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En el transcurso de los últimos días del año 2013 la democracia como régimen político y organización de la sociedad ha vuelto a ponerse en el centro de la escena, ya que, en conmemoración de los treinta años del retorno democrático se multiplicaron los festejos, recordaciones y homenajes. Pero también este aniversario constituye la excusa ideal para hacer revisiones, explorar las supuestas promesas incumplidas y reprochar todo aquello que pudo ser y no fue.
En dicho contexto, el análisis más común del aniversario democrático pone el énfasis en la ausencia de rupturas institucionales y en las asignaturas pendientes en materia de justicia social. Pero por lo menos dos interrogantes u objeciones se ciernen sobre este modo de realizar el examen.
En primer lugar, en el tiempo transcurrido desde 1983, la Argentina está muy lejos de afirmar que la democracia no ha sufrido puntos de inflexión que impusieran quiebres en la vida institucional.
En segundo lugar, la supuesta relación entre democracia y la eliminación de las desigualdades sociales, es la continuidad del imaginario que alguna vez el primer mandatario de este período democrático definiera con la frase "con la democracia se come, se educa, se cura".
Si abordamos el primer punto, se puede afirmar, con alivio, que desde 1983 no hubo golpes militares que derrocaron gobiernos electos. En efecto, en las últimas tres largas décadas, hubo en la Argentina elecciones, aunque con cierto desorden cronológico y disparidad territorial. Pero eso no quiere decir, observando objetivamente los hechos, que haya habido continuidad institucional:
La primera interrupción ocurrió cuando el Presidente Raúl Alfonsín no alcanzó a cumplir su mandato de seis años, y debió traspasar el gobierno en un contexto de golpe de Estado económico, convulsiones sociales, saqueos, presiones de los grupos económicos e hiperinflación.
El segundo quiebre se produce cuando Menem termina su primer mandato, pero en el ínterin promovió su prolongación por cuatro años más, mediante una reforma de la Constitución, que le permitió su reelección. Además resulta importante recordar, que en el ocaso de su segundo mandato, el país estuvo asediado por la amenaza de una supuesta interpretación de la constitución nacional para su re- reelección, bajo el auspicio de una Corte Suprema adicta.
El tercer quiebre fue la renuncia de Fernando de la Rúa , precedida por la de su vicepresidente Carlos Álvarez, que se produjo en diciembre de 2001 bajo la peor crisis económica, social y financiera, provocada por el ya entonces insostenible régimen de paridad fija cambiaria, la luchas intestinas entre los gobernadores opositores y el gobierno nacional, entre otros descalabros.
Dejando de lado los presidentes provisionales -Puerta y Caamaño- que se sucedieron durante ese fatídico diciembre, merece especial atención el fugaz paso de Adolfo Rodríguez Saá, que siendo presidente electo legalmente renunciara ante la ausencia de apoyos de la mayoría de los gobernadores de su partido.
Finalmente, Eduardo Duhalde también interrumpió los plazos constitucionales, anticipando las elecciones. Estos cambios, generaron una incertidumbre legal, trastocando la asunción de Kirchner, en concordancia con la renovación de las cámaras legislativas, y una vez más, se observa un mandato presidencial superior al período constitucionalmente establecido.
La democracia en su acepción procedimental no ha sido respetada; la ausencia de gobiernos de facto obedece más bien a la reivindicación de escrutinios libres por parte de los órganos supranacionales, de las grandes potencias económicas y de los grupos económicos nacionales e internacionales, teniendo como factor excluyente la búsqueda de una seguridad jurídica que no retrotraiga los compromisos asumidos por los gobiernos. Dicho en otros términos, los poderes de la globalización se aseguran que los acuerdos sean firmados por gobiernos legítimos, ej: la deuda externa.
¿Qué democracia?
Se define a la Democracia como un proceso formal de libres competencias electorales. Pero hablar de continuidad democrática en la Argentina desde 1983 implica alguna debilidad argumental, dadas las características bastante anormales que tuvieron los términos, plazos y condiciones en que se dieron esos comicios. Además, si la Democracia es algo más que una forma, y se le exige el requisito que con "ella se coma, se eduque y se cure", una Democracia social con Estado de Derecho, resulta evidente que hay poco para festejar. Las falencias en los logros de esa pretensión son demasiado obvias. Resta, pues, casi todo para hacer desde el proyecto inicial de 1983, cuya intención no era sólo afianzar las formas democráticas; sino también construir una auténtica democracia social y económica.
Se ha descrito de manera muy lúcida la controversia entre democracia e igualdad social; se le exige a la democracia -cuya esencia es la igualdad política- que garantice la igualdad social. No obstante, ambas están intrínsecamente unidas y la extrema desigualdad social implica desigualdad política. Pero si la democracia no cumplió con su cometido no es por falencias institucionales. Si no logramos una modificación real en el papel y la estructura del Estado, es claro que el sistema imperante de desigualdades sociales, en esta suerte de "naturalización" de las exclusiones y de la concentración inequitativa de los ingresos y la riqueza, hace inviable el sistema democrático. La desigualdad social es violencia, por falta de los bienes más imprescindibles para la vida y la inseguridad personal de buena parte de los argentinos.
¿La muerte del modelo?
Los problemas que afronta la Argentina y su gobierno son extraordinariamente complejos, y tienen una gravedad superior, incluso, a los que enfrentábamos, hace treinta años. Sostener que la devaluación en la Argentina fue exitosa, es injusto, por las siguientes dos razones: primera, porque la devaluación no fue producto de una decisión gubernamental, sino el efecto inevitable de un sistema que tuvo como único objetivo la transferencia de ingresos, y segunda razón, el ajuste de salarios fue brutal y el Estado deudor y los monopolios exportadores se apropiaron de la renta provocada por las nuevas diferencias cambiarias.
Si no resolvemos el tema de la inflación y el consecuente exceso de emisión, con la perdida de los pilares que sostenían el supuesto modelo, equilibrio fiscal y presupuestario, superávit en el comercio exterior, protección de las reservas, evitando trabas al comercio y aumentando la confianza al inversor, seguirán algunos pocos apropiándose de la renta. Se necesita que se ejecuten políticas públicas que muestren un cambio sustancial en las formas de hacer política, sino la mala política económica se devorará a la democracia.
Hoy es necesario replantear el debate en sus términos más rigurosos, pero todavía ausentes en el escenario político: la financiación de un desarrollo que armonice crecimiento material y distribución justa, mediante una planificación con prioridades y plazos, que tenga en el Estado soberano democrático y participativo un eje impulsor.
Se trata de una empresa política de gran envergadura. Hay que ponerse de acuerdo en una nueva forma de relacionarse con las provincias, cumpliendo con el Contrato Social, sancionando la ley de coparticipación, logrando el federalismo soñado; con un plan económico dirigido a la eliminación de la pobreza y el desempleo en negro; con un plan de seguridad, de salud y educación que nos otorgue las mismas oportunidades; cumplir con el programa de nuestra Constitución para hombres más libres.
Las opiniones vertidas en este espacio, no necesariamente coinciden con la línea editorial de Diario Los Andes.