) se creó vía Resolución del FVM el incentivo a los derivados vínicos, que establecía un mecanismo para que los incumplidores pudieran destinar vinos a destilación y de esta forma alcanzar la pauta diversificadora del año.
En suma, en Mendoza existen varias alternativas para cumplir con el Acuerdo Interprovincial; mientras que, en San Juan solamente se toma en cuenta la elaboración de mosto, ya que siempre es superior a la pauta establecida. Por lo que, se cumple como provincia, pero no se realiza un control por bodega como ocurre en Mendoza; ni tampoco, se creó su propio Fondo Vitivinícola. Por esta razón, es que algunos sanjuaninos "desconocen y cuestionan" los otros mecanismos de cumplimiento que instituyó Mendoza durante estos 23 años.
Ahora bien, vamos a los resultados empíricos. Desde el 2002 a la fecha, el promedio de pauta diversificadora establecida fue del 26%.
-San Juan como provincia (no por establecimiento) siempre el sobre cumplió, a través de la elaboración de mosto (45% en promedio)
-Mendoza, como provincia hizo un promedio de 19% de mosto y exportó vinos por un 18%. Es decir que, con los dos mecanismos, también sobre cumplió (37%).
Como ya se mencionó, en San Juan no hay control por bodega. Por eso no podemos saber cuántos establecimientos realmente incumplieron el Acuerdo.
Por el contrario, se puede ver que durante los dos años de la gestión Cornejo, los establecimientos incumplidores en Mendoza no superan el dígito, de un total de más de 600 bodegas que elaboraron en 2017 y de 514 en 2016. La magnitud del incumplimiento fue de 7,3 millones de litros en 2017 y de 510.000 litros en 2016, cifras que representan el 0,7% y el 0,1% de la elaboración total, respectivamente. Por tanto, la expresión "Mendoza no cumple" es cierta, pero exagerada e insignificante al momento de incidir en los precios que reciben los productores.
Lo dicho anteriormente se corrobora cuando se observa lo ocurrido en los "peores" años del cuadro (2011 y 2015), donde el 1,7% y el 6% de los establecimientos vitivinícolas incumplieron, respectivamente. En tanto que, la magnitud del desvío fue de unos 20 millones de litros en ambos años.
Es decir, el 1,5% de la elaboración total.
En conclusión, cuando se hace un análisis fino de qué estamos hablando cuando decimos cumplió o no cumplió con el Acuerdo, los discursos de barricada se relativizan en forma contundente. Esto es lo que hemos entendido los gobiernos de ambas provincias al momento de encarar un nuevo Tratado de Diversificación Vitivinícola para la Región.