La medida australiana ya está en vigencia y abre el debate sobre su aplicación en otros países. En Mendoza, advierten que, por sí sola, no reduce los riesgos.
La medida australiana ya está en vigencia y abre el debate sobre su posible aplicación en Malasia, Dinamarca, Noruega y la Unión Europea.
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Imagen ilustrativa/IAEntró en vigencia en Australia la prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años. Las plataformas debieron eliminar las cuentas existentes de menores de esa edad y bloquear los nuevos registros hasta que los usuarios superen el piso de edad permitido.
La implementación de la medida ya expone sus primeras limitaciones. Los sistemas de verificación de edad no son infalibles y su eficacia para impedir el acceso de menores continúa bajo evaluación.
“Desde el principio reconocimos que este proceso no será 100% perfecto. Pero el mensaje que transmite esta ley será 100% claro. Australia establece la edad legal para consumir alcohol en 18 años porque nuestra sociedad reconoce los beneficios de este enfoque para el individuo y la comunidad”, declaró el primer ministro australiano, Anthony Albanese.
La medida despertó interés a nivel global y varios países manifestaron su intención de impulsar prohibiciones similares, entre ellos Malasia, Dinamarca y Noruega. Además, la Unión Europea avanzó con una resolución en el mismo sentido, mientras que el gobierno británico señaló que está analizando de cerca la experiencia australiana en materia de restricciones por edad.
En Mendoza, la directora de Acompañamiento Escolar de la Dirección General de Escuelas (DGE), Carina Gannam señaló que una prohibición como la de Australia no garantiza una protección total y puede ser fácilmente eludida. “Este tipo de restricciones puede empujar a los menores hacia vías más difíciles de controlar, como crear cuentas falsas, usar VPN o migrar a otras plataformas”, advirtió.
En efecto, entre los impactos colaterales que generan preocupación en Australia aparecen la migración hacia zonas más oscuras de Internet, el traslado a plataformas no reguladas y el uso de VPN. Una VPN (Red Privada Virtual) es una tecnología que permite establecer una conexión segura y encriptada entre un dispositivo e Internet, ocultando la dirección IP y protegiendo los datos, lo que habilita mayor privacidad y acceso a contenidos restringidos.
“No hay que demonizar las tecnologías, sino humanizarlas”, sostuvo Gannam. En ese sentido, explicó que la DGE prioriza la alfabetización digital y la educación para un uso responsable por sobre la prohibición total. “La restricción sin una mirada integral que involucre no solo al Estado sino también a las familias no resulta efectiva. Es un trabajo continuo e integral”, señaló.
También agregó que lo que sí está restringido desde la DGE es el acceso a plataformas de juego dentro de las instituciones educativas, que se bloquean a través de las redes Wi-Fi escolares.
Si bien las redes sociales presentan riesgos, también ofrecen oportunidades. El celular permite acceder a contenidos pedagógicos y puede ser una herramienta dentro de la dinámica educativa. Además, las redes suelen ser un espacio central de socialización: facilitan la participación en actividades, la construcción de vínculos y el intercambio de intereses.
“La prohibición en sí misma no reduce automáticamente los riesgos. Debe estar acompañada de políticas de prevención y de educación sobre salud mental y uso responsable”, remarcó Gannam. “Nuestro rol es alertar sobre los riesgos, educar en prevención, promover el acompañamiento familiar y reforzar estos contenidos desde la escuela. Las redes tienen aspectos positivos y negativos, y tenemos que trabajar sobre ambos”, agregó.
La funcionaria también recordó que los estudiantes pasan solo una parte del día en la escuela y que existen otros ámbitos donde la DGE no tiene alcance, como el hogar, los clubes u otros espacios. Por eso, enfatizó que el eje principal debe ser la educación: enseñar cuáles son los riesgos, cuáles son los entornos más seguros y qué precauciones deben tomar, especialmente frente a adultos que utilizan identidades falsas y pueden derivar en situaciones de grooming u otros peligros.
Gannam explicó que desde la DGE se capacita de manera continua a docentes, directivos, supervisores y preceptores, especialmente en el nivel secundario, para detectar indicadores tempranos de situaciones de riesgo, como el uso excesivo de juegos o señales de posibles consumos problemáticos. También se promueve el acompañamiento de las familias a través del diálogo, la escucha y el interés por las actividades que realizan los menores frente a las pantallas.
Por el momento, no está en agenda aplicar en Mendoza una prohibición similar a la de Australia a nivel general. Se espera evaluar los resultados de esta política antes de avanzar en medidas de ese tipo, así como analizar el alcance real de un eventual control y sus posibles efectos, como el desplazamiento hacia otras plataformas.
La estrategia actual apunta más a la educación y al uso responsable de la tecnología que a la restricción total.
Entre las plataformas alcanzadas por la prohibición en Australia se encuentran Facebook, Instagram, Threads, X (ex Twitter), YouTube, Snapchat, Reddit, Kick, Twitch y TikTok. En caso de no adoptar “medidas razonables” de control, las empresas pueden recibir multas de hasta 49,5 millones de dólares.
Respecto de las cuentas ya existentes, las plataformas ofrecieron distintas alternativas. Facebook, Instagram, YouTube y Snapchat permitieron descargar el contenido (fotos, videos y conversaciones) y elegir entre pausar o eliminar la cuenta hasta cumplir los 16 años. TikTok ofreció opciones para archivar, desactivar o borrar el perfil, además de enviar recordatorios por correo electrónico.