Tensión y sospechas en el Jury por la designación de un alto funcionario judicial

La jueza de familia María Elizabeth Lizán enfrenta un proceso en el Jury de Enjuiciamiento que lleva más de seis meses entre traslados y contestaciones. Mañana se reunirán los 21 miembros para analizar las últimas respuestas de la defensa luego de que la magistrada fuera suspendida en setiembre. El juicio para analizar el mal desempeño de Lizán se hará el año próximo.

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Pero para la reunión de mañana también está previsto que también se trate un tema ajeno a Lizán que viene con polémica. Se trata de la designación del Secretario del Tribunal, dado que el cargo está vacante desde hace varios meses, pero ha funcionado con un interinato. Ante la designación, hay quienes se han puesto en alerta.

El caso de María Elizabeth Lizán vuelve a convocar a los miembros que conforman el Jury de Enjuiciamiento por una “posible comisión de hechos encuadrables en la causal de mal desempeño y desorden de conducta”.

La denuncia ingresó en mayo de este año y luego de algunos meses de formalidades, los 7 ministros de la Suprema Corte de Justicia, 7 diputados y/o diputadas además de 7 senadores y/o senadoras se reúnen mañana jueves a las 9.30 en el en el Salón de Acuerdos, cuarto piso del Palacio de Justicia.

Pero de acuerdo a la notificación que les ha llegado virtualmente, el primer punto a tratar es la designación de la persona a cargo de la Secretaría del Tribunal de Enjuiciamiento. Alejandra Carné, quien ocupaba ese cargo, se jubiló hace algunos meses.

Es cierto que el órgano, al menos hasta el 2021, tuvo casi nulo movimiento y las pocas tareas fueron resueltas por un funcionario que se desempeñó en calidad de interino. Pero ahora, ya sea el ala peronista de la Corte como legisladores de ese partido, denuncian que el presidente del alto tribunal, Dalmiro Garay, nombrará en el puesto a alguien enrolado en la tropa radical.

No hay nombres, pero desde la otra ala de Tribunales avisaron que “todos pueden proponer nombres, después se votará”, bajándole la espuma a un posible conflicto. Los cuestionamientos recaen por la modalidad en el nombramiento.

Una opción podría ser una designación como personal de gabinete, según está previsto en la Ley de Equiparados. Los planteos judiciales por los salarios sólo contemplan algunos artículos, quedando afuera el quinto.

“Establécese que la remuneración mensual de los cargos de mayor jerarquía de Superintendencia Administrativa dependiente de la Suprema Corte de Justicia, se determinarán aplicando las escalas porcentuales establecidas en el artículo 29 de la Ley N° 5.811, Anexo VI de la misma ley, teniendo en cuenta las responsabilidades que cada funcionario tenga en adecuación al anexo citado. Este personal de gabinete permanecerá en sus funciones mientras no sea removido por mayoría de la Suprema Corte de Justicia en pleno”, expresa el inciso 3 del artículo 5 de la normativa.

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Un ejemplo de estos nombramientos es el de Enzo Rizzo, Administrador General de la Corte. Su designación fue firmada por los siete miembros y su salario es similar al de un ministro de Casa de Gobierno, es decir 94% del salario del Gobernador de la provincia. Otra alternativa que sugieren algunos es abrir un concurso para el cargo, ya sea abierto o interno. Algo de luz sobre el reemplazo de Carné se echará mañana en el cónclave matutino.

Mario Adaro, ministro de la Corte, sostuvo a Los Andes que “ese cargo lo deberíamos haber cubierto hace tiempo. Un cargo que se pierde, motiva que improvisemos una designación”. El supremo también remarcó que hay un atraso en lo tecnológico. “Venimos atrasados con la transformación tecnológica del Jury. Uno de los lugares donde deberíamos haber hecho la prueba piloto, era el Jury”, indicó.

La tipología del órgano seduce una prueba piloto porque, por empezar no maneja grandes volúmenes de expedientes y además hay sólo 21 miembros a notificar. “Los traslados se siguen notificando en papel”, dicen en Tribunales.

La “votadora” que podría decidir

“Te pasan todo por la votadora y chau” es una de las frases que más se repite tanto en la Legislatura como en Tribunales sobre las mayorías radicales. El supremo filorradical José Valerio arremeterá sobre el término “automáticas”.

Las tendencias partidarias no son ajenas en estas conformaciones. Por el lado del máximo tribunal hay cuatro ministros en el ala radical (propuestos por gobernadores de la UCR) empezando por el presidente, Dalmiro Garay y siguiendo por Valerio, María Teresa Day y Pedro Llorente. Por el ala peronista están Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez.

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Representantes de la Legislatura completan la mesa. Por el lado de la Cámara de Diputados están José Orts, Cecilia Rodríguez, Marcos Reche, Jorge López y Gustavo Cairo (Cambia Mendoza); Marisa Garnica y Verónica Valverde (Frente de Todos). Mientras que por el Senado, se encuentran Marcelo Rubio, Natacha Eisenchlas, Alejandro Diumenjo y Mercedes Rus por el oficialismo; y los peronistas Lucas Ilardo, Mauricio Sat y Cecilia Juri.

En esa cuenta que varios tienen como automática, cuentan los cuatro votos de la Corte, más los cinco que podrían llegar desde disputadas y diputadas y los cuatro desde el Senado. Es decir: 13 a 8 en favor del radicalismo

Quiénes son los nombres que se postulen, de dónde vienen y qué afinidades políticas traen, además de cómo se decidirá la designación, es algo que empezará a saberse el jueves. Tampoco hay que descartar un acuerdo entre todos y todas.

El caso de Lizán tiene temas a tratar

Carolina Jacky y Carlos Lombardi asumieron la defensa de la magistrada y la contestación al pedido de investigación fueron dos denuncias de alto voltaje y ambas en la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados.

La primera de las denuncias es contra los tres funcionarios que blanquearon las supuestas conductas de Lizán. Es decir Benjamín Mezzatesta, Secretario de Gestión; María Florencia Fernández, Prosecretaria y Julieta Ferraro Pettignano, Prosecretaria Ad Hoc según consta en la presentación.

“Según los dichos de estos funcionarios judiciales la Dra. María Elizabeth Lizán les habría autorizado a firmar por ella, ya sea con el uso del token, o copiando su firma ológrafa. En los dos casos nos encontraríamos ante una falsificación de firma o una usurpación de título”, argumenta el texto de la contestación.

La otra denuncia recae sobre el presidente de la Corte (y también del Jury), Dalmiro Garay, la ministra María Teresa Day y su colega Julio Gómez. La intención de los defensores de Lizán es que los funcionarios se excusen por las denuncias en su contra. El argumento se sustenta en que “los funcionarios y/o magistrados que tomando conocimiento de esos hechos no cumplieron con su obligación de denunciar”.

Sobre estas dos causas aún no hay resoluciones. En lo que respecta al Jury de Enjuiciamiento, la a reunión será para analizar contestaciones de la defensa y luego se le trasladará al Ministerio Público Fiscal para la acusación. Luego se definirá la fecha de inicio del debate que será el año próximo.