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Ante el actual estallido social en Chile, es de público conocimiento que la Constitución vigente fue creada en 1980, pleno gobierno de facto de Augusto Pinochet. Casi tres décadas han pasado y la única alternativa real para salir de la tremenda crisis político-social, pasa por la reforma de su Carta Magna.
Si bien no era la intención del gobierno aplicar dicha reforma, ante los incesantes reclamos y manifestaciones por cambios estructurales, se vieron obligados a generar un acuerdo político amplio para avanzar sobre la misma. Salvo el Partido Comunista y otros menores, los demás partidos integran dicho acuerdo.
Para avanzar con lo planteado, el Parlamento chileno decidió el 15 de noviembre convocar a un plebiscito para abril de 2020, cuando la ciudadanía deberá decidir si está de acuerdo en avanzar con el proceso constituyente para redactar una nueva Constitución. Mediante dos preguntas se avanzará o no con la reforma. ¿Quiere usted una nueva Constitución? Aprueba o Rechaza, y ¿Qué tipo de órgano debería redactar la nueva Constitución? Convención mixta constitucional o Convención constitucional.
Una vez realizada la reforma, se llevará a cabo un plebiscito ratificatorio, en forma conjunta con las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2021, que permitirá a la ciudadanía ratificar o rechazar la nueva Carta Magna.
Mediante la reforma, el pueblo chileno busca principalmente modificar la esencia neoliberal que la Carta Magna posee y que no han podido modificar en los cambios anteriores ya aplicados. Asimismo, buscan dar una perspectiva más inclusiva a derechos esenciales como la salud, la educación y las jubilaciones.
En la Carta Magna vigente, muchos críticos identifican la base fundamental para que la desigualdad se profundizara, por favorecer la privatización de los pilares ya mencionados; salud, educación y jubilaciones. Además, interpretan que su origen es ilegítimo dado que fue hecha por pedido de Pinochet, aprobada por un plebiscito sin registros electorales y con las libertades limitadas.
En relación a la letra chica de la potencial reforma, es muy probable que se reinterpreten los artículos vinculados a los servicios sociales en manos de privados. El artículo 19 de la Constitución vigente, refiere a la entrega de los servicios como salud, educación y jubilaciones a los privados, para intervenir únicamente de ser necesario. En otro apartado de dicho artículo, plantea que el Estado garantizará el libre e igualitario acceso a la salud, sea pública o privada. Esto permite a los sectores con mayores ingresos hacerse de servicios de jerarquía y calidad.
Los acuerdos para la reforma se están llevando a cabo, si bien hay diferencias entre referentes de distintos partidos en cuanto a las formas. Un punto determinante para el éxito de dicho proceso, es que la paciencia de los manifestantes resista hasta abril de 2020, cuando se realice el plebiscito. Por otro lado, que la clase política tenga la capacidad y la cintura para generar las políticas paliativas necesarias para llegar en armonía a dicho proceso. De lo contrario, el conflicto puede potenciarse a instancias de imprevisible complejidad. Desde la renuncia de Sebastián Piñera hasta militarizar nuevamente las calles, son variables que no generarían más que caos y descontento e inestabilidad.
Definitivamente es un momento bisagra en la historia de Chile, una gran oportunidad para generar un país más igualitario, donde todos puedan crecer y proyectarse con los mismos derechos. Una sociedad que dijo basta, generó la posibilidad efectiva de fortalecer sus cimientos mediante herramientas democráticas. En ella está la posibilidad de plasmar un antes y un después que sea irreversible. Una nueva Constitución democrática, es la llave para que ese sueño se empiece a hacer realidad.