El año que viene, en Mendoza, podrían convivir elecciones nacionales, provinciales y plebiscitos por cambios en la Constitución mendocina.
En 2027 podrían realizarse elecciones nacionales, provinciales y consultas populares sobre cambios en la Constitución.
Foto:
Los Andes El proyecto impulsado por el senador radical Néstor Majul para eliminar las elecciones legislativas intermedias empieza a abrir un escenario electoral inédito en Mendoza. Si la iniciativa avanza y el gobernador Alfredo Cornejo decide no unificar los comicios provinciales con los nacionales, en 2027 los mendocinos podrían encontrarse con hasta tres urnas distintas para votar el mismo día.
Por un lado, estaría la elección nacional para presidente, diputados y senadores nacionales. Por otro, la provincial para gobernador, legisladores y eventualmente intendentes en caso de desdoblamientos municipales. Y además podrían sumarse uno o incluso dos plebiscitos vinculados con reformas constitucionales.
En concreto, en 2027 ya está previsto el plebiscito por la enmienda constitucional de autonomía municipal que fue aprobada este año por la Legislatura.
A eso podría agregarse la consulta popular sobre la reforma parcial de la Constitución que propone Majul para eliminar las elecciones de medio término y establecer una renovación total de las cámaras legislativas cada cuatro años.
Ese escenario forma parte de la agenda institucional que el cornejismo busca impulsar en Mendoza y que, más allá de la discusión política, podría modificar durante varios años el calendario electoral provincial.
La Constitución provincial establece que las consultas populares vinculadas con reformas constitucionales deben realizarse durante las elecciones de diputados provinciales. Sin embargo, el mecanismo concreto de votación queda en manos del Poder Ejecutivo.
Eso significa que el gobernador puede definir si los plebiscitos se incorporan dentro de la boleta única provincial o si se habilitan urnas separadas para cada consulta constitucional.
En caso de avanzar ambas reformas, el votante mendocino podría recibir distintos instrumentos de votación durante un mismo proceso electoral.
Incluso, dentro del oficialismo admiten que todavía existen dudas operativas sobre cómo se implementaría un esquema de esa magnitud.
El debate también volvió a poner sobre la mesa las diferencias entre los mecanismos de modificaciones constitucional previstos en Mendoza. La carta magna provincial contempla dos vías: las enmiendas y las reformas parciales o integrales.
La enmienda funciona como una modificación puntual de artículos específicos y solamente se puede hacer un cambio por año. Primero debe ser aprobada por la Legislatura y posteriormente ratificada mediante un plebiscito vinculante.
Si gana el “sí”, el cambio queda incorporado automáticamente a la Constitución sin necesidad de convocar una convención constituyente. Ese es el mecanismo que actualmente se está utilizando con la autonomía municipal.
La reforma parcial o integral, en cambio, implica un procedimiento más largo y complejo. Primero, la Legislatura debe declarar la necesidad de reforma con mayorías especiales.
Luego, el electorado debe ratificar esa decisión mediante un plebiscito. Y finalmente el Poder Ejecutivo debe convocar a una convención constituyente para discutir los cambios habilitados. Ese es el camino elegido por Majul para avanzar con la eliminación de las elecciones legislativas intermedias.
Aunque el proyecto de Majul se concentra en modificar los artículos 70 y 78 de la Constitución provincial para eliminar las elecciones intermedias, dentro del oficialismo ya reconocen que durante el tratamiento legislativo podrían incorporarse otros puntos a la discusión constitucional.
La propia ley de necesidad de reforma permite ampliar los artículos habilitados para ser tratados posteriormente por la convención constituyente. En el radicalismo ya comenzaron a circular algunas alternativas.
Una de ellas es modificar el período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial. Actualmente comienzan el 1 de mayo y se extienden hasta el 30 de septiembre, con posibilidad de prórroga hasta octubre. La idea que analizan algunos sectores es ampliar ese período desde marzo hasta noviembre.
Otro de los puntos que algunos dirigentes oficialistas mencionan es incorporar principios vinculados al equilibrio fiscal y a la administración de las cuentas públicas provinciales.
Incluso, el propio Majul deslizó esta semana en declaraciones radiales que, si existen acuerdos políticos amplios, “se podría hacer una reforma más amplia”.
De todas maneras, una vez que la Legislatura aprueba la ley de necesidad de reforma, la futura convención constituyente solamente puede debatir los artículos expresamente habilitados.
A pesar de la repercusión política que generó el proyecto, dentro de Cambia Mendoza todavía no existe una definición concreta sobre cuándo comenzará el tratamiento en comisiones del Senado provincial.
Hasta ahora, el oficialismo no fijó fechas para iniciar el debate legislativo de la iniciativa presentada por Majul. En parte, esto ocurre porque el radicalismo todavía analiza el nivel de consenso político que puede alcanzar una reforma de estas características.
La propuesta necesita mayorías especiales, es decir, dos tercios de ambas cámaras, para avanzar y posteriormente deberá superar un plebiscito popular.
Además, algunos sectores del oficialismo entienden que una discusión constitucional de este tipo podría derivar en negociaciones mucho más amplias con distintos espacios políticos.
Uno de los efectos menos visibles que empieza a analizarse dentro del oficialismo es que el proyecto podría derivar en una nueva elección provincial en 2028.
Si el plebiscito de 2027 aprueba la necesidad de reforma constitucional, el Poder Ejecutivo deberá convocar a elecciones de convencionales constituyentes.
La Constitución provincial no establece plazos concretos para esa convocatoria, aunque dentro del radicalismo consideran probable que esos comicios se realicen durante 2028. Eso implicaría otro proceso electoral completo para elegir a los integrantes de la convención constituyente.
La Carta Magna provincial fija que esa asamblea debe tener la misma cantidad de miembros que la Cámara de Diputados. Es decir, deberían elegirse 48 convencionales constituyentes.
En medio de un contexto donde gran parte de la dirigencia política levanta la bandera de la austeridad y la reducción del gasto político, dentro del sistema político ya empiezan a aparecer interrogantes sobre el costo económico y operativo de organizar otra elección provincial para reformar solamente dos artículos de la Constitución.
Dentro del oficialismo reconocen además que los tiempos institucionales de una reforma constitucional son largos y que el nuevo sistema difícilmente pueda implementarse antes de 2029.
Eso implicaría que las elecciones legislativas intermedias previstas para ese año terminarían siendo las últimas bajo el esquema actual.
En ese escenario, los 24 diputados provinciales y los 19 senadores que sean elegidos en 2029 tendrían mandatos más cortos de lo habitual. En sintesís, los legisladores electos ocuparían dicha banca por un lapso de dos años.
La intención es que permanezcan en funciones apenas hasta 2031 para poder sincronizar definitivamente la renovación total de ambas cámaras legislativas con la elección de gobernador y vicegobernador.
Sería una situación excepcional similar a la que ocurrió en 1983 durante el retorno de la democracia bajo el gobierno de Felipe Llaver, cuando algunos cargos provinciales también tuvieron períodos reducidos para acomodar el calendario institucional.
El propio proyecto de Majul contempla mecanismos transitorios para adaptar los mandatos legislativos y permitir la implementación definitiva del nuevo esquema electoral.