Foto:
Con pleno conocimiento de los riesgos, la presidenta Cristina Fernández evaluó que los beneficios estratégicos serían superiores a los daños coyunturales y adoptó una decisión política trascendente: incorporar a las Fuerzas Armadas en su construcción de poder.
Lo hizo justo cuando ese poder se percibe debilitado y escurriéndose entre las torpezas e impericias de la gestión de gobierno, el malhumor social y sus obsesiones y caprichos personales.
A fuerza de berrinches y de pasar facturas, la jefa de Estado logró disciplinar a sus senadores para que aprobaran el ascenso a teniente general de César Milani y lo oficializó como jefe del Ejército.
El hombre está denunciado ante la Justicia como represor, bajo cargos mucho más graves que los que mantienen en prisión a otros militares que actuaron en la última dictadura. La decisión de la Presidenta provocó un sacudón en toda la estructura kirchnerista y dejó colgados de un hilo muy delgado a quienes adhieren a esa fuerza justamente porque reivindican la política de derechos humanos.
El costo político que paga Cristina es altísimo y ella no lo desconoce. Pero la jugada se sustenta en dos factores inherentes a la personalidad presidencial: la soberbia de creerse infalible, y la ambición de no repetir lo ocurrido con mandatarios que terminaron vacíos de trascendencia histórica.
Por las dudas
Al defender la aprobación del ascenso de Milani, el jefe del bloque oficial de senadores, Miguel Picchetto, se limitó a decir que se trataba de "una decisión política de la Presidenta" y no profundizó sobre las razones que la llevaron a dar semejante paso.
Tampoco dieron explicaciones públicas otros funcionarios cercanos a Cristina, aunque de sus medias palabras en estricta reserva puede deducirse que la visión conspirativa de la realidad que ella tiene está en su máximo apogeo.
Esas fuentes sugieren que la Presidenta es consciente del debilitamiento de su poder y que está convencida de que hay en gestación un golpe institucional que le impediría terminar su mandato dentro de dos años. Identifica como destituyentes a las corporaciones, sectores económicos poderosos, a la mayoría de la oposición política y a la prensa crítica.
Cree, además, que las rebeliones policiales de las últimas semanas han sido instrumentadas por aquel conjunto de intereses y que los saqueos y escenas de anarquía que se vivieron en varias provincias fueron funcionales al objetivo golpista.
El principal proveedor de información de Inteligencia que alienta esa idea conspirativa en la Presidenta es, justamente, el cuestionado jefe del Ejército que, a la vez, tiene ascendencia sobre esas áreas específicas de las otras fuerzas.
En este contexto, Cristina consideraría conveniente incorporar al sector militar a su esquema de poder, como una manera de asegurar la defensa de su gobierno ante cualquier intento desestabilizador que vaya más allá de las palabras.
Con desconfianza y viejos resentimientos nunca superados, varios kirchneristas notables han comenzado a sentir temor ante la jugada presidencial. Se preguntan si es correcta la estrategia de devolver un rol político a las Fuerzas Armadas, sacándolas del espacio técnico-profesional que ocupan después de 30 años de democracia.
En algunos, el interrogante es más específico aún: ¿Quién será el beneficiado? ¿Los militares servirán a los objetivos del Gobierno o será a la inversa? Los inquieta, además, que tamaña decisión haya surgido de esa desconcertante soledad en la que se mueve Cristina.
El mismo rostro
A un mes de haber asumido, Jorge Capitanich parece haber entrado en una trituradora despiadada. El chaqueño que llegó para dar una cara más amable, participativa y dialoguista al gobierno después de la derrota electoral, absorbe todos los golpes, incluidos los de sus propios colegas. Ha tenido derrapes importantes por salirse del libreto oficial, lo que demuestra que nada de fondo ha cambiado.
Desde adentro del Gobierno lo critican porque consideran que tiene una exagerada exposición. Aseguran en la Casa Rosada que el influyente secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, ya ha manifestado opiniones descarnadas sobre el jefe de Gabinete y todos saben que tarde o temprano esas opiniones se convierten en sentencias.
Los amigos de Capitanich, por su parte, sostienen que le toca hacerse cargo "del peor momento del Gobierno" y que si lo creyera necesario, no dudaría en dar un portazo y volverse al Chaco.
Por lo pronto, el propio Capitanich dice a muchos de sus interlocutores que no sabe cómo las provincias afrontarán los incrementos salariales a los que obligaron las rebeldías policiales. Eso, sumado al creciente descontento social que se advierte, anticipa una peligrosa conflictividad que alimenta aún más la imaginación de la Presidenta.