El diputado provincial Lucas Ilardo (Fuerza Patria) presentó un proyecto de ley para reforzar la seguridad de los conductores de plataformas de transporte como Uber, Cabify y Maxim en Mendoza.
Un proyecto de ley de la oposición propone que las apps de transporte validen las identidades de los usuarios.
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El diputado provincial Lucas Ilardo (Fuerza Patria) presentó un proyecto de ley para reforzar la seguridad de los conductores de plataformas de transporte como Uber, Cabify y Maxim en Mendoza.
La iniciativa propone modificar la Ley 9.086, que regula el funcionamiento de las Empresas de Redes de Transporte (ERT), para que las aplicaciones incorporen un sistema obligatorio de validación de identidad de los pasajeros antes de concretar un viaje.
El proyecto surge tras una serie de asaltos perpetrados contra choferes de apps en los últimos meses en Mendoza. En junio pasado un conductor sufrió un violento robo en Chacras de Coria, cuando un sujeto le puso un cuchillo en el cuello y le sustrajo sus pertenencias.
Un mes antes, cinco delincuentes le sustrajeron el vehículo a otro chofer en Godoy Cruz y luego fueron detenidos, por mencionar algunos casos recientes.
En este contexto, la propuesta apunta a reducir el anonimato de quienes solicitan viajes y brindar mayores herramientas de prevención a los conductores, sin restringir el acceso al servicio ni afectar la protección de los datos personales de los usuarios.
En los fundamentos, Ilardo sostiene que la iniciativa busca "subsanar un vacío legal y tecnológico que actualmente pone en riesgo inminente la vida y la integridad física de miles de mendocinos que trabajan como conductores asociados a Empresas de Redes de Transporte".
Además, recuerda que Mendoza fue una de las primeras provincias en regular este tipo de servicios, aunque considera que la normativa vigente quedó desactualizada frente a las nuevas modalidades delictivas.
Según el legislador, "la evolución de las modalidades delictivas ha transformado esta salida laboral en una actividad de altísimo riesgo", debido al incremento de asaltos, emboscadas y robos de vehículos contra conductores de aplicaciones registrados en los últimos meses.
El proyecto sostiene que existe un patrón común en buena parte de esos hechos. En ese sentido, afirma que "el vector común en casi la totalidad de estos hechos es el uso de 'perfiles falsos' o cuentas de fantasía creadas en pocos segundos, utilizando nombres ficticios y chips telefónicos prepagos, especialmente destinados a viajes abonados en efectivo".
La iniciativa también cuestiona el funcionamiento actual de las plataformas digitales. En los fundamentos se señala que las empresas "imponen exigencias estrictas de validación biométrica y antecedentes penales a sus choferes", mientras que "muestran una absoluta laxitud comercial a la hora de registrar a los pasajeros, priorizando el volumen de transacciones por sobre la vida de los trabajadores que manejan los vehículos".
Diario Los Andes le consultó al Gobierno provincial qué visión tiene sobre la propuesta pero evitaron dar opiniones al respecto. A propósito, el oficialismo confrontó muy recientemente con el legislador kirchnerista, pero por un proyecto para reformar el Emetur.
La propuesta incorpora nuevas obligaciones para las Empresas de Redes de Transporte. Entre ellas, establece que todos los pasajeros deberán acreditar su identidad mediante la plataforma Mendoza por Mí o, en caso de no ser posible, a través de Mi Argentina, utilizando el máximo nivel de validación disponible.
De acuerdo con el articulado, las aplicaciones solo podrán verificar si la identidad del usuario se encuentra validada o no, pero tendrán expresamente prohibido capturar, procesar o almacenar datos biométricos de los pasajeros. De esa manera, el proyecto busca compatibilizar el nuevo requisito con la normativa vigente sobre protección de datos personales.
En los fundamentos, Ilardo sostiene que "no existe impedimento técnico alguno para que corporaciones tecnológicas de primer nivel implementen este control a los fines de saber, a ciencia cierta, quién se sube a cada automóvil". Además, argumenta que si esos mecanismos de validación ya son utilizados para operaciones financieras o crediticias, también deberían aplicarse cuando está en juego la integridad física de los conductores.
Uno de los aspectos centrales del proyecto apunta a fortalecer la capacidad de decisión de los conductores.
La iniciativa establece que la validación de identidad requerirá el consentimiento del pasajero. Sin embargo, si el usuario decide no completar ese procedimiento, la aplicación deberá informar esa situación al conductor antes de que acepte el viaje.
En ese escenario, el chofer podrá decidir libremente si realiza o no el traslado. Además, el proyecto dispone que las plataformas no podrán aplicar sanciones, penalidades, reducir la asignación de futuros viajes ni afectar la calificación del conductor por haber rechazado un servicio debido a la falta de identidad verificada del pasajero.
La propuesta también amplía las facultades del Ente de la Movilidad Provincial (EMoP), que sería el organismo encargado de controlar el cumplimiento del sistema de validación de identidad por parte de las plataformas digitales.
En caso de incumplimiento, el proyecto establece un régimen escalonado de sanciones para las Empresas de Redes de Transporte. La primera infracción será considerada una falta gravísima y podrá derivar en una multa equivalente a 3.000 unidades.
Si la empresa reincide, el EMoP podrá disponer la suspensión de la habilitación para operar en Mendoza durante 30 días corridos. Ante una segunda reincidencia, la iniciativa prevé la inhabilitación definitiva y la caducidad del permiso para prestar el servicio en la provincia.
Además, el texto establece que el dinero recaudado por las multas será destinado a un fondo específico para programas de salud mental, asistencia psicológica a víctimas de delitos y acciones de prevención de la violencia, con especial atención a trabajadores del transporte de pasajeros.
