Es de público y notorio conocimiento que el país de los argentinos no está bien; y no olvidemos que sólo los tontos se consuelan con el mal de muchos.
Es de público y notorio conocimiento que el país de los argentinos no está bien; y no olvidemos que sólo los tontos se consuelan con el mal de muchos.
En las últimas décadas, la Argentina ha atravesado períodos de verdadera tragedia nacional: ha sufrido autoritarismos. Unos, como consecuencias de golpes de Estado; otros, aparentemente democráticos pero sustancialmente demagógicos y dictatoriales; también terrorismos y hasta una guerra contra Gran Bretaña y sus aliados de Europa y de América (del norte y del sur).
Ha reformado más mala que buenamente su Constitución Nacional. En el terreno económico -según muchos entendidos- han existido apariencias de prosperidad sustentadas en economías ficticias; las frecuentes malas prácticas políticas han dificultado el buen funcionamiento de nuestras instituciones; hemos tenido una vacilante política exterior, etc.
Pues bien, antes de los últimos comicios de agosto, he seguido atentamente -como tantos- las promesas de los distintos partidos y candidatos, y he creído advertir por mi parte que aquellas proposiciones, en general, han sido sumamente generosas, mas sin indicar al menos compendiosamente cómo habría que actuar para concretarlas.
Me parece que, así, corresponde calificar a tales proposiciones como demagógicas, habiendo escrito al respecto Néstor P. Sagües en "La Demagogia": "Como problema político, la demagogia es tan vieja como el Estado. Enquistada en muchas repúblicas, también supo infiltrarse en monarquías, dictaduras y aristocracias.
Ningún sistema, a decir verdad, le es inmune. A través de los años ha logrado pervertir a los regímenes políticos más sanos y sacudir a los más estables? En los dos últimos siglos, al afirmarse las democracias, la demagogia ha encontrado una inesperada oportunidad para reverdecer y extenderse aún más.
Algunas veces, sutil y discreta, es practicada con tanto disimulo e inocente habitualidad, que llega a admitirse como algo normal y ordinario. Es la demagogia cotidiana de la promesa cautivante, de la sonrisa fácil y el apretón de manos del candidato; de las plataformas electorales doradas e impracticables, de los halagos retóricos a la juventud, al hombre, a la mujer, a los trabajadores y a quienes no lo son; de las pensiones, subvenciones, ayudas o empleos concedidos con parcialidad a la clientela política del pequeño o gran demagogo".
Así las cosas, pensando en las próximas votaciones de octubre venidero, me permito consignar algunas reflexiones en torno a la justicia como forma del bien común, destacando aquí especialmente ciertos aspectos elementales de la justicia distributiva, precisamente porque se han prometido con harta ligereza cosas tales como construir viviendas, otorgar subsidios, disminuir impuestos, mejorar salarios, lograr la eficiencia y la eficacia en los servicios públicos, etc.
Parto de la base que, en mi entender, debe el Estado intervenir adecuadamente en el campo económico social, no sólo observando los principios -de raíz constitucional y también de derecho supranacional e internacional- de libertad, subsidiariedad y competencia, sino también el de solidaridad, conforme al cual los individuos, cuanto más indefensos están en la sociedad, tanto más necesitan el apoyo y el cuidado de los demás, en particular, la intervención de la autoridad pública.
Es que la justicia sin solidaridad es insuficiente en el orden social; la solidaridad supone a la justicia, porque no está destinada a remplazarla hipócritamente -cohonestando la injusticia- sino a llevarla a su plenitud.
Ahora bien, la justicia distributiva exige una concurrencia en el esfuerzo y en el disfrute de los bienes lo que impone, en primer lugar, que la participación de los bienes esté en proporción del esfuerzo con que se han procurado. Correctamente se ha señalado que en el Estado no se unen los hombres solamente para compartir bienes sino también para procurarlos; no es sólo una sociedad de beneficios sino también de trabajo en común. No son sólo derechos lo que el orden del Estado establece y procura, sino en la misma medida deberes, sin los que aquellos no podrían existir.
Por otra parte, la satisfacción de las necesidades no supone un derecho incondicionado e ilimitado a aquellos bienes con que esta satisfacción se realiza, sino que el derecho de cada uno encuentra su límite en la aplicación del principio de subsidiariedad, en cuya virtud el derecho es viable sólo cuando se impone la ayuda en razón de la imposibilidad de actuar con autonomía. Esto es particularmente importante en momentos de crisis, cuando puede ocurrir que quienes en rigor no necesitan, sean subsidiados, en tanto que son ignorados quienes viven en condiciones infrahumanas (lo que puede ser debido a mala organización, distribución, manipulación, o a la corrupción).
No puedo dejar de reiterar aquí que en la sociedad libre, es la cultura la principal responsable de fomentar la confianza en el potencial humano de los pobres y, por consiguiente, en su capacidad de mejorar mediante el trabajo, o de realizar una contribución positiva a la prosperidad económica, con lo cual a todas luces se excluye cualquier sistema de ayuda social que fomente la dependencia, el clientelismo y la demagogia.
La demagogia, la corrupción, la falta de solidaridad, de moralidad, de comportamientos éticos, el desprecio hacia la persona, la no ponderación de su dignidad, etc., van progresivamente afianzando una estructura social de perversión que comprende las promesas impracticables como así también las injustas.
Mas sin mengua de lo expuesto, somos muchos los argentinos convencidos -sin perjuicio de sus diversos credos políticos partidistas- de que debemos salvar a la Nación, revivirla, restaurar su honor y ganar para ella un lugar honorable en el mundo, y de que debemos luchar, con planes muy concretos, por lograr salud y educación, la seguridad física de las personas y la efectiva vigencia de un sistema normativo coherente y sin fisuras necesitando, además, el funcionamiento de un Poder Judicial transparente y respetado, y una estructura y un contexto general de completa estabilidad, con particular énfasis en el rol fundamental que cabe al orden institucional, tanto en el ámbito público como en el sector privado.
También, que necesitamos auténticos estadistas, no caudillos, punteros políticos, sindicalistas corruptos ni "barras bravas", como asimismo que debemos elegir gobernantes con rectitud, inteligencia, personalidad y sentido del destino, con valor y convicción patriótica.
Finalizo manifestando que ante la propuesta de un diputado nacional en orden a sancionar normas que castiguen a los candidatos a cargos públicos electivos que no cumplan sus promesas de campaña, si bien ella no me parece descartable "in limine", es menester que se estudie detenidamente a la luz de las normas y principios que establece la Ley Fundamental, estatuto que ha asumido la forma de democracia indirecta o representativa, sin delegación pura, la que implica la actuación de los representantes como simples delegados, sin poder alguno, nada más que para cumplir un mandato imperativo de los representados, pudiendo la representación ser revocada en cualquier momento por aquellos.
Las opiniones vertidas en este espacio no necesariamente coinciden con la línea editorial de diario Los Andes.