Sí hay plata: el hermano de Adorni fue nombrado en el ministerio de Defensa con un sueldo de $ 2,6 millones

Mientras tanto el Ejecutivo le negó una jerarquización a 95 mil militares y ajusta gastos.

El vocero presidencial Manuel Adorni.
El vocero presidencial Manuel Adorni.

En el medio de un clima de tensión con las Fuerzas Armadas debido a que el Ejecutivo no quiere cumplir una promesa de jerarquización que realizó la anterior administración, Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial, acaba de ser nombrado como asesor del Ministerio de Defensa.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, es uno de los principales impulsores de la narrativa de “no hay plata”, el leit motiv de Javier Milei para el fuerte ajuste que está impactando en el poder adquisitivo de sueldos y jubilaciones, y en especial en las contrataciones en el Estado. Pese a eso, su hermano cobrará a partir de ahora la friolera de 2,6 millones de pesos por mes.

El propio vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que se trata de su hermano pero adujo que trabaja en el Estado desde hace décadas y que desde entonces viene ocupando cargos en distintas dependencias oficiales y que no tuvo nada que ver con su designación en el citado ministerio.

El destacamento militar que hizo cumbre en el Aconcagua recibió la visita del ministro Luis Petri. / Foto: Prensa
El destacamento militar que hizo cumbre en el Aconcagua recibió la visita del ministro Luis Petri. / Foto: Prensa

Como sea, su hermano Francisco desde este 1° de febrero pasa a desempeñarse como asesor de las conducción de Defensa, a cargo del radical Luis Petri.

Mientras tanto, el Gobierno confirmó que no pagará las dos cuotas previstas para febrero y marzo de la denominada “jerarquización salarial” de las Fuerzas Armadas con el argumento que esa erogación no fue prevista por el anterior Gobierno al que, además, acusó de haber propiciado esta medida con un tono “electoralista”.

En los hechos, se confirmó el adelanto informado a fines de diciembre por este diario cuando primaba la inquietud entre los uniformados porque no estaba confirmado el pago de este incentivo que busca avanzar en la demorada equiparación salarial con las fuerzas de seguridad, que vienen siendo muy aventajadas en sus ingresos respecto del personal militar.

La anterior gestión abonó las tres primeras cuotas del plan y restaban cancelarse las dos últimas, de un 10% de aumento cada una, que corren en forma independiente a un eventual incremento paritario.

De hecho, en los sueldos de enero sí se aplicará el ajuste del 16% acordado con los gremios estatales pero no ese plus oficializado en 2023 por una resolución firmada por los exministros Jorge Taiana (Defensa) y Sergio Massa (Economía). La primera cuota de la “jerarquización” se implementó en marzo pasado con un alza del 14%, luego con un segundo tramo que fue de un 14% y por último, un incremento del 12% otorgado durante noviembre.

“No se podrá proceder”

Ahora se conoció un comunicado del ministerio de Defensa que advierte que “no habiéndose previsto por la anterior administración la partida presupuestaria correspondiente para afrontar las cuotas para la jerarquización salarial de las Fuerzas Armadas, no se podrá proceder con el pago de las mismas”, en referencia a los ajustes previstos para los sueldos de enero y marzo.

El texto señala, además, que “es importante remarcar que, bajo una actitud netamente electoralista y de impericia financiera, la gestión anterior continuó prometiendo el pago restante de dicha jerarquización, a sabiendas que los informes que constan en la expediente, indicaban todo lo contrario. En este contexto, el actual gobierno recibió ministerios vaciados, un país endeudado y un Estado devastado y desprovisto de recursos”.

En el mismo sentido, considera que “este comportamiento irresponsable pone en evidencia, una vez más, cuál ha sido el criterio implementado para administrar los recursos del Estado” de la administración kirchnerista.

Taiana emitió este jueves un comunicado en el que argumentó que el proyecto de Presupuesto 2024 contemplaba las partidas para hacer frente a estas erogaciones pero la decisión del Ejecutivo de no aprobarlo y, en cambio, “de reconducir el de 2023 tuvo el objetivo de licuar los gastos” del Estado.

En las últimas semanas había mucha preocupación entre los uniformados por esta situación: esperaban poder acceder a estas sumas como forma de engrosar ingresos licuados por la alta inflación. El recorte, de hecho, pega en un un sector considerado “como un electorado propio” por el oficialismo. La Vice Victoria Villarruel, muy comprometida con las fuerzas, prefirió no opinar sobre la polémica.

Malestar en un cuerpo de 95.000 militares

En el oficialismo, no obstante, reconocen que esta decisión “genera malestar” entre un cuerpo conformado por casi 95.000 militares. Otro motivo de discordia son las versiones sobre un supuesto plan para privatizar la obra social IOSFA y algunas fuentes castrenses advierten sobre “gastos excesivos por desarraigo y movilidad” de las nuevas autoridades.

“Si bien desde el Ministerio de Defensa se considera justo y necesario equiparar el sueldo de las FFAA con el personal de las Fuerzas de Seguridad con el fin de reivindicar el trabajo de los hombres y mujeres que dedican su vida a defender la Patria, dicho plan de jerarquización debe ser realista, sincero y acorde a la situación económica del país”, añade el comunicado del ministerio e indica que “seguirá trabajando” para mejorar la situación económica del personal “y la familia militar”.

Según se pudo averiguar de fuentes castrenses, el ministro Luis Petri (Defensa) hace semanas intentó hacer gestiones ante el Palacio de Hacienda pero “la actual situación económica” impidió cumplir con el esquema previsto. El excandidato a vicepresidente, antes de dar a conocer la medida, comunicó a los jefes de las fuerzas la decisión de no abonar dicho incentivo.

En el oficialismo, no obstante, argumentan que hay una decisión de otorgar “un reconocimiento salarial” a los uniformados pero que todo dependerá “del devenir económico” del país. Lo que ocurre es que el Gobierno está inmerso en un ajuste del gasto que le permita reducir el déficit fiscal para intentar bajar la inflación y, al mismo tiempo, cumplir con los compromisos refrendados con el FMI.

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