El proceso de Jury de Enjuiciamiento se había trabado en la designación de un defensor público oficial para el magistrado.
El Jury de Enjuiciamiento tomó una decisión respecto del juez Sebastián Sarmiento. Foto: Poder Judicial.
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Después de tres meses, el proceso de Jury de Enjuiciamiento que afronta el juez penal Sebastián Sarmiento se destrabó con la presentación de su demorado descargo y ahora los integrantes del órgano de control deberán reunirse para votar sí atraviesa o no un juicio político por mal desempeño.
El juez penal fue denunciado por el diputado provincial Franco Ambrosini (UCR), en calidad de representante legal de la familia Pelayes, el policía retirado que fue asesinado en 2024 por un ex convicto que salió en libertad de forma anticipada por decisión del magistrado. Se lo acusa de mal desempeño de sus funciones en cinco hechos.
Se activará un proceso de Jury de Enjuiciamiento para el juez Sebastián Sarmiento.
El 31 de julio, el Jury de Enjuiciamiento resolvió darle curso a la denuncia contra Sarmiento con el voto de 16 integrantes a favor y 5 en contra. Recordemos que este cuerpo está conformado por los siete integrantes de la Suprema Corte de Justicia, siete senadores y siete diputados provinciales.
Además del voto afirmativo de 9 legisladores de Cambia Mendoza, dos del PJ y dos de La Unión Mendocina, tres jueces del "ala filoradical" de la Corte acompañaron: el presidente Dalmiro Garay, María Teresa Day y Norma Llatser.
Mientras que rechazaron: el juez coordinador del fuero Penal, José Valerio, y los supremos "filoperonistas" Julio Gómez, Omar Palermo y Mario Adaro. El único legislador que votó por el archivo de la denuncia fue el senador kirchnerista Helio Perviú.
El juez penal fue notificado formalmente de su denuncia en contra recién el 11 de agosto y sorpresivamente decidió solicitarle al Ministerio Público de la Defensa que se le otorgue un defensor público como representante legal, en lugar de contratar un abogado particular, para asumir su defensa en el proceso.
Esto devino en una serie de idas y vueltas, que demoraron el avance del proceso. Primero la Defensora General Cecilia Saint-André resolvió designar como su abogado a Jorge Martín Luque, Defensor Oficial de General Alvear (Segundo Distrito), pero Sarmiento lo rechazó por no pertenecer a la Primera Circunscripción Judicial, basándose en la Ley 4970 que establece que la defensa debe pertenecer a la circunscripción donde funciona el Jury.
Entonces, el 29 de agosto Saint-André designó a la defensora pública Cecilia Pedrazzoli, pero ella se inhibió de asumir la defensa por “conflicto de intereses”, debido a que su pareja es magistrado y participó en una de las causas que se incluyen en este proceso.
Finalmente, la titular del MPD designó el 11 de septiembre a la defensora Silvina González Gonella, hija del ex Procurador de la Suprema Corte Rodolfo González, y ella aceptó el cargo.
Este lunes, cumplido el plazo máximo de Sarmiento para presentar su descargo ante la denuncia, lo elevó al Jury.
“Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, el Jury de Enjuiciamiento, dentro de los 15 días a contar de esa fecha, decidirá por votación nominal y por mayoría de votos de la totalidad de los miembros, si procede la continuación del juicio o si debe desestimarse la acusación”, dice la ley del Jury.
Es decir, ahora el presidente del Jury, Dalmiro Garay, deberá convocar a una nueva reunión para definir el futuro de Sarmiento.
En el caso de que el Jury decida avanzar, Sarmiento quedará suspendido de sus funciones y cobrará la mitad de su sueldo, hasta que culmine el juicio político. El Procurador de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Gullé, llevará adelante la parte acusatoria.
La denuncia en el Jury contra Sarmiento había sido realizada por el diputado Franco Ambrosini (UCR) junto a Melisa Pelayes, hija del policía retirado que fue asesinado en 2024 por un sujeto que salió de la cárcel de forma anticipada por decisión del magistrado.
Si bien el caso Pelayes es el más fuerte en el último tiempo por su desenlace trágico, la presentación acumula más fallos polémicos del juez cuestionado como "garantista".
Incluso se incorporó el conflicto que tuvo el magistrado por oponerse al retiro de celulares de las cárceles y atribuirse competencias del Servicio Penitenciario en el proceso, explicó el diputado Ambrosini cuando presentó la denuncia.