La información es un derecho del ciudadano y, en ese sentido, las organizaciones que están relacionadas con el Estado están obligadas a comunicar y transparentar actividades y acciones que pueden tener impacto directo en la cotidianidad de las personas. En muchos casos, tener acceso a esa información puede mejorar la calidad de vida. Puede ayudar a conocer servicios de los que no se sabía y lentamente generar conciencias de ciudadanos más alertas, más atentos a la importancia de su intervención en la cosa pública.
En las instituciones del Estado, garantizar el acceso a la información que en ellas circula es una obligación y la publicidad de los actos de gobierno es una manera de rendir cuentas sobre los gastos del dinero público, una forma de transparentar la utilización de los recursos de todos. Es indispensable explicar y explicitar cómo se asigna el presupuesto, en qué y por qué se gasta.
Pero la comunicación de esas actividades también es una necesidad. Es necesario que todas las personas conozcan infinidad de servicios, beneficios, proyectos que contribuyen a hacer su vida cotidiana más sencilla. Un buen ejemplo de ello puede ser la diversidad de programas que ayudan a la prevención de la salud o las diferentes becas que hacen posible que los jóvenes puedan concretar estudios universitarios ya que se ponen a su disposición desde almuerzo y alojamiento hasta dinero de bolsillo.
Cada decisión que se toma en las instituciones públicas nos afecta a todos; por tanto, conocerlas es una manera de participar y conformar nuestra identidad como ciudadanos. La información sobre las acciones y propuestas de los que conducen esos organismos del Estado tiene que colaborar para generar esa participación ciudadana y el ejercicio democrático.
Así las áreas de comunicación y prensa de estos espacios deben hacer un especial esfuerzo por mostrar las actividades, acciones, decisiones y transparentar la asignación de recursos. Hacer esta tarea de manera ética, poniendo en contexto la información y ayudando a los periodistas y a la opinión pública a interpretar esas decisiones tiene que contribuir a mejorar la calidad de vida del entorno social.
El desafío para comunicar estas cosas es hacerlo equilibrando la necesidad de difundir que tienen quienes organizan las actividades, toman decisiones y elaboran los proyectos con el interés que este tipo de tareas pueden tener para la gente no inmersa en esos ambientes. Además hay que hacerlo resistiendo la idea -muy difundida pero errónea- de que la principal función de quienes informan en los organismos públicos es ocultar defectos y errores administrativos y adornar virtudes en una larga lista de adjetivos calificativos.
El trabajo necesario es transparentar acciones y actividades que benefician a la comunidad, contribuir a mediar y a comprender esa información, colaborar y servir de nexo entre funcionarios, gobernantes, especialistas y ciudadanos para interpretar decisiones y, si hay errores y defectos, ayudar a entender por qué existen y qué se puede hacer para evitarlos en el futuro y mejorar.
Quienes hemos trabajado con la información pública tenemos un compromiso con la ética y somos responsables de todo lo que hacemos para que la población acceda a datos que pueden cambiar su vida. Todo aquello que no visualizamos es una pérdida cuantificable en el bienestar público.
Siempre hay ejemplos de personas que entienden y viven la función pública como un servicio a la comunidad y que lo hacen con esfuerzo, entrega y alegría. Nuestra función debería ser mostrar que eso existe, que hay gente dispuesta a ayudar a que todos mejoremos. Es también nuestra responsabilidad colaborar para generar ese sentido de pertenencia de las cosas que son de todos y que todos tenemos que cuidar. Hay mucha información que no circula, que se estanca, y puede haber personas que se quedan sin enterarse que tal vez un servicio que necesitan está más cerca de lo que creían.
