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Todos están preocupados. Desde el gobernador de la provincia hasta el productor más pequeño. El precio del litro de vino de traslado no aumenta y más bien tiende a descender, en un panorama que inquieta aún más si nos atenemos a las complicaciones de la economía para el segundo semestre del año, según los analistas.
El problema mayor pasa por establecer cuál es la salida para llevar una solución y las opiniones no siempre coinciden respecto del camino a seguir. Francisco Pérez mantuvo días pasados una reunión con representantes de sectores vitivinícolas. Uno de los asistentes contó, off de récord, que el Gobernador dejó un mensaje: en 15 días tiene que aumentar el precio del vino, porque la situación es muy complicada.
El mayor inconveniente se plantea porque la posibilidad de eliminar stocks a través de la exportación de graneles se ha puesto pesada y es prácticamente imposible, en razón de que España, con un derrumbe mayúsculo en su mercado interno como consecuencia de la situación económica, está exportando a precios muy bajos, situación que está influyendo en el mercado mundial de volúmenes masivos.
"No quedan muchas opciones", se animó a señalar Sergio Villanueva, de la Unión Vitivinícola Argentina, quien destacó que cada sector está buscando las posibles soluciones. Según se supo, se intentaría que las empresas que compran deberían tener cierta consideración respecto de los precios, aunque se trata de una medida netamente voluntarista.
Ante la respuesta de que "toda" la cadena está afectada, incluyendo a las bodegas, se habla de la posibilidad de establecer algún tipo de incentivo para que los productores puedan retener stocks, a los efectos de mantener en suspenso la rápida salida de vinos y así alcanzar algún tipo de incremento de precios.
Hasta algunos -los menos- han mencionado la posibilidad de reimplantar aquellos famosos Tidaviden, un bono que se recibía como parte del pago por el vino y podía circular en el mercado. Villanueva señaló, ante ese panorama, que hace falta "mucha frialdad de cabeza, mucha inteligencia y mucho consenso, para encontrar una salida entre todos".
Debería señalarse que actualmente, con un incremento de solo un peso por litro, los productores podrían hacer frente a las tareas culturales, pagar salarios, etc. Se indica también que preocupa el hecho de que la salida de los vinos blancos escurridos se ha paralizado, con una existencia de poco más de 700 mil hectólitros, con el inconveniente de que los tintos de este año han tenido bajo color, por lo que la salida para reducir color también se ha caído. Por otra parte, se indica que hay que evitar que el año electoral, que pareciera haberse adelantado, comience a pesar en las opiniones.
"Debemos evitar que ello ocurra", dijo un dirigente consultado, quien señaló que "lo que debemos buscar es evitar la desaparición de productores y después encauzar la situación tal cual ha sucedido en las últimas dos décadas". De allí que se estime que en las próximas semanas puede haber novedades, "no por inteligencia sino por necesidad".
Un importante productor-bodeguero de la Zona Este aseguró que el mayor problema se plantea con los márgenes de ganancia en la etapa final, la de la distribución del vino. "Se están quedando con 70 por ciento del valor, sin correr ningún riesgo", aseguró. En ese plano, desde Bodegas de Argentina señalaron que un vino en tetra brik "sale" de la bodega a un precio de 5,40 pesos y se vende al consumidor a 11 o 12 pesos.
"Habría que estudiar qué está pasando con la cadena de distribución", dijo Juan Carlos Pina, agregando que en otros productos, como las cervezas, los jugos o el agua mineral esa situación no se da porque hay mayor concentración. El dirigente consideró que se trata de un verdadero desafío, en razón de que la salida del vino en tetra no tiene su fuerte en los supermercados, que son más fáciles de controlar, sino en almacenes, quioscos o minimarkets donde la distribución es mucho más compleja.
Para el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, en la actualidad el panorama "es aún más desalentador que a principios de mes", indicando que en el caso del blanco escurrido no hay operaciones porque nadie compra, y en el tinto hay empresas que pueden llegar a ofrecer 2,70 pesos en 10 quincenas y otras hasta 2,85 pesos en 8 quincenas, pero exigiendo un mínimo de 600 unidades de color y un grado mínimo de 12,70. Dice que en el caso del mosto, el precio es de 1,75, en 3 meses.
Destaca que aquellos productores que están en el mercado de los varietales sufren los mismos inconvenientes que el resto, pero deben sumarle que se encuentran con las demoras que el INV ocasiona por el control de la varietalidad de los vinos, destacando que también preocupa "la incertidumbre en cuanto a los huecos que deja la carencia de reglamentación respecto de los clones varietales".
Mauro Sosa, gerente de la entidad, destacó que "como tema de fondo y vinculado con la recesión, altos costos y bajos precios, estamos manteniendo reuniones con productores y empresarios bodegueros en busca de una salida, que en las primeras aproximaciones se orientaría hacia un lock-out patronal como modo de convencer a las autoridades de la problemática que soporta la vitivinicultura.
Lamentablemente las advertencias que hemos hecho no han sido consideradas y en ello tiene mucha responsabilidad el propio sector privado". Por su parte, la Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza, que lidera Gabriela Lizana, mantiene su intención de que el Congreso Nacional sancione una ley que establezca la creación de una comisión, con participación de todos los sectores, para establecer precios mínimos en cada uno de los eslabones de la cadena, partiendo desde la producción, siguiendo con la elaboración y terminando con un estudio de rentabilidad, a los efectos de establecer los porcentajes de ganancia respectivos en cada uno de esos pasos. Indicó que esa necesidad surge del hecho de que actualmente uno solo de esos eslabones, el de la distribución, se queda con el 70 por ciento del precio final del producto.
"En los países europeos, como España o Francia, esos porcentajes de ganancia están regulados en las capas superiores", destacó Lizana, quien agregó que "habría que estudiar la posibilidad de implementarlo en la Argentina no solo para el vino sino para toda la actividad de la agroindustria".
Expresó entonces que los diputados nacionales por Mendoza Roberto Pradines y Alejandro Abraham, junto a legisladores de otras provincias vitivinícolas, son los impulsores del proyecto en la Cámara Baja.