Se espera que hable Pablo Martín Feijoo, amigo del jefe de Gabinete, para justificar la financiación sin intereses en el inmueble de Caballito.
El edificio donde vive Manuel Adorni, en Miró al 500, en el barrio de Caballito.
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La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma hoy un capítulo clave en los tribunales federales: se presentará a declarar Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que le vendió al funcionario el inmueble ubicado sobre la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.
La declaración de Feijoo es considerada fundamental por la fiscalía de Gerardo Pollicita para desentrañar las condiciones de la operación inmobiliaria. El testigo, cuya madre, Beatriz Viegas, figura como vendedora, podría aportar detalles sobre cómo se gestó el precio de venta (230.000 dólares) y, principalmente, el inusual acuerdo de financiación que permitió a Adorni saldar 200.000 dólares mediante una hipoteca a un año sin intereses.
El vínculo personal entre las partes también está bajo la lupa. Testimonios previos indicaron que Feijoo mantendría una relación de amistad con el funcionario público debido a que sus hijos comparten el ámbito escolar, factor que habría sido determinante para la "confianza" que justificó las facilidades de pago otorgadas por las propietarias.
En concreto, Claudia Sbabo, de 64 años, declaró la semana pasada ante la Justicia que no recordaba los detalles de la operación inmobiliaria, ya que se encargó Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas, la otra mujer citada entonces.
Además de Feijoo, la jornada incluye el testimonio del encargado del edificio de Caballito para constatar el estado del departamento al momento de la transacción.
En paralelo, la Justicia ya trazó la hoja de ruta para las próximas semanas. El fiscal fijó para el 6 de mayo la declaración de Leandro Miano (vinculado a la otra propietaria), a quien se le exigió presentarse con su teléfono celular y comprobantes de gastos de la vivienda. Por último, la testimonial del contratista Matías Tabar, quien realizó reformas en una propiedad del funcionario en el country Indio Cuá, fue postergada para el 4 de mayo tras un pedido de la defensa.