Tras el femicidio de Florencia Romano, el PJ pide crear un órgano de control para auditar llamados al 911

Mientras se espera que empiece a funcionar la Comisión Bicameral de Seguridad, el Frente de Todos-Partido Justicialista agita un proyecto de ley relacionado con el funcionamiento del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) de la línea 911 que depende del Ministerio de Seguridad.

El femicidio de Florencia Romano puso bajo la lupa el engranaje de la línea telefónica luego de que la operadora decidiera cortar una llamada recibida con datos concretos sobre el lugar donde se cometió el aberrante crimen, confirmado el pasado 17 de diciembre.

“Con la presente iniciativa estimamos que a través del control ciudadano, mejorará de manera significativa la calidad y eficiencia de un servicio tan fundamental y critico como es el 911”, argumenta el jefe de bloque de senadores y autor del proyecto, Lucas Ilardo.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti había adelantado a Los Andes, el 27 de diciembre, que estaban trabajando en una iniciativa para aportarle al Gobierno provincial. Ilardo le dio forma y el proyecto ya ingresó a la Legislatura.

“El 911 es la puerta de entrada a cualquier emergencia que tenga el ciudadano, si eso no funciona, no funciona todo lo demás. Entonces quienes atiendan esa llamada tienen que integrar un cuerpo especial, capacitado, para que no termine la decisión en manos de personas que no pueden estar más en la calle y las mandan ahí”, había dicho la presidenta del PJ.

El proyecto

La intención es crear, por ley, la Auditoría de Control y Transparencia Institucional del CEO 911, como organismo externo al Ministerio de Seguridad, bajo de la órbita del Poder Legislativo.

Contará con un coordinador ejecutivo, con legitimidad de gestión y/o académica y antecedentes vinculados a seguridad ciudadana.

Además, formarán parte del equipo auditor representantes de instituciones que certifiquen y demuestren experticia en los temas que quiere legislar el proyecto de ley y especialmente en materia de: Sistemas Informáticos, Seguridad Ciudadana, Atención al Público, Derechos Humanos, Violencia intrafamiliar, Perspectiva de Género y Estrategias de Mediación:

a) Dos representantes de Universidades (públicas y/o privadas).

b) Dos representantes de Organizaciones de Derechos Humanos y/o de la Sociedad Civil que en sus estatutos manifiesten pertinencia en las problemáticas que compete.

c) Cuatro representantes de los municipios de la Provincia: uno por la zona Este, uno por la zona Sur, uno por Valle de Uco y otro por el Gran Mendoza.