El Gobierno de Mendoza rubricó acuerdos con cámaras empresarias y turísticas del territorio provincial para sumar cámaras privadas al Sistema de Videovigilancia provincial.
Los convenios fueron publicados este viernes en el Boletín Oficial y buscarán mejorar la seguridad en Mendoza con el trabajo coordinado de la Policía.
El Gobierno de Mendoza rubricó acuerdos con cámaras empresarias y turísticas del territorio provincial para sumar cámaras privadas al Sistema de Videovigilancia provincial.
En total son siete convenios los que aparecieron oficializados este viernes en diversos decretos del ministerio de Seguridad, que fueron suscritos entre agosto y octubre del año pasado entre la ministra Mercedes Rus y a los representantes de cada entidad.
Las mismas son la Asociación Turística Cañón del Atuel, la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, la Específica de Turismo de esa misma cámara, Palmares, la Cámara Empresaria de Comercio, Industria, Turismo y Servicios (Cecitys), la Cámara de Turismo de San Rafael y el Sector Bodeguero de la Cámara de Comercio de San Rafael.
La medida permitirá que las cámaras de vigilancia instaladas en comercios, emprendimientos turísticos y centros comerciales, se vinculen al sistema 911 y sean monitoreadas en tiempo real desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO).
Todas estas entidades decidieron sumar sus recursos tecnológicos al sistema provincial de videovigilancia, en una estrategia que, según marcó Seguridad, "busca fortalecer la seguridad en puntos estratégicos vinculados principalmente al comercio y la actividad turística".
Los convenios se enmarcan en la Ley Provincial 9562, que regula la integración de dispositivos de videovigilancia privados al sistema de seguridad pública. La norma había sido aprobada por la Legislatura en julio del 2024.
El sistema de videovigilancia, que ya cuenta con aproximadamente 2.700 cámaras distribuidas estratégicamente en todo el territorio -tal como informó diario Los Andes en la edición del 16 de febrero-, será actualizado para incluir nuevas tecnologías, como el reconocimiento automático de patentes y también de reconocimiento facial de prófugos.
También contempla la interoperabilidad de los sistemas municipales, requiriendo que informen a la autoridad competente sobre la colocación de videocámaras y aseguren su compatibilidad con los protocolos recomendados.
Además de los siete acuerdos mencionados, el Gobierno también firmó en el transcurso del año pasado otros convenios.
El primero fue con la Asociación de Empresarios de Rodríguez Peña (Aderpe) con el fin de incorporar cámaras privadas al sistema de videovigilancia provincial. “Estas son las primeras cámaras incluidas formalmente a través de un acuerdo y en el marco de una ley”, dijo Rus.
“La relación público-privada, cuando realmente se fortalece y se cuenta con instrumentos favorables, como es el caso de la integración entre nuestros centros de trabajo en el ministerio y las cámaras privadas, resulta muy positiva en nuestra lucha por mejorar la seguridad”, agregó.
En tanto, Leandro Biskupovich, subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, destacó que se busca "integrar las cámaras privadas al sistema de monitoreo provincial. La sanción de la ley y el proyecto de reingeniería del sistema de videovigilancia han sido fundamentales para hacer posible esta integración”.
Otro de ellos fue con empresas bodegueras, alineadas en Bodegas de Argentina. Dicho acuerdo se focalizó, entre otros, en la integración de las cámaras de seguridad privadas de las bodegas al sistema de vigilancia con el que cuenta el ministerio.
Pero también se abordaron aspectos fundamentales que promueven la seguridad tanto de los turistas que visitan las bodegas como de los servicios que ofrecen. La Ministra destacó que “se trata de un acuerdo de colaboración recíproca, donde se prioriza la asistencia de la Policía Turística y la capacitación que puede brindar no solo a los empleados que prestan servicios en materia de reglas y conductas que hagan a la prevención, sino también a la seguridad de los turistas que se alojan en dichas instituciones”.
“Esta medida contribuirá significativamente a la prevención del delito y a la disuasión de conductas ilícitas en las áreas circundantes a las bodegas, dándole un enfoque integral que refuerza no solo el sector turístico sino también la seguridad pública en general”, enfatizó Rus.