El oficialismo busca sesionar este mismo jueves para que la ley rija en marzo, pero la oposición dialoguista exige cambios.
Se complica la negociación por la Reforma Laboral: aliados al Gobierno piden cambios para las licencias por enfermedad.
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NA Tras la media sanción en el Senado, la reforma laboral entra en una etapa de definiciones en la Cámara de Diputados. Aunque el plan original era tratarla el 25 de febrero, el oficialismo decidió apretar el acelerador: convocará a un plenario de comisiones para este miércoles con la intención de llevar el proyecto al recinto el próximo jueves.
Sin embargo, el clima en el Congreso está tenso. A pesar del apoyo general de los bloques dialoguistas, una serie de modificaciones introducidas a último momento en la Cámara Alta despertaron alertas en el PRO, la UCR y Provincias Unidas, quienes amenazan con forzar cambios que devolverían el proyecto al Senado.
Según informó Clarín, el punto más crítico es la modificación del artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. El texto aprobado establece que el empleador deberá pagarle el 75% del sueldo al empleado que tome una licencia por enfermedad o accidente. Pero ese porcentaje se reducirá bruscamente al 50% si la licencia se origina en una actividad voluntaria que no está relacionada con su trabajo.
Desde el PRO y la UCR (bloque presidido por Pamela Verasay) consideran que este cambio es "ruidoso" y reduce peligrosamente los "niveles de protección". Por su parte, el oficialismo defiende la medida como "necesaria" para evitar abusos y sugiere que "algunas situaciones especiales" podrían aclararse mediante la reglamentación, sin tocar la ley.
El tema licencias no es el único tema en discusión. Hay otros dos ejes generan rispideces. El bloque de Provincias Unidas, liderado por Gisela Scaglia, cuestiona la falta de claridad en la administración del Fondo de Asistencia Labroal (FAL) destinado a financiar indemnizaciones.
Según lo aprobado en el Senado el 3 % que aporta la ANSES será otorgado un 2,5 % a las pymes y 1 % a las grandes empresas. Esos porcentajes pueden ser aumentados a 3% para las pymes y hasta 1,5% para las grandes.
Además el macrismo, encabezado por Cristian Ritondo, pide eliminar el artículo que habilita el pago de sueldos mediante aplicaciones financieras. "No estamos para defender a los bancos ni para que el Estado le imponga al trabajador cómo cobrar su salario", sentenciaron.
El peronismo y sectores dialoguistas advierten sobre la ambigüedad del texto respecto a si la ley será retroactiva. La redacción actual establece que entrará en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial, lo que deja abierta la puerta a que el nuevo esquema indemnizatorio se aplique a despidos de contratos celebrados previamente.
La oposición señala que esto desataría una "ola de juicios" por la afectación de derechos adquiridos, lo que terminaría judicializando la reforma apenas sea sancionada.
Pese a las quejas, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, resiste las presiones y avisó que no aceptará modificaciones. Su estrategia es un trámite exprés para que el presidente Javier Milei pueda inaugurar las sesiones ordinarias el 1 de marzo con la ley ya vigente.
Si la oposición logra imponer cambios este jueves, el proyecto deberá regresar al Senado, lo que retrasaría los planes de la Casa Rosada.