Foto:
La instancia de elección de abanderados y escoltas de las banderas Nacional y Provincial ha sido en los últimos años motivo de desencuentros. Con más preguntas que respuestas con respecto a la intención de estos cambios, creo que la mayor dificultad se presenta en el terreno de una evaluación final, de manera similar a los conflictos que se presentan en una evaluación de los aprendizajes.
El art. 11 de la Ley Nacional de Educación (2006), establece entre los fines y objetivos de la política educativa “brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural”, valores estos que se deben enseñar y aprender, pero que luego no son considerados ni en el proceso formativo ni en una evaluación
Así, si el único criterio para tener el honor de portar la Bandera Nacional o la Provincial es un promedio de notas que deja de considerar muchos otros aspectos que hacen a una educación que insiste en llamarse “integral”, continuaremos observando desacuerdos, resistencia y malhumor. Al no existir políticas con fundamentos sólidos, es natural que veamos modificaciones de acuerdo con el criterio de los funcionarios de turno.
Estos criterios relativos o incompletos que terminan siendo material de debates interminables, en los adultos, provocan luego en los estudiantes desinterés por lo que representa el símbolo nacional y negación, como ya ha sucedido en distintas escuelas del país, de portar nuestra Bandera.
Esta es una norma que necesita particular esmero en su elaboración, ya que debe reconocer el esfuerzo, la dedicación y los valores personales y ciudadanos que los estudiantes muestran en sus años de estudio. Necesitamos que los hijos de esta provincia no tengan, como decía Montaigne, una cabeza muy llena sino bien formada.
