El exviceministro de Justicia Sebastián Amerio será designado como nuevo procurador del Tesoro, en reemplazo de Santiago Castro Videla. Así lo confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.
La nueva conducción del Ministerio de Justicia comenzó a reordenar el área con cambios en la Procuración del Tesoro y pedidos de renuncia de la cúpula.
El exviceministro de Justicia Sebastián Amerio será designado como nuevo procurador del Tesoro, en reemplazo de Santiago Castro Videla. Así lo confirmaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas.
La decisión forma parte de los primeros movimientos impulsados por el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien también solicitó la renuncia de varios funcionarios que ocupaban cargos clave dentro de organismos vinculados a la cartera.
Entre los pedidos de renuncia se encuentran el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, así como las autoridades de distintos organismos vinculados al ministerio.
También se solicitó la dimisión de Ana Belén Mármora, al frente del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH); de Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción; de Juan Cruz Montero, responsable de la Oficina de Bienes Recuperados, y de Ernesto Gaspari, al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF).
“Llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos”, afirmó Mahiques en declaraciones televisivas, al referirse a la reorganización de la estructura del ministerio. El funcionario también sostuvo la necesidad de contar con “fiscales y jueces capacitados” para fortalecer el funcionamiento del sistema judicial.
Según indicaron fuentes oficiales, el objetivo de la nueva conducción del Ministerio de Justicia es reordenar la estructura del área y avanzar con funcionarios propios en los organismos bajo su órbita. En paralelo, el Gobierno volvió a insistir con la necesidad de cubrir más de 300 vacantes en el Poder Judicial.
Sin embargo, en la Casa Rosada consideran prioritario consolidar una mayoría en el Senado que permita avanzar con las designaciones sin riesgo de bloqueos políticos. En el caso de los jueces federales, cuya designación requiere mayoría absoluta en la Cámara alta (37 votos), en el oficialismo creen que el proceso podría avanzar con mayor rapidez una vez asegurado el respaldo parlamentario necesario.