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Únicamente en un país que se acostumbró a vivir en la mentira estadística y donde la puja política se traduce en una guerra de relatos sobre la realidad, la discusión del presupuesto nacional puede demorar sólo una semana y pasar desapercibida para la enorme mayoría de la opinión pública.
Esto es lo que está pasando hoy en la Argentina. El proyecto de ley de Presupuesto 2014 llegó hace 8 días a la Cámara baja nacional y fue presentado por el equipo económico de Cristina Fernández de Kirchner ante la mirada atónita de los legisladores, que no tuvieron tiempo de mirar las planillas anexas al articulado para poder interrogar a los funcionarios.
El martes, cinco días después, el debate fue cerrado cuando la comisión de Presupuesto y Hacienda le dio el dictamen favorable (suscripto únicamente por el kirchnerismo y sus aliados). El próximo miércoles será votado y girado al Senado, en trámite ultra exprés.
La velocidad obedece en este caso a dos hechos: al temor del oficialismo a que se acreciente la sangría de legisladores K hacia el peronismo disidente que se inició tras la derrota del Gobierno en las PA SO, lo que pondría en riesgo la aprobación de la "Ley de leyes", y a que cualquier discusión sobre la base de los supuestos macroeconómicos utilizados por Hacienda para construir el plan de gastos es completamente absurda.
¿Por qué?
Porque el Ejecutivo asegura que el país este año terminará creciendo un 5% (los cálculos privados dicen que será exactamente la mitad) y que el próximo ejercicio crecerá 6,2%. Además, asegura que la inflación será del 9,9%, cuando los índices de precios elaborados por los institutos estadísticos provinciales y el que las consultoras privadas difunden a través del Congreso hablan de que 2013 finalizará con un 25% de inflación y el 2014 arrojará un número algo superior.
Lorenzino explicó la semana pasada que el Presupuesto 2014 contempla un incremento de recursos respecto al presente ejercicio del 27,1% y que prevé una pauta de gastos del 18%, diez puntos inferior a la de este año. Es decir, prometió que el próximo año el Gobierno gastará menos y mejor y recaudará más (impulsado por la inflación).
¿Significa esto que habrá un gran ajuste?
Esto es lo que piensan los economistas de izquierda como Claudio Lozano: "Si el gasto público para el presupuesto de 2014 crece por debajo del 20% cuando este año está subiendo un 32%, y si la inflación previsible para el 2014 supera el 25%, la conclusión es una sola: dibujo estadístico o ajuste social", sostuvo.
Desde los sectores más liberales señalan, en cambio, que lo que está omitiendo el Ministerio de Economía en el plan de gastos enviado al Congreso es que continuará emitiendo billetes para solventar el déficit que se maquilla con préstamos del Banco Central, la Anses y el Banco Nación, por lo cual se acentuará la espiral inflacionaria durante el año venidero.
Ambas interpretaciones, la que se hace por izquierda y la que se hace por derecha, no son en rigor incompatibles ya que el kirchnerismo ha dado muestras claras de su versatilidad a la hora de aplicar políticas de cortísimo plazo que le permitan ir llenando baches.
Ambas miradas coinciden en que el resultado financiero de la Argentina viene agravándose desde 2009 progresivamente. Este año, el ejercicio terminará con un déficit fiscal de unos 86.000 millones de pesos, que se disimulan en las planillas contables por el cómputo de los recursos cedidos por la Anses y por el Banco Central.
En este contexto se deben interpretar dos decisiones tomadas por el Gobierno en las últimas semanas: reabrir el canje de deuda con los holdouts para seducir a la justicia de EEUU que debe definir la puja de Argentina con los fondos buitre y la puesta en marcha de un nuevo índice de precios al consumidor -que se anuncia el mes entrante- para satisfacer los reclamos del FMI y evitar más sanciones internacionales.
Es atento a esto que el Presupuesto 2014 prevé el pago de unos 4.000 millones de dólares adicionales a los tenedores de deuda reestructurada, debido a que se asegura que el país crecerá más del 3,22% (un 6,2%) y por eso se pagará el Cupón PBI a todos los bonistas, con lo cual se busca convencer a los buitres nuevamente con un instrumento que ya desecharon en dos oportunidades.
Además, Lorenzino viajó a Washington a explicar cómo será el nuevo IPC, que contemplará precios relevados en todas las provincias y no sólo en el Gran Buenos Aires.
El ministro también tuvo reuniones con directivos del Banco Mundial para acelerar el envío de fondos que están frenados por la sanción implícita del organismo multilateral por la pelea con los holdouts, la deuda con el Club de París y los pleitos con las empresas privatizadas expulsadas que se desarrollan en el Ciadi (como el de Repsol).
El giro acuerdista del Gobierno nacional con los "malos del mundo" obedece a la asfixia financiera que padece el país y la imposibilidad de seguir financiándose a costa de tomar deuda intra-sector público. De hecho, el Presupuesto 2014 prioriza el pago de la deuda externa con reservas del Central: usará casi 10.000 millones de dólares, dejándolas por debajo de los 25.000 millones de dólares, una cifra que pone los pelos de punta a todos los analistas.
Ahora bien, ¿cómo les va a las provincias en el penúltimo presupuesto de la administración Fernández de Kirchner?
Un poco peor que antes. En principio, porque el plan de gastos no incluyó ningún artículo para prorrogar el pago de capital de las deudas que los estados sub-nacionales renegociaron con el Tesoro hace tres años, por lo tanto deberán empezar a pagarlas desde el próximo 1° de enero.
A Mendoza esto le significará un esfuerzo extra de unos 300 millones de pesos, una cifra que no parece impagable pero que aporta complejidad a las finanzas provinciales si se tienen en cuenta los ingentes esfuerzos del Ministerio de Hacienda provincial por conseguir financiamiento para cerrar este 2013. Ayer, sin ir más lejos, el ministro Marcelo Costa encabezó gestiones en Buenos Aires para colocar Letras del Tesoro por tres meses para poder pagarles la deuda atrasada a proveedores.
Además, Cristina Kirchner envió al Congreso una ley para prorrogar por 2 años, hasta el final de su gestión, el impuesto al Cheque y el kirchnerismo no quiere saber nada con coparticipar plenamente lo producido por este gravamen con las provincias.
Mendoza recibirá sólo 400 millones de pesos, una cifra irrisoria si se tiene en cuenta que la Nación acaparará 59.500 millones de pesos.
Pero además, a Mendoza no le va bien en cuanto a la distribución del gasto nacional en términos geográficos. Cada mendocino recibe 12.898 pesos del Estado nacional, menos que un catamarqueño, que percibe 16.274; que un santacruceño, que recibe 28.798, y que un porteño, que recibe 90.915 pesos. En esta tabla, Mendoza aparece número 13 entre todos los distritos. Pero desciende hasta el puesto 20 si se analiza cuánta plata recibe cada habitante por obras públicas, ya que cada mendocino recibirá 1.292 pesos, contra los 11.059 de cada santacruceño, los 5.598 de cada porteño o los 2.218 de cada sanjuanino.
Esta información fue relevada por el diputado nacional Enrique Vaquié en base a los datos aportados por el Ejecutivo nacional en las planillas anexas del Presupuesto 2014.
Como viene sucediendo año a año, las provincias quedan subordinadas a la voluntad de la Casa Rosada, debido a que el grueso del dinero se distribuye por fuera del sistema de coparticipación federal de impuestos, a través de transferencias discrecionales.
La paradoja es que profesar simpatía y lealtad por los inquilinos de la Casa Rosada no da los frutos que podría esperarse para Mendoza, una provincia que desde 2003 es gobernada por el kirchnerismo.
